Por Carlos Heller

Difícilmente millones de familias humildes y de capas medias que viven de sus trabajos, y la casi totalidad de jubilados y jubiladas, puedan asimilarse a la «casta» de privilegiados, sobre la cual, según el Gobierno, debe recaer el ajuste. Sin embargo, cinco meses de gestión libertaria fueron suficientes para comprobar que el modelo puesto en marcha y que se pretende profundizar tiene como parte central la mayor vulnerabilidad de ese conjunto social.


La elevada inflación inducida por la Casa Rosada, aunque se habría morigerado en abril, resultó una pieza clave para deteriorar el poder adquisitivo del grueso de la población. Ese proceso todavía no concluyó, pues aún falta evaluar el impacto de los próximos tarifazos en los servicios de electricidad y gas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el salario real se contrajo un 24,1% interanual en marzo. Del mismo modo, el segmento de adultos mayores sufrió un fuerte recorte en sus haberes y se desactualizaron los pagos de los planes sociales. El menor consumo consecuente afectó en importantes proporciones la actividad del mercado interno, particularmente la desarrollada por las pequeñas y medianas empresas. Se advierte así un claro daño al tejido industrial: el último dato de producción manufacturera mostró una caída en marzo del 6,3% medida contra febrero, y una baja del 15,8% frente al nivel de noviembre de 2023, siempre en términos desestacionalizados.
No puede sorprender, en este contexto, la masividad del paro nacional del último jueves, reflejo del descontento popular frente a la brutal desmejora que las políticas gubernamentales provocan en las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas. La medida de fuerza también demostró el rechazo a la intención del Gobierno de modificar regresivamente la matriz distributiva y perpetuar de ese modo un modelo empobrecedor.

Changuitos semivacíos. Con salarios y jubilaciones que pierden poder adquisitivo, cae el consumo.

Foto: Juan José García

Por lo pronto, nada indica –salvo que se agudice la recesión– que la tendencia inflacionaria vaya a ser descendente en los próximos meses. Una señal preocupante es que, debido a la suba de precios acumulada, el tipo de cambio real multilateral ya se encuentra por debajo de los valores previos a la devaluación de agosto de 2023. En este sentido, es ostensible la presión de grandes exportadores (del campo, la energía, etcétera) en favor de una nueva maxidepreciación de la moneda nacional, lo que repercutiría de inmediato en nuevas rondas de precios en alza.



Beneficios
El Gobierno, en tanto, parece más preocupado por dar seguridad a los negocios de conglomerados oligopólicos locales y del exterior, mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el proyecto de Ley Bases, ya aprobado en Diputados.
La iniciativa prevé que las inversiones de más de 200 millones de dólares gozarán de una serie de beneficios impositivos, de acceso a las divisas y de no obligatoriedad de tener que liquidar en el país lo cobrado de las exportaciones, entre otros. Y se establece que los litigios quedarán bajo la jurisdicción internacional del CIADI, un tribunal en el que los fallos por los litigios siempre resultaron contrarios para nuestro país. Además de la cesión irreparable de soberanía nacional que implicaría la aprobación del régimen, está clara la discriminación hacia la mayor parte de las empresas que quedarían sin estímulos por inversiones de menor volumen.
Lo que ya está demostrando la insistencia en aplicar el modelo neoliberal (ahora en su versión extrema) es su incapacidad para generar un crecimiento sostenible y con mayores niveles de inversión en la economía real: solo se beneficiarían algunas muy grandes empresas.
En rigor, las inversiones crecieron en el pasado reciente durante Gobiernos de signo opuesto, a partir de reglas que promovieron una mayor inclusión social, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y que buscaron crear las condiciones de desarrollo de distintos sectores.
Es de esperar que no se repita en el Senado la experiencia vivida en Diputados, cuando durante el tratamiento se escuchó una cantidad de discursos críticos, aunque en la votación terminaron dándole apoyo al proyecto. No se le puede dar un cheque en blanco a un Gobierno que está decidido a bajar los salarios, a quitar derechos y a hipotecar el futuro de los argentinos y las argentinas.

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