Luego de la media sanción dada a la Ley de Alquileres que regula la relación entre inquilinos y propietarios en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, este jueves se debatirá la normativa entre los senadores.
A continuación los cambios que se aplicarían en caso de que el proyecto se convirtiera en ley.
Ajuste de los alquileres
Los ajustes en los contratos se deberán efectuar anualmente utilizando un índice que tendrá en cuenta las variaciones mensuales de la inflación, según el índice de precios al consumidor que mide el Indec (IPC) y de los salarios, de acuerdo con el índice Ripte.
Plazo de tres años
Los contratos de alquiler se extenderán durante tres años como mínimo, de modo que se le suma un año más respecto a la normativa actual.
Expensas extraordinarias
Las expensas extraordinarias estarán a cargo del propietario. Mientras que solo serán responsabilidad del inquilino las expensas que incluyan los gastos habituales, esto es, servicios normales y permanentes (expensas comunes ordinarias o extraordinarias).
Depósito
El depósito de garantía se reducirá a un mes de alquiler. Una vez finalizado el contrato, se devolverá una suma equivalente al precio del último mes o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.
Garantías
Existirán diversas opciones para ofrecer como garantías para los inquilinos, no sólo a través de la garantía inmobiliaria. Entre ellas se encuentran: el aval bancario; el seguro de caución; la garantía de fianza; o la garantía personal del inquilino (se documenta con recibo de sueldo o certificado de ingresos). El inquilino podrá presentar al menos dos de ellas y el locador deberá aceptar una de las propuestas.
Comisiones inmobiliarias
Tanto los inquilinos como los propietarios deberán pagar las comisiones inmobiliarias correspondientes. En el caso de que intervenga una sola firma inmobiliaria, como es habitual, ambos le deberán una comisión. Este punto era el más conflictivo de todos respecto al vínculo con las cámaras inmobiliarias, porque en los inicios del proyecto se eliminaba la opción de cobrar comisión a los inquilinos.
Por otro lado, la agrupación Inquilinos Agrupados solicitará al presidente Alberto Fernández que extienda hasta marzo de 2021 el decreto 320/20, que suspende los desalojos de inquilinos por falta de pago. Hasta el momento, la resolución tiene vigencia hasta septiembre de este año.
Desde la agrupación, indicaron que con la aprobación de la Ley, las modificaciones se aplicarían en los nuevos contratos. Sin embargo, en el caso de los artículos que tienen que ver con expensas, por ejemplo, consideran que estarían vigentes también para los contratos firmados con anterioridad.
