Este 24 de marzo, otra vez, desde el gobierno pondrán énfasis en la cifra de las 30 mil personas detenidas-desaparecidas. Como si un número apabulle la atrocidad de esos años. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en aquel entonces presentó el denominado “Informe Sábato”. Allí presentaba la cifra provisional de 8.960 desapariciones forzosas durante la dictadura. Luego, documentos desclasificados en EE.UU. revelaron que los militares reconocían 22 mil desaparecidos desde 1975 hasta 1978, cuando todavía restaban varios años de dictadura. La cifra se elevó a 30.400 cuando desde las diversidades sexuales informaron que al menos 400 personas vinculadas a estas minorías habían caído en las garras de la dictadura. Lo mismo sucedió con los pueblos originarios: referentes indígenas hicieron mención de cientos de anécdotas sobre la muerte en épocas de dictadura en sus territorios. Por ANRed.


A días del 24 de marzo, Día de la memoria por la verdad y la justiciael presidente Javier Milei tuvo que salir a contestar los rumores sobre que el gobierno anunciaría la liberación de militares genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad: “Es una gran mentira”, dijo en su cuenta de la red social «X».

Mientras, el gobierno va decidido y ya habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario tras la crisis de violencia que padece la ciudad. Aunque el diputado y periodista Carlos Del Frade explicó en esta nota que el narcotráfico en la ciudad se inició a gran escala en un acuerdo entre las dictaduras de aquel entonces de Bolivia y Argentina.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en una reciente entrevista con Jonatan Viale se diferenció sobre la intervención de las FFAA en Rosario y sobre los rumores de beneficios a los genocidas aclaró: «a mí no me consta que se esté analizando un indulto. La solución de la cuestión a los que estén detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni la amnistía: la solución es jurídica«. También minimizó el grave ataque político a la militante de HIJXS: “en todo momento estuvieron durante varios años hablando sobre Santiago Maldonado y Julio López y estaban ellos en el poder. Nunca llegaron a la verdad. O cuando se supo, como la verdad de Santiago Maldonado, no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda”.

Pero lo que sí esta conformado es que desde la Casa Rosada emitirán un video contando la versión oficial de «la historia oficial» de este gobiernoLo que se espera como una provocación a los organismos de Derechos Humanos. El spot habría sido filmado en el Salón Blanco de Balcarce 50, y tendría una perspectiva documentalista en donde hablarían el exmontonero Luis Labraña, el jefe de la SIDE en el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, y María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola.

A la par, se espera que los sectores afines del gobierno vuelvan con la retórica de negar los crímenes de la última dictadura o, en su versión diluida, equipararla a la violencia de las organizaciones políticas, volviendo a la “Teoría de los dos demonios”. Este 24 de marzo, otra vez, desde el gobierno podrán énfasis en la cifra de los 30 mil desaparecidos. Como si un numero apabulle la atrocidad de esos años.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en aquel entonces presentó el denominado “Informe Sábato”, allí presentaba la cifra provisional de 8.960 desaparecidos forzosos durante la dictadura. Luego, documentos desclasificados en EE.UU. revelaron que los militares reconocían 22 mil desaparecidos desde 1975 hasta 1978, cuando todavía restaban varios años de dictadura. La cifra se elevó a 30.400 cuando desde las diversidades sexuales informaron que al menos 400 personas vinculadas a estas minorías habían caído en las garras de la dictaduraLo mismo sucedió con los pueblos originarios: referentes indígenas hicieron mención de cientos de anécdotas sobre la muerte en épocas de dictadura en los territorios. La referente mapuche Moira Millán se encargó de explicar lo difícil que fue la denuncia a la justicia en ese momento para las y los indígenas, que también padecieron la dictadura.

Siempre es bueno volver sobre la explicación del escritor Martín Kohan cuando debatió ante el entonces ministro de Cultura porteño, Darío Loperfido, en el programa de María O´Donnel en La Nación+. Lopérfido había opinado que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que “se arregló ese número en una mesa cerrada para conseguir subsidios”.

Relativizar el horror de la última dictadura. Cuestionar el uso sistemático del crimen de lesa humanidad. Reducir la discusión a la cifra de 30 mil desaparecidos. Ya en el gobierno de Mauricio Macri se comenzó a instalar en redes sociales la cifra de 6 mil desaparecidos. Más allá del reconocimiento de la propia dictadura, que hasta 1978 ya admitía que llevaba desaparecidas a 22 mil personas, hay una razón más de fondo por la cual aquella estimación inicial de 30.000 continúa siendo la correcta. En la misma línea, en un programa que se emite por Radio Nacional, Kohan explicó las razones por las cuales permanece por el momento inamovible. Tan buena fue su exposición, que la conductora confesó: «Es la primera vez que lo entiendo».

También en el programa de Romina Manguel, «Va de vuelta», Kohan había expresado: “la discusión no es entre 8000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados. (…) Entonces, la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8000 casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Como si contáramos con toda la información. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura que es ‘¿te enteraste de 8000?’, ¿pudiste probar 8000?, entonces hay 8000’. No, pude probar 8000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias. Se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados, porque mucha gente no se anima a hacer la denuncia por miedo. Todavía hay razones para temer. Julio López fue desaparecido en plena democracia, con una democracia relativamente consolidada”.

“Entonces, existe la necesidad histórica y política de estimar una cifra, de correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es el Estado – agregó en aquél momento, Kohan – El Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar. La dictadura nunca reveló sus archivos. A esa clandestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares buscando en muchos casos hasta hoy, al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros, porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde ni en manos de quién están, al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000, que es, justamente, la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos, y no la tenemos por el carácter criminal y clandestino de la dictadura. El que ajusta de 30.000 a 8000, o la sola apertura de esa discusión, en estos términos, incurre a mi criterio en una canallada”, sentenciaba en aquel momento el escritor.

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