Este lunes 13 de mayo por la tarde, frente al Congreso, organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa tras los allanamientos que sufrieron por la madrugada en comedores populares y domicilios particulares de integrantes de las organizaciones sociales del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y el Movimiento Evita. El hecho ocurrió en el marco de una causa que investiga presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras. El operativo fue desmedido y con irregularidades. Las organizaciones expresaron que estos allanamientos no son más que amedrentamientos y persecución al movimiento piquetero en medio de un contexto de profundización del ajuste, el desempleo, la represión y el inminente tratamiento de la Ley de Bases en el Senado. “Para nosotros, lo de hoy se inscribe en una política de ataque sistemático a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este gobierno no vino a ajustar a la casta política y a los empresarios, sino a empobrecer al 80 por ciento de la población”, remarcaron. Asimismo, ratificaron una unidad de acción cuando el Congreso debata la Ley. Por ANRed.


Este lunes 13 de mayo por la madrugada la justicia federal ordenó 27 allanamientos a comedores populares y domicilios particulares de integrantes de movimientos sociales. Fueron realizados por la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a raíz de una denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Los allanamientos fueron ordenados por la Sala 1° de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. La causa es por presuntas extorsiones por parte de las organizaciones a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras, basada en denuncias a la línea 134.

En la conferencia de prensa frente al Congreso, los movimientos sociales, junto a organizaciones políticas, de derechos humanos y abogados, dieron a conocer detalles de estos procedimientos y denunciaron que se trata de una persecución política: «los allanamientos son porque estamos luchando contra el hambre, contra los narcos, para que nuestros compañeros tengan trabajo. No porque ninguno de los de acá se beneficie con nada. Somos los que ponemos el cuerpo donde no está el Estado, la política y donde no hay nadie. No tenemos nada que ocultar. Muchos de los que estamos acá tenemos más de tres trabajos para poder sobrevivir”, expresó Carlos Fernández del FOL, uno de los allanados de manera violenta e irregular.

Allanamientos contra dirigentes piqueteros: «fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados»

Desde la UTEP, Alejandro Gramajo, comentó: “es importante estar en esta conferencia de prensa expresando nuestra solidaridad con cada uno de los compañeros y compañeras que durante todo el día sufrieron allanamientos. Compañeros y compañeras de los cuales no nos cabe la menor duda, que son honestos, sacrificados y que todos los días de su vida deciden meterse en los barrios más humildes a tratar de construir algo distinto, más justo. Lo hacemos en función de que nos duele el dolor ajeno. No soportamos la injusticia y tratamos a través de los movimientos populares, de las organizaciones comunitarias, desde el club del barrio, desde el centro de fomento, en la más amplia articulación en cada barrio, tratar de resolver problemas concretos que muchas veces el Estado y la dirigencia política no ve, no entiende, no sabe o no quiere resolver”.

En la misma línea, señaló: “no nos cabe duda que lo que ha pasado hoy se inscribe en una política del gobierno de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este gobierno no vino a ajustar a la casta política, ni a los empresarios prebendarios, sino que efectivamente vino a empobrecer al 80% de la población argentina. Por eso, cada vez que hacemos una jornada de lucha hay una respuesta por parte del gobierno, pero con esto han corrido los límites. Es importante que toda la prensa pueda hacer visible que lo que se está tratando de hacer es romper la organización popular, generar terror, porque efectivamente saben que este modelo económico de hambre, de saqueo, de empobrecimiento, sólo cierra con represión y con persecución a todos aquellos que estamos decididos a pelear hasta el final por impedir que este gobierno efectivamente empobrezca la mayoría”.

A su turno, desde la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, destacó la rápida acción en unidad de los movimientos sociales y agregó: “acá en el Congreso en este momento se está realizando un debate alrededor de la Ley de Bases y el nuevo paquete fiscal, que son las dos medidas que el gobierno ha presentado como proyectos de ley para complementar la implementación del Decreto 70/23. Porque en síntesis lo que buscan es la suma del poder público para gobernar por decreto durante cuatro años y modificar la Constitución Nacional, arrasar con la democracia y para eso el complemento fundamental es la utilización de un sistema judicial que hace tiempo ya en la Argentina está al servicio de los ricos, de las empresas multinacionales y de quienes se llevan cotidianamente las riquezas del país y han sido capaces de inventar este flagelo del hambre y la pobreza en un país rico como el nuestro. Es indispensable que estos debates sobre el destino del país no se den solamente en instancias institucionales como puede llegar a ser el Congreso porque podemos llegar a repetir situaciones vergonzosas como las que se vienen sucediendo en la Cámara de Diputados donde no solamente no se quiere tratar el decreto de necesidad y urgencia con la obligatoriedad que tendrían de derogarlo por inconstitucional sino que algunos pretenden que así como se aprobó en Diputados esta Ley Bases, también se apruebe en la Cámara de Senadores cosa que las trabajadoras y los trabajadores no debemos permitir y por eso el estado de movilización debe ser antes y durante el tratamiento de este proyecto de ley aquí frente al Congreso”.

Foto: Antonio Becerra (ANRed).

Por su parte, Santiago, miembro del Frente Barrial de la CTA, sumó: “estas persecuciones se encuadran dentro de lo que consideramos que es otro ataque brutal a los trabajadores, pero sobre todo a los sectores más vulnerables. Porque el ataque a las organizaciones sociales es eso, un ataque a los sectores más vulnerables que se suma a una larga lista, dentro de las cuales podemos nombrar: la falta de entrega de alimentos a los comedores y merenderos, el estancamiento, congelamiento del Potenciar Trabajo, del Volver al Trabajo ahora en 78 mil pesos, la paralización de las obras en los barrios populares (un elemento fundamental para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener un barrio más digno e ingreso mejor”.

Foto: Antonio Becerra (ANRed).

Irregularidades de los allanamientos

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, denunció las irregularidades de los allanamientos: “quisieron hacerlo en absoluta clandestinidad”, afirmó. Y detalló: “con esta serie de allanamientos se violaron los derechos más elementales de las personas que estaban en su casa, en su domicilio. En algunos casos como el de Charlie, dirigente del FOL, fue durante la noche, a la madrugada, cuando todavía no había salido el sol. Es violatorio de las convenciones y de las leyes vigentes. También se allanó el local central del Polo Obrero y lo primero que hizo la policía fue apagar las cámaras que graban por seguridad del lugar”.

El dirigente enmarcó, además, estos hechos dentro de una ofensiva del gobierno hacia los movimientos sociales: “se expresa en la represión que hemos sufrido en la 9 de julio, golpes que hubo con una compañera herida y hospitalizada el día que fuimos a la casa de Olivos. Se trata de una persecución política que el gobierno empieza a implementar desde su propio inicio. Una política además de sacar la comida y los programas sociales que se derrumbaron brutalmente por la inflación. Claramente estamos frente a un gobierno que quiere destruir la organización popular”.

En tanto, la abogada Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), calificó a la causa como “mamarracho jurídico”. Y afirmó: “el Estado Nacional utiliza dos herramientas que siempre tiene el tinte de la persecución judicial. Lo hacen afectando las libertades democráticas cuando golpean y  llevan detenidos a compañeros y cuando pretenden instaurar leyes que quitan los derechos. Por eso están tan entusiasmados con la ley de “reiterancia”, por ejemplo. Por eso también blanquean los capitales, pero van a allanar a los barrios populares. Nadie allana Puerto Madero, nadie allana NorDelta”.

Y cuestionó: “van a buscar fortunas en personas que no tienen para comer. Entonces, esto es un nuevo avance en ese sentido. Afectan el derecho de defensa. ¿Cómo es posible que los voceros oficiales de Estado como Tremut y Majul tengan los expedientes antes que los abogados y los compañeros y compañeras que son perseguidas? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos el acceso, que nos persigan de la manera que nos persiguen y ellos difunden chats que vaya a saber uno de qué son? Es tan claro que esto es así que tuvo el fiscal Pollicita que apelar a la Cámara. Porque el juez actuante en autos dijo, miren, estamos flojos de papeles. Acá no hay mucho, no hay que hacer allanamiento, hay que sacar las escuchas, hay que sacar el secreto bancario, hay que establecer todo esto. Y sin embargo, una Cámara adicta, como estábamos acostumbrados, a quien está en el poder, dio vuelta a esa situación”.

“Los allanamientos, fueron violentos, de malos modos, ilegales, arbitrarios y duraron horas. Era noche cerrada. Los allanamientos en las noches están prohibidos. No importa nada”, cerró la abogada.

Sobre bajas y extorsiones

Sobre el final, se abrieron las preguntas. Consultados sobre la causa de supuestas extorsiones de las cuales se acusa a los dirigentes, «Charly», del FOL, afirmó que las abogadas están pidiendo que se levante el secreto de sumario: “lo que sabemos hasta ahora es lo mismo que viene planteando el gobierno en todos sus niveles, que es la criminalización de la organización popular”, expresó.

Aclaró, además: una de las modificaciones de las resoluciones del Potenciar Trabajo plantea que la persona que cobre un programa no puede movilizar. Hay algo más clientelar, más extorsivo, que una persona con vulnerabilidad de derechos se le prohíba una libertad democrática. El argumento central de lo que plantean en la carátula, es que lo que está prohibido es organizarse. No hay forma de que puedan demostrar lo que están planteando, porque lo que no entienden es que la gente se organice de forma voluntaria por sus necesidades. Y los compañeros cobran en cuentas individuales toda la vida, que retiran en un banco. Díganme cómo se hacen entonces los supuestos planes que tenemos acá para sacar la plata de la gente. Es mentira. Es una campaña de infamación, de sacar las fotos nuestras, de sacar las fotos de los compañeros, de mostrar las casas humildes donde viven nuestros compañeros. Y todos los medios masivos que trabajan con el gobierno se quedan con esa imagen”.

Sobre las bajas de los programas bajo supuestas extorsiones, también Eduardo Belliboni sumó: “es mentira por dos razones. Una porque no ocurre y otra porque sólo el Estado puede dar de baja programas sociales, que es lo que hace todo el tiempo. Y es también el que quita los alimentos, el servidor no tiene capacidad para darlo, es el Estado, no los dirigentes que no tenemos ninguna capacidad de hacerlo. Y hay todo el tiempo, no sólo en este gobierno, auditorías. Si fueron a hacer allanamiento en comedores o en locales, que busquen los remitos de las rendiciones que le hemos hecho a todos los gobiernos. Pettovello dice que no se rinde. Muy bien, que vayan presos primero todos los gobiernos anteriores, porque quiere decir que no le rendimos nada y es mentira. Le rendimos a todos los gobiernos. Le rendimos los alimentos que se entregan a granel, no plata. A granel se entrega. Y el listado es nominal, persona por persona”.

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