«Se pasaron de rosca», resumió el presidente de la nación al comentar el aumento en torno de 150% que aplicaron en sus cuotas las empresas de medicina prepaga. El punto de vista de Javier Milei, sin embargo, dista de ser crítico del aprovechamiento que se hizo de la desregulación dispuesta por el mismo Gobierno nacional. Al contrario, matizó: «No creemos que (las compañías del sector) lo hicieron con mala intención».


En rigor, las definiciones emanadas desde la Casa Rosada bien podrían abarcar al súbito encarecimiento de la casi totalidad de los productos y servicios desde fines del año pasado. 
Entonces, más que las intenciones buenas o malas, lo que se verifica con el «realineamiento» de precios es el funcionamiento habitual de la puja distributiva. Y cuanto menos intervención del Estado y regulaciones haya, más se aprovecharán los sectores más concentrados.
Son estos últimos los beneficiarios del ajuste «más grande de la humanidad», del que se jacta Milei y cuyo costo pagan casi en su totalidad trabajadores/as, jubilados/as, personas sin empleo, habitantes de las provincias y, a medida que se achica el mercado interno, miles de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.


Lo cuestionable es que, mientras «la libertad avanza» para que unos pocos obtengan mayores réditos, la señal hacia los asalariados es totalmente opuesta al impulsarse una restricción inédita. Concretamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó dar luz verde al acuerdo salarial entre trabajadores camioneros y la patronal respectiva. «¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?», argumentó.


El «problema» es que esa negativa revela la ilusión del oficialismo de congelar los ingresos laborales como una vía central para moderar el ritmo inflacionario. En ese esquema se busca además evitar que crezca la protesta social, reprimiendo, si es necesario, a manifestantes callejeros. Algo difícil de imaginar ante el agravamiento de la coyuntura, que dio pie a que la CGT convocara a un paro general el próximo 9 de mayo.

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De momento, con el 11% de inflación durante marzo, el resultado de la política gubernamental es un acumulado de más del 90% en apenas 120 días. Vale la pena repasar algunas de las mayores alzas del mes pasado: Educación, 52,7%; Comunicación, 15,9%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros, 13,3%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 10,5%.


Así, mientras algunos funcionarios festejaron la relativa baja, en comparación con meses anteriores (sin mencionar que pronto llegarán los megaaumentos en tarifas de luz y gas), el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, pidió que los empresarios empiecen a bajar los precios, porque «los pusieron pensando en un dólar a 2.000».


El mismo legislador les dijo a los sindicalistas: «Piensen en que la inflación va a ser de un dígito en uno o dos meses y no traten de fijar paritarias con dos dígitos o más porque los empresarios no lo van a poder pagar». Ahora bien, ¿por qué no los podrían pagar si fijaron los precios considerando un dólar del doble del valor que el actual?


Por donde se lo mire, mientras el costo de vida sigue en fuerte ascenso, el match entre precios y salarios tiene un claro perdedor. En el trimestre diciembre-febrero la caída en las remuneraciones percibidas por los trabajadores formales fue de 19,2%, y lo que cobran hoy obreros y empleados en blanco es solo equiparable al registrado en el catastrófico período de 2002/03, tras el derrumbe de la convertibilidad.
Con el cambio estructural de las bases de funcionamiento de la economía, la baja del «costo salarial» y la reducción del consumo de las capas medias solo se favorecerán a las corporaciones. Principalmente aquellas que coloquen en el mercado internacional productos altamente demandados con los que cuenta la Argentina, como la energía, el litio o los alimentos.


El modelo al que apunta el Gobierno prevé generar de ese modo un crecimiento del PIB y superávit de la balanza comercial, claro que en forma simultánea probablemente se observará un aumento significativo de la pobreza.

Costo de vida. La puja distributiva deteriora los ingresos de los trabajadores.

Por Carlos Heller

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