Con una inflación que no cede, el Gobierno implementa medidas ya utilizadas hace más de tres décadas y que dejaron como saldo la destrucción del aparato productivo nacional.

Por Cristian Carrillo

El Gobierno, acorralado por sus propios lazos, no encuentra salida a una inflación que no cede. El diagnóstico de que la causa unívoca es la mera emisión monetaria quedó descartado cuando en los primeros meses del año la base monetaria creció cero y los precios superaron el 20%. Allí fue cuando comenzó el Gobierno, contrario a su ideología, a intervenir directa e indirectamente en el mercado monopolizado de alimentos. Primero, exigiendo que las promociones de los supermercados sean contabilizadas en las estadísticas oficiales para mostrar una baja en la inflación y, luego, más dañino, abrir las importaciones de alimentos que forman parte de la canasta básica.
Tal como se aplicó en la década del 90, la medida busca disciplinar los precios internos, pero lo que termina sucediendo es la destrucción de la producción nacional –especialmente la proveniente de la pequeña y mediana empresa– y, por ende, del empleo. Como resultado de una reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes supermercadistas, se aceptó el pedido de los empresarios: la suspensión por 120 días del cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos e incluso de medicamentos.


A través del DNU 70/2023, la administración de La Libertad Avanza desreguló los principales resortes que existían para evitar maniobras especulativas. En resumen, eliminó la Ley de Abastecimiento, que permite controlar la oferta de productos de primera necesidad, y la Ley de Góndolas, que potencia la competencia de pequeñas y medianas empresas locales y economías regionales en igualdad de condiciones con grandes monopolios. Atado de pies y manos con su propia cuerda, el Gobierno se quedó sin herramientas para evitar abusos en los precios y queda preso del reclamo de los sectores concentrados de la economía.
En ese rumbo, para facilitar el ingreso de productos terminados que compitan con los elaborados en el país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal y el Fisco suspenderá por 120 días el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias. La idea que rige a los libertarios es que este accionar generará un aluvión de importados y forzará una baja de precios, algo que la vasta historia argentina muestra que va de la mano de la destrucción de la industria local. 
El listado de rubros sobre los cuales se facilitará la compra en el exterior es interminable y no son solo los de la canasta básica de alimentos. Incluye desde productos en los que el país es líder en exportaciones, como el aceite de soja y de maíz; o en los que se autoabastece, como yerba mate. E incluso consumos que muy lejos están de lo esencial, como arándanos, nueces de areca y marihuana con fines medicinales.

Todos los rubros
La lista incluye más de 3.000 posiciones. El Gobierno justificó que la medida permitirá «mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos». Para ello, el BCRA reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal: pasarán de un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días. Además, se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos. Si bien desde el sector concentrado de alimentos se criticó el trato desigual entre las condiciones para importar insumos para la industria y la compra externa de productos terminados, el principal escollo lo enfrentarán las economías regionales y pequeñas y medianas empresas que no podrán competir contra el ingreso irrestricto de sustitutos. La apertura prácticamente indiscriminada de las importaciones no «perdona» a ninguna actividad local e incluso incorpora rubros donde el país lidera las exportaciones. 
El listado incluye en el nomenclador de alimentos la carne bovina y derivados; pescados, crustáceos y moluscos; leche y derivados (yogurt, manteca y concentrados), huevo y miel. Se trata de productos con fuerte orientación importadora, que compiten con el consumo interno. 
En cuanto a las economías regionales, el listado suma hortalizas, plantas, raíces y tubérculos; papas frescas y refrigeradas; cebolla; coliflor y brócoli; lechuga; zanahoria, nabos, remolacha, apio y rábanos; zapallo, batatas, pepinos y garbanzos. También se incluyen productos que no forman parte de la canasta básica y responden a consumos de alta gama, como cocos, nueces de Brasil y de Cajú, almendras, arándanos, nueces de nogal, pistachos y nueces de areca. La enumeración abre la importación de bananas; naranjas; mandarinas; uvas; melones y sandías; manzanas; peras; membrillo; damasco; frutillas; cerezas; grosellas; arándanos rojos; kiwis; caquis, pimienta y ciruelas. 
En cuanto a infusiones, se destaca la incorporación de café, té y yerba mate. Y no faltan perlitas. En la enumeración se destaca el nomenclador 1301.90.90.110W que representa la posición arancelaria para el comercio exterior de cannabis (marihuana) y resinas (estupefacientes). 
Entre los productos procesados que ingresarán al país, lo que implica ‒como se mencionó anteriormente‒ la importación de mano de obra, se encuentran además, jugos y extractos vegetales, grasas y sebo bovinos; margarina; aceite de bacalao; aceite de maní; aceite de oliva; embutidos de carne y pescado; anchoas y camarones; azúcar y jarabe de arce; chocolate blanco; cacao; caramelos; pastas; galletitas; panificados; pepinillos; tomates trozados; hongos; arvejas; papas en paquete; duraznos en lata; jugo de naranja, café soluble; ketchup; preparación de sopas; helados; agua mineral y agua gaseada y cerveza.

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