Asentado en la complicidad institucional, el avance del narcotráfico continúa sembrando el terror en una población atravesada por la desigualdad.

Jorgelina Hiba

El pasado lunes 11 de marzo la ciudad de Rosario amaneció bajo un silencio espeso y perturbador, casi inhumano, que muy rápido hizo acordar a otro marzo de hace poco tiempo atrás, al del año 2020, cuando la pandemia de covid obligó a paralizar el ritmo de vida en todo el mundo. Esta vez el silencio no vino de una enfermedad, o al menos no en términos médicos: esta vez, el millón de habitantes de esta ciudad hermosa, nacida y criada a la vera del Paraná, capital mundial del fútbol y cuna empecinada de artistas y escritores, tuvo que «quedarse en casa» por efecto del narcoterrorismo que desde hace una década y media crece al amparo de complicidades y negligencias estatales y privadas.
A diferencia de lo que venía pasando, el narco golpeó de otra manera: casi al azar y con la mira puesta en personas comunes que estaban haciendo su trabajo. Fue así que, en un puñado de días, sicarios mataron a dos choferes de taxi, un colectivero y un empleado de una estación de servicio. Estas ejecuciones fueron presentadas como la venganza a algunas medidas tomadas desde el Gobierno provincial a cargo del radical Maximiliano Pullaro, que endureció las condiciones carcelarias de los jefes que están en prisión.
La violencia indiscriminada de las bandas, que todavía era percibida por una fracción de la población como algo que solo ocurría en las zonas calientes, llegó a todos. Ya no había que «estar metido en algo» para recibir un balazo en la cabeza, ni tampoco los ataques eran «ajustes de cuenta entre bandas», como repetía el exgobernador socialista Antonio Bonfatti hace 10 años, cuando hablar de la violencia urbana en Rosario como una situación particular era sinónimo de querer «estigmatizar» a la ciudad. Como si fueran las palabras, y no las balas, las que dejan cicatrices imborrables en el tejido social. 

El show del horror
Durante esta última semana, el mensaje de las bandas narco fue claro: alcanza con salir a trabajar para estar en peligro. Ante eso, la ciudad se paró. Colectivos, taxis, estaciones de servicio y recolectores de residuos dejaron de brindar servicios y a eso se sumaron algunos gremios como los docentes. Muchos negocios decidieron abrir sus puertas, pero otros tantos no. Algunos clubes tuvieron que suspender actividades y también quedaron en un impasse eventos masivos, como la marcha por el Día de la Mujer (que se postergó sin fecha certera aún) o el Vía Crucis del padre Ignacio, que congrega a decenas de miles de personas cada Pascua.
Con las ejecuciones a sangre fría de cuatro trabajadores mientras cumplían sus funciones de todos los días, la violencia narco sumó otra dimensión: la de la espectacularidad. Así lo piensa el padre Daniel Siñeriz, quien durante años trabajó en la zona de Nuevo Alberdi, uno de los barrios más «picantes» de Rosario. «Hace rato que el terror se siembra con tiros, amenazas y extorsiones. Hace años que en los barrios hay usurpaciones, han llegado a entrar con un hacha a echar a la gente de sus casas. El terror hace rato que está y se vienen metiendo con escuelas y clubes, con todas las formas de contención, educación y ayuda. Todo lo que ofrece humanismo a chicos y jóvenes está siendo atacado desde hace años. El terrorismo narco ya estaba, pero ahora además ofrece una cara de espectacularidad».
¿Qué pasó para llegar hasta acá? ¿Por qué en Rosario pasan cosas que no ocurren en otras ciudades argentinas? Geografía portuaria y fluvial, complicidades institucionales de todo tipo, ceguera política transpartidaria de la dirigencia (en los últimos 8 años hubo gobiernos peronistas y socialistas/radicales) y el crecimiento exponencial de un negocio que mueve fortunas a nivel global son algunas de las puntas a desovillar para intentar entender el espiral de violencia narco.
Según explica Carlos Del Frade, legislador provincial por la izquierda, los últimos ataques fueron una respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos. A eso se sumó algo que hasta ahora no se había visto: al menos algunas de las bandas –se calcula que hay casi 50 en toda la ciudad– parecen haberse puesto de acuerdo para suspender o abandonar la disputa entre ellas por el territorio, y en cambio encarar juntas «una especie de campaña política de desestabilización».
Para el legislador, lo que no cambió es «la imposibilidad política de eliminar los nichos de corrupción, que son los que están en la raíz del problema, que es la corrupción policial». Según su perspectiva, los ataques fueron un escalón más en el descenso al infierno del Dante y abrieron la puerta para que el Gobierno nacional pueda establecer una especie de plan Colombia a la rosarina, que es lo que siempre quiso hacer Patricia Bullrich y el comando Sur estadounidense. «Quieren extranjerizar el control de los puertos y ese es el problema más serio», agregó.

Funcionarios. Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro recorrieron la ciudad el pasado lunes.

Foto: NA

Alta trama 
Según Siñeriz, hubo un camino de violencia urbana «que se fue entramando» a partir de una cuestión de fondo, que es el negocio internacional del narco y su repercusión local: «Si hay una forma de someter a la población es a través del tráfico y el consumo de drogas, que es uno de los negocios más importantes a nivel mundial. A partir de 2008, el crack financiero generó una gran transferencia de ingresos de la economía real a la especulativa. Ahí el narco se mueve a sus anchas».
Para Siñeriz, tener a la juventud bajo el consumo de drogas «la somete y evita las reacciones que genera este sistema económico, al tiempo que hace un negocio fenomenal». Esta cadena de sometimiento y plata atraviesa a todas las clases sociales, pero solo hay una que paga las consecuencias: los más pobres. «Los únicos que terminan presos son una parte del entramado, la cara visible, la más violenta si se quiere decir así. Pero siempre falta –y no sé si se animarán alguna vez a ir contra ella– la parte alta, donde se maneja el dinero profundo, desde donde vienen los fondos de las grandes inversiones», razonó. 
Y agrega: la violencia «no es solo un tipo que mata a otro», sino también, y sobre todo, «un sistema económico que mata masas y que cierra con la eliminación sistemática de gente». Para sostener su argumento, cuenta que hace poco estuvo en uno de los barrios más complicados de Rosario (el 7 de septiembre), donde volvió a ver «en un cuadro completo» situaciones de vida que derraman violencia, que van desde las zanjas con agua podrida hasta el descabezamiento de los espacios sociales donde, por ejemplo, hasta hace poco se podía gestionar una jubilación por discapacidad. «Para estos sectores no parece haber límites, todo lo que reciben es violencia pura. Les dicen que se sacrifiquen hasta que llegue el derrame, pero acá lo único que se derrama es sangre».
No hay fórmulas mágicas ni atajos para desandar el camino de violencia narco que estalló en Rosario en las últimas semanas. Así lo piensa y proclama Siñeriz, para quien es urgente buscar y castigar a los responsables, y rearmar el tejido social para que sea representativo de los deseos y necesidades de las mayorías. «Hay que poner en el banquillo a los partícipes de las tramas profundas del narco y mover las fuerzas de la democracia en su mejor sentido. Es urgente renovar la confianza en las instituciones intermedias –dice el religioso–, hacerlas partícipes de las soluciones y buscar entre todos, en el diálogo, un camino. Es hora de avanzar hacia una cultura del encuentro y el diálogo».

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