La pobreza por ingresos crece desde 2010. Los más afectados: menores de 17 años. Columna de economía de El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario en Radio Con Vos, 89.9. En texto y audio.

  • El Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, que dirige Agustín Salvia, publicó esta semana un informe de avance titulado “Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales estructurales. Argentina urbana 2010-2021”.
  • Se trata de un relevamiento distinto al del INDEC, que el ODSA realiza hace muchos años.
  • Según el informe “El Observatorio de la Deuda Social Argentina define la pobreza como privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida social”.
  • Por lo tanto, realizan la medición de pobreza en diferentes dimensiones. En cuanto a la pobreza por ingresos, los datos muestran que pasó de afectar al 31,8 % de la población en 2010 al 43,8 % en 2021.
  • Por eso, el informe habla de “más de una década de deterioro persistente en el nivel de pobreza económica de la población”.
  • Según el ODSA la pobreza económica pasó del 39,8 % en 2019 al 44,7 % en 2020. Es decir, debido a las políticas de ajuste del macrismo y al impacto del Covid creció cinco puntos porcentuales.
  • Pero, en 2021, con la recuperación económica apenas bajó un punto porcentual de los cinco que subió el año pasado: ahora la pobreza se ubica en 43,8 %.
  • El rango etario donde más crece la pobreza es entre los que tienen entre 0 y 17 años. En ese sector, la pobreza pasó del 49,5 % en 2010 hasta el 64,9 % en 2021.
  • El aumento más fuerte entre los menores de 17 años se observa desde 2017. Y la suba más reciente de 2020 no se revirtió este año. Por el contrario, en 2021 la pobreza de este rango etario es levemente superior que en 2020.
  • Un dato interesante que presenta el informe es el relativo a los porcentajes de indigencia y pobreza que existirían si no hubiera ni Asignación Universal por Hijo (AUH), ni otros programas sociales ni pensiones no contributivas.
  • La indigencia sin ninguno de esos programas de transferencias de ingresos en vez de afectar al 8,8 % de la población afectaría al 18,8 %. En el caso de la pobreza, pasaría del 43,8 % al 48,9 %.
  • Es decir, los programas son muy importantes para reducir la indigencia, pero tienen un impacto limitado para reducir la pobreza.
  • El ODSA analiza los derechos sociales en seis dimensiones: 1) alimentación y salud; 2) vivienda digna; 3) accesos educativos; 4) accesos a servicios básicos; 5) acceso a un medio ambiente saludable; 6) empleo y seguridad social.
  • En 2021, se encontró que el 66,4 % de la población tenía al menos una de estas carencias.
  • De conjunto, el ODSA señala que hubo mejoras materiales en la última década, no obstante aumentaron la desigualdad en la pobreza multidimensional y en la pobreza estructural.
  • También se observa una caída de las tasas de actividad laboral y de empleo, con deterioro creciente de los trabajos informales y en los perfiles sociales más vulnerables.
  • Esto se refleja en el hecho que solo un 42 % de la población activa de 18 años y más tiene empleo pleno. Luego existe un 30 % de trabajadoras y trabajadores precarios, un 19 % que tiene subempleo inestable y un 9 % que está desocupado.
  • El informe señala varias conclusiones y algunos criterios que deberían seguir las políticas económico sociales, los cuales no necesariamente se podrían compartir en su totalidad.
  • Pero sí se puede compartir la caracterización del fenómeno que se observa en la recuperación o rebote económico de este año: principalmente, que el crecimiento no es con todos, sino que está dejando a muchos al costado del camino.
  • Otra de las conclusiones del ODSA es que “los programas sociales y las asistencias alimentarias no fueron suficientes para compensar el deterioro del bienestar durante el escenario COVID19″.
  • En esta situación, se podría agregar desde esta columna, influyó el haber gobernado con los criterios del FMI, aun antes de un acuerdo.
  • El ODSA también indica que la reactivación económica habilitó un aumento en la demanda de empleo, pero se sostiene la caída del ingreso real. Es decir, del poder de compra.
  • El informe, además, señala que se agravaron las condiciones para la movilidad social ascendente.
  • Por último, el ODSA afirma que “no hay mucho que festejar y de nada sirve echarle la culpa a la pandemia o a los gobiernos anteriores”.

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