Tal como pretendía Patricia Bullrich, la Cámara Federal porteña declaró este miércoles la incompetencia de ese fuero para tramitar la denuncia presentada por legisladores de la izquierda contra la aplicación del invento de la ministra de Seguridad llamado “protocolo antipiquetes” y resolvió que la causa se tramite en la justicia en lo Criminal ordinaria.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del barrio porteño Retiro.

La convocatoria estaba prevista para las 11 y, poco antes, el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por “incompetencia” a Casanello, tal como venía pidiendo la cartera que conduce Bullrich.

Farah resolvió que la denuncia vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio. En caso de que este juzgado no acepte encargarse del tema, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Casanello había convocado para este miércoles a las 11 a Comodoro Py a la legisladora del MST que en diciembre presentó la denuncia contra el protocolo antipiquetes, Celeste Fierro, y a los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Cuando ya todos estaban en el edificio, fueron sorprendidos por la decisión de la Cámara Federal.

El juez ya había escuchado a las partes en una primera audiencia la semana pasada, tras lo cual la Cámara Federal le había cuestionado a Casanello que tramite el caso como un habeas corpus y le había sugerido que no era competente.

Esa vez, la Cámara Federal también había anulado una resolución del mismo juez, en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.

Casanello replicó que el habeas corpus tenía un fin preventivo ante la denuncia que coartaba la libertad de protesta, y ratificó la realización de la audiencia, que finalmente este miércoles, por resolución de Farah, se terminó suspendiendo.

Con esta decisión, se cumplen los deseos de Bullrich, que pretendía que el expediente -que se inició el 18 de diciembre pasado con una presentación de la legisladora Celeste Fierro y transitó por los pasillos judiciales durante más de un mes y medio hasta que lo tomó Casanello- pasara a los tribunales penales ordinarios, que ya habían dicho que no eran competentes para intervenir.

En tanto, y como no podría ser de otra manera, la ministra de Seguridad celebró la decisión de Farah en redes sociales: “EL PROTOCOLO DEL ORDEN GANA EN LA JUSTICIA. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público sigue vigente!”, festejó.

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