Al golpe de Estado fascista y racista, a la persecución a los dirigentes del MAS y la autoproclamación de Jeanine Áñez como “Presidenta interina”, se suma la brutal represión que en Cochabamba dejó al menos ocho muertos y que eleva la cifra de manifestantes asesinados a veintiséis. Las protestas continúan a pesar de que el país se encuentra militarizado, la prensa crítica amenaza y la Policía y los grupos paramilitares realizan una verdadera cacería.

Los cadáveres comienzan a amontonarse, las cárceles a saturarse, los hospitales están desbordados de heridos y la prensa crítica es acallada. El golpe de Estado se sostiene con la sangre y el sufrimiento del pueblo boliviano.

La reciente masacre que policías y militares bolivianos desataron en la ciudad de Sacaba (provincia de Chapare, departamento de Cochabamba) dejó al menos ocho muertos e innumerable cantidad de heridos.

Cuando la masiva y pacífica marcha de cocaleros se acercaba a la ciudad de Cochabamba, se desató la brutal represión. Las Federaciones Cocaleras marchaban para llegar el domingo a la ciudad de La Paz, donde se espera una gran manifestación contra el golpe.

Las cifras oficiales indican que ya llega a veintiséis la cantidad de manifestantes asesinados por las Fuerzas Armadas, la Policía y los grupos paramilitares desde que se instaló el golpe de Estado.

Al golpe de Estado fascista y racista, a la persecución a los dirigentes del MAS y a la autoproclamación de Jeanine Áñez como “Presidenta interina”, se suma la represión sangrienta.

Mientras la Policía y los grupos paramilitares de la extrema derecha realizan una verdadera cacería en búsqueda de dirigentes, militantes y todos los que se sumen a las protestas, el gobierno de facto intenta acallar a los medios críticos.

La ministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizárraga, amenazó a los comunicadores críticos al asegurar que con “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son en algunos casos bolivianos o extranjeros que están causado sedición en nuestro país tienen que responder a la Ley boliviana”.

Por su parte, el ministro de Gobierno del gobierno de facto, Arturo Murillo, aseguró que habían lanzado una «cacería contra Juan Ramón Quintana (ex ministro de Gobierno de Evo Morales) y Raúl García Linera (hermano del vicepresidente Álvaro García Linera)».

A pesar de que el país se encuentra militarizado y de la brutal represión, los sectores populares siguen en la calle masivamente y las protestas continúan.

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