Las mentiras tienen patas cortas, pero al presidente Javier Milei poco le importa. Dice que los salarios le ganan a la inflación, que el ajuste lo pago la casta, que hay superávit fiscal, que llegarán los dólares y que las universidades recibieron la emergencia presupuestaria. Pero todo es mentira. Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, envió solo una suma de 270 por ciento a la Universidad de Buenos Aires, dejando afuera a las 60 universidades nacionales que funcionan en el interior del país.

En una reunión de urgencia, el  Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicó un comunicado donde señalan que no aceptaran la resolución de considerar universidades de primera y de segunda. Allí expresan: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, remarcaron los rectores.

En otro tramo, señalan: “Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, le advirtieron al Gobierno.

Por su parte, el Consejo Superior de la UBA anunció que levantaba la emergencia universitaria, pero dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso. 

En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, dijo que el refuerzo presupuestario que recibió su universidad se logró “gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas” y subrayó que “es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA, sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios, y que se sancione una ley de financiamiento universitario”.

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