Un amplísimo arco de convocantes protagonizará este martes 23 de abril las multitudinarias marchas en las principales plazas de todo el país en defensa de la universidad pública y de la densa y compleja red de instituciones públicas entramadas con ella: de ciencia y tecnología, de la cultura, de la educación en todos sus niveles. Ante ello el gobierno nacional ha redoblado su ataque a lo público, en lo discursivo y en su plan motosierra-licuadora. Por Leo Rodríguez para ANRed.
“Hola a todos…!!! A ver, me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar…”, así twiteó el presidente Javier Milei este sábado 20 de abril. Luis Caputo se sumó este domingo twiteando que “la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche (por la marcha) es porque ven afectado su negocio”.
Tweets que contrastan con lo que recorre estas semanas: centenares de clases públicas, abrazos simbólicos y aplausazos, en torno a reconocidos hospitales universitarios, facultades, centros de investigación y un sin fin de construcciones colectivas y de excelencia en la sociedad argentina. Todo lo cual cuenta con un amplio reconocimiento internacional (como lo muestran los rankings) y también dentro de nuestro país.
También en redes sociales se reproducen las respuestas a los ataques del gobierno. En uno de los tweets se escribió: “Nadie niega que existen algunos negocios turbios o corrupción. ¡Entonces resuelva eso! No hace falta dinamitar *toda* la educ. pública.”.
El presidente de nuestro país le da like a una publicación que refiere a prender fuego la Universidad de Buenos Aires. Ustedes entienden que el tipo es el PRESIDENTE?? Qué mal está, por favor. Es todo demencial.
Vale decir que las universidades públicas son casi todas nacionales y dependen del presupuesto público nacional, a diferencia del resto de los niveles educativos que fueron provincializados por Menem en la década de los ’90. Este presupuesto fue en 2023 de 1.4 billones de pesos, bastos recursos que podrían ser malversados en cualquiera de los puntos de la cadena en que son gastados anualmente. En todo caso, según las auditorías internas y la externa de la AGN, los datos concretos de corrupción en las universidades son mucho menores a otros ámbitos en que lo privado y lo público se entrelazan para chupar los recursos del estado y generar negocios espurios. Por ejemplo, los negocios espurios del actual ministro de economía Caputo en la forma en que tomó y usó los 45 mil millones de dólares del FMI con las empresas más grandes del país. Por ejemplo, en los negocios conjuntos de sectores del poder judicial con los narcos y la policía. Y, sin embargo, el reclamo no es quedarnos sin ministerio de economía, sin poder judicial o sin policía, sino mejorar estas instituciones y acabar con esos negocios espurios. Congelar el presupuesto 2024 al nivel del 2023 es reducirlo en un 72%. Los aumentos del 70% anunciados (no concretados aún) por el gobierno sobre los gastos corrientes, representan un incremento de menos del 5% sobre el total, es decir una disminución del 67% que haría de todas maneras imposible pagar aún los servicios más mínimos como el agua, la luz y el gas. Aquí un análisis comparativo más detallado.
Justamente, una de las banderas de la marcha del 23 es “Cuidemos lo que funciona”. En esta consigna coinciden las actuales autoridades universitarias y las conducciones gremiales de docentes, no docentes y estudiantes. Y coinciden hasta cierto punto el “pueblo raso” de las universidades, les estudiantes y les docentes “ayudantes” a cargo del dictado en los cursos. En este último caso se pide, además, hace años, que haya salario para todos los docentes ad honorem, que en el caso de la UBA son más de 20 mil. Se piden comedores estudiantiles y apoyo para el transporte y los materiales de estudio. Se pide democratizar la forma de gobierno para que el poder de decisión no esté monopolizado por el pequeño sector de “profesores titulares concursados” y por esta vía que las designaciones no sean “cotos de caza”. Se pide la participación sobre el manejo de las obras sociales universitarias. Este “pueblo raso” fluctúa entre pedir a las autoridades o autoconvocarse en asambleas y comisiones de base.
Lo que es seguro es que en la marcha del martes 23 “florecerán mil flores”. Los dos grandes afluentes serán, por un lado, las instituciones universitarias, desde el CIN, que es el consejo de rectores, hasta las diversas gremiales nucleadas en lo docente en el Frente Sindical de Universidades Nacionales y en lo estudiantil en la FUA, con el apoyo de las tres centrales sindicales, los organismos de Derechos Humanos y la mayoría de los partidos políticos. Y el otro afluente se dará por la suma de las autoconvocatorias ocurridas estos días, en la que confluyen, en general, en asambleas, sectores espontáneos con el activismo universitario y las gremiales que ejercen la democracia sindical y estudiantil. En un marco tan amplio y masivo, las estigmatizaciones macartistas que ensaya el gobierno contra “los radicales”, “el kirchnerismo” o “los zurdos”, acusándolos alternativamente de manipular al estudiantado, parecen destinadas a diluirse en esa misma masividad y amplitud.
El mero hecho de acusar al mismo tiempo a “radicales socialdemócratas, peronistas populistas, kirchneristas keynesianos, feministas, marxistas, etc., de usar la universidad para adoctrinar, se desmiente en la misma acusación, que implica en su misma enunciación el reconocimiento del pluralismo en esa misma universidad. Es paradójico que acuse de adoctrinamiento alguien que afirma que todas las teorías son “una mierda”, falsas, excepto la suya propia. Alguien que no se limita a criticar a las diversas teorías, sino que vea mal el hecho en sí de que esas teorías sean enseñadas y discutidas.
La batalla, en definitiva, sí implica resolver si la universidad pública podrá sobrevivir dignamente a este ataque. Las características básicas de la universidad pública y gratuita, científica, pluralista, crítica, de calidad, están en cuestión. La existencia misma de esa universidad arraigada en las tradiciones argentinas está en cuestión. Aunque el presidente retwitee (siguiendo a @lacha) que esta universidad:
1) No está en riesgo
2) El presupuesto aumentó
3) Marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico
Los hechos desmienten que la universidad no esté en riesgo, que el presupuesto haya aumentado y que la marcha sea “contra una auditoría”.
Cuando las palabras no pueden resolver los conflictos, a cada sector sólo le queda sumar la máxima fuerza y ponerla en juego. Todo indica que sólo de esa manera se resolverá si seguirá existiendo nuestra universidad pública y gratuita y de calidad y si ella será la base para impedir la mercantilización de la vida.
