El desfinanciamiento a la educación superior golpea en todo el país y se siente especialmente en las aulas del Conurbano. Experiencias en primera persona.

Por Carolina Stegman

Pretender que las universidades nacionales funcionen con un presupuesto con más de un año de atraso y en un país que, según datos del Indec, de enero de 2023 a enero de 2024 tuvo un 254% de inflación, no puede más que conducir al abismo. Más aún cuando quienes buscan acceder a la formación superior provienen de la clase trabajadora, en territorios donde el día a día es complejo. Afortunadamente, desde hace décadas florecieron casas de estudio en todo el país, no hay provincia que no tenga una, y las del Conurbano son una parte fundamental. Cómo afecta la crisis a los y las estudiantes, qué implica el desfinanciamiento y cuáles son las formas de movilización, en el relato de sus protagonistas.

Marcelo Almaraz (21) estudia Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), tiene problemas de movilidad, pero no le impiden avanzar en su objetivo de ser docente. «Económicamente se me hacía difícil pagar una universidad, mi familia es clase trabajadora, además tengo una hermana que también estudia. Elegí estudiar en la UNLZ porque está próxima a mi domicilio, esto fue una ventaja por mi condición física, y además tenía la carrera que buscaba. Mis compañeros también son hijos de trabajadores la mayoría, primera generación, como yo; la universidad te da herramientas, no solo para recibirte, también pensás en ayudar a tu familia, ser el orgullo de ellos», sostiene.
Marcelo advierte, además, que «hay chicos y chicas que votaron este Gobierno y que están decepcionados, porque no pensaban que iba a pasar esto, aunque (Milei) lo venía diciendo». Aquí entra a jugar, quizás, lo que para algunos resulta una contradicción: ser estudiante de una universidad pública y haber votado a la actual gestión, que la aborrece.

Para Pablo Vommaro, historiador, profesor de la UBA, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet y Clacso, esta «es una tensión que está latente». «Tal vez puede faltar tiempo para que se resuelva, pero también experiencia, es decir, no solo faltan más meses, sino que la intensidad de esos meses va a ser decisiva en cómo se dirima esta tensión, que aún no es una contradicción abierta. También es cierto, y esto hay que reconocerlo, lo veo porque doy clases desde 2006, no solo en la UBA sino en muchas universidades en la provincia de Buenos Aires y también del Interior, que asistimos a un proceso de creciente precarización y deterioro de la universidad pública: edilicio, salarios docentes, de las condiciones de cursada, de la cuestión burocrática-administrativa; a la noche hay clases que tienen que terminar antes porque los alumnos no tienen transporte para volver a su casa. Entonces, para muchos jóvenes, esta precarización la ven como continuidad de lo que venía, no como quiebre», analiza.

Roxana Costa (50) es mamá de un adolescente, trabaja por su cuenta vendiendo productos de limpieza y es estudiante avanzada de la Tecnicatura en Minoridad y Familia, también en la UNLZ. Terminó sus estudios secundarios de grande y se dio cuenta de que quería seguir estudiando. Vive en Lavallol y la cercanía con la UNLZ le dio el empujón final. «Si no hubiera estado esta universidad no habría podido estudiar, todo me queda lejos, no iba a poder afrontar los gastos de viáticos tampoco, ni estar tantas horas afuera, porque tengo un hijo. Hoy me siento en la facultad y no lo puedo creer, me emociona contarlo, me enorgullece, pero también me amarga la crisis económica. Hay compañeros que votaron a este Gobierno y que se quedan callados, no dicen nada; muchos no vamos a poder seguir, por los costos de viáticos y del material de estudio, por priorizar a nuestros hijos, no sabemos qué va a pasar en un par de meses», asegura. 

Obras paralizadas
Casi a ritmo de sainete, antes de la gran marcha del 23 de abril, el Gobierno anunció un acuerdo con las universidades que rápidamente fue desmentido por el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN. Así lo explica Arnaldo Medina, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, situada en Florencio Varela, que cuenta con 30.000 estudiantes: «Este Gobierno anunció algo que no está oficializado, esto de que va a haber un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de abril para mayo. La realidad es que tenemos congelados los fondos que nos envían para funcionar, con cálculos que corresponden a septiembre de 2022, además. Con un aumento insuficiente del 70% que nos dieron este mes de abril correspondiente al mes de marzo, que aún no hemos recibido, es complejo. Ahora, este es un aspecto, que implica menos vigilancia para la universidad, menos limpieza, dificultades para pagar las tarifas, solo por poner un ejemplo: en abril de 2023 recibimos una factura de luz de 1.500.000 pesos y este año de 12 millones, es el 790% de aumento», asegura Medina.  
Por otro lado, sostiene el rector de la UNAJ, el desfinanciamiento también significa dejar de crecer. «En nuestro caso paramos seis obras, algunas en curso, en otras existían convenios para terminar, otras ya estaban adjudicadas. Son laboratorios, aulas, colegio secundario, un centro de cuidados infantiles para los estudiantes. En un entorno como el nuestro, con muchas necesidades socioeconómicas, donde el 45% de los estudiantes son trabajadores y primera generación de universitarios, los apoyos del Estado son muy importantes, en este caso las becas Progresar o las Manuel Belgrano, y si bien se anunciaron recientemente, sabemos que hay dificultades para acceder a las mismas, además quedaron congeladas», indica.

La Matanza. Las universidades cuentan con un presupuesto retrasado con un 254% de inflación anual.

Foto: Alejandro Rodríguez

Agustina Chávez (23) vive en La Matanza, es estudiante de Ciencias de la Educación también en la UNLZ y si bien averiguó por su carrera en una universidad en Morón, al ser privada le fue imposible costearla. Es hija de una mamá de dos, que terminó la secundaria con el Plan Fines, y sabe que además del orgullo, ir a la facultad en un contexto de crisis es un esfuerzo diario. «Lo sufro mucho con el aumento del transporte público, tomo dos colectivos para llegar y otros dos para volver; se hace difícil cargar la sube, comprar el material bibliográfico, por suerte la mayoría de las cátedras lo tienen de forma digital, si no es imposible; también ayudan las donaciones en el centro de estudiantes, de otro modo no podría», describe.

Para Ángel Fernández (24), estudiante de Relaciones Laborales, y uno de los secretarios del Frente Estudiantil Popular, FEP, agrupación que ocupa actualmente la presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, «el desfinanciamiento de las universidades empezó hace rato».
«Los universitarios acceden a la educación superior si pueden pagar el boleto, si tienen apuntes baratos, costearse la comida, algo para calentarse en invierno. Hoy las familias del Conurbano tienen que decidir si acompañan o no la educación superior, que es un derecho, pero con unir fuerzas entre las universidades del Conurbano: clases públicas, debates entre estudiantes, docentes, no docentes, sindicatos, todos son la clave para torcer esta realidad», asegura.

Movilizar por todos los medios
Para Vommaro, hoy las resistencias son múltiples y están mucho más diversificadas entre las juventudes de hace 15 o 20 años. Para él, la calle sigue siendo un espacio de resistencia, no solamente pensando en manifestaciones, en actos políticos, que la ocupan, con todo lo que ello implica con un Gobierno que toma la calle como «un espacio de disputa y desalojo» sino que considera que también las redes sociales o el mundo digital emergió como un territorio de resistencia. «Las juventudes disputan las calles en cada barrio, en cada esquina y cada plaza, son los principales protagonistas, pero también resisten en las redes sociales, donde disputan sentido; hay mucho contenido libertario o de ultraderecha allí, también están peleando contenido», afirma.

En esta línea, Elías Brizuela (27), trabajador de prensa y estudiante de Periodismo de la UNLZ, coincide en que «la calle es el espacio que hay que ocupar para expresar esa cuota de poder que tenemos como estudiantes». «Las redes son importantes, pero también creo que hay una suerte de anestesia generalizada, y siempre va a ser mejor hacer que decir. Después de la pandemia hubo algo que se rompió: los lazos sociales. Veo a muchas personas que asisten a las universidades públicas en esta situación: “Me siento preocupado por lo que pasa, pero no hago nada al respecto”, y creo que el Gobierno de turno lo sabe».

«Hoy, entre los estudiantes más o menos politizados está la duda de qué hacemos el cuatrimestre que viene, si anotarse o no a las materias, cuánto costará; hay que canalizar los miedos y organizarse», apunta Fernández y agrega: «Cualquier actividad que represente a los estudiantes, docentes, no docentes, es válida para inclinar la balanza a favor de necesidades educativas, las calles es el lugar donde hay que estar y en las instituciones también» .

Por admin