Por Carlos Heller

A tres meses de su inicio, el Gobierno libertario solo puede exhibir un panorama económico y social claramente negativo. Cada estadística que se conoce sobre distintas variables y rubros productivos y de servicios (con la única excepción del agro) muestran la profundidad de la crisis.
Lo más preocupante es que esa regresión está aún en curso, inducida por las medidas adoptadas durante este período, con ejes en el superajuste del gasto público, la severa contracción de la actividad y la notoria transferencia de ingresos de la población a los sectores concentrados.
La gravedad de la coyuntura se expresa en la drástica pérdida del poder adquisitivo y el recorte de beneficios sociales, lo cual afecta a los segmentos más vulnerables de la población, cuyo consumo reducido impacta de lleno sobre el mercado interno y las pymes.
No es de extrañar, en este contexto, que miles de trabajadores/as empiecen a sufrir suspensiones en sus jornadas laborales, o bien estén perdiendo directamente su empleo y por ende su fuente de ingresos. Algo que puede inferirse a partir del descenso en la recaudación, tanto de las contribuciones patronales, como de los aportes personales. En el primer caso la baja fue del 22,6% en enero-febrero, mientras que en el segundo, la caída resultó del 27,8%, siempre en términos reales (descontando la inflación).
El enfriamiento de la economía se observa también en el cobro del IVA asociado al mercado interno, que experimentó en el primer bimestre una baja real del 13,4% contra el mismo período del 2023, como reflejo de la merma en el nivel de ingresos reales de la población. 

Parate
Las señales cada vez más evidentes anuncian una situación de matices contradictorios. Desde la Casa Rosada seguirán los festejos por el sendero que supuestamente conduce al «déficit fiscal cero» y a la paulatina reducción en el ritmo inflacionario (aunque se admite que quedan todavía por delante varios meses con subas de dos dígitos).
Pero esos presuntos logros tienen como contrapartida la quita de recursos a las provincias, la parálisis de la obra pública, el despido de miles de empleados públicos, el inicio del intento de cierre de empresas estatales (el caso de Télam) o su achicamiento forzado. 
El nuevo orden libertario está golpeando también con fuerza a la industria, cuya actividad en enero fue la más baja desde agosto de 2020 (41 meses), en momentos de pandemia. 
A su vez, la construcción se desplomó un 10,2% mensual en enero, luego de caer un 9,4% en diciembre, con lo que se ubicó en un nivel similar al de 43 meses atrás. Otras muestras de la recesión: en febrero cayeron un 25,5% las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas, un 19% la producción de autos, un 13,7% el patentamiento de motos.
Todo indica que la recesión se agravará a medida que se mantenga el círculo vicioso del ajuste emprendido, cuya sostenibilidad es por lo menos dudosa, dado su impacto, especialmente sobre jubilados, empleados formales e informales con ingresos cada día en declive. Si la justificación oficial es combatir la suba de precios, no parece que el camino elegido esté dando los resultados esperados. Y tampoco se puede aceptar que una futura y eventual reducción inflacionaria se consiga a partir de una acentuación de la desigualdad, la supresión de la asistencia social (incluidos comedores y merenderos), el encarecimiento del transporte y la energía, o las menores prestaciones sanitarias y educativas.
Es llamativa, en esta delicada situación, la declaración de apoyo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que destacó como un «paso muy positivo» al anuncio del presidente de avanzar en el Pacto de Mayo, y valoró el espíritu del Gobierno en materia fiscal, laboral y previsional.
El entusiasmo de algunos ante esta dura realidad deja en claro quiénes son los ganadores y cuáles los perdedores, en el avance de un modelo cuyas propias facetas demuestran a quiénes se busca favorecer.

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