A casi tres meses de que el Gobierno anunciara el cierre, la empresa pidió un procedimiento de crisis y abona el terreno para despedir trabajadores

Por Antonio D’Eramo

La agencia de noticias Télam no figura en la lista de empresas a privatizar que quedaron incluidas en la Ley de Bases que obtuvo media sanción en Diputados. De hecho, la empresa pidió un procedimiento de crisis, lo que abona el terreno para despedir periodistas y trabajadores administrativos. Y deja en claro que el Gobierno avanzará con su liquidación definitiva

El cierre de Télam es un símbolo para la administración de Javier Milei. “No es sólo por aplicar la motosierra en oficinas del Estado, sino porque Télam es un símbolo de adoctrinamiento cultural y de información parcial con una mirada progre y de izquierda insoslayable y potenciada durante las gestiones kirchneristas. Por lo que, al igual que el INADI, es parte del cambio cultural que queremos dar”, afirmó un asesor de la influyente secretaria general, Karina Milei en Casa Rosada.

La batalla cultural puede ser uno de los argumentos que justifiquen los recientes movimientos del Gobierno en el expediente Télam para comprender las razones de tanto ensimismamiento con el cierre y liquidación de una agencia de noticias que, a lo largo de su historia, contó con periodistas de primer nivel en su redacción, más allá de la irrupción del periodismo militante que se terminó quedando con el destino de la agencia en los últimos años.

Expediente Télam: se presentó un procedimiento preventivo de crisis

El Gobierno y la intervención de Diego Chaher, un ex ejecutivo del Grupo América de televisión al que tanto le debe el Presidente por haber cimentado su fama de audaz y polémico panelista económico, ha decidido presentar un procedimiento preventivo de crisis para acelerar el cierre y la adhesión de los empleados a la propuesta de retiro voluntario que, en principio, tuvo poca adhesión.

La secretaría de Trabajo selló el expediente el 26 de abril pasado y, en el documento, Chaher pide que se habilite un plan para despedir al 82% de los trabajadores de la agencia de noticias.

Justifica el pedido en la crisis presupuestaria y financiera de la agencia lo que da pie a que los abogados que defienden a los trabajadores rechacen el recurso de crisis porque “no hay pruebas ni balances ni siquiera un ticket que demuestre la insolvencia de la que habla el interventor. Además, el Estado Nacional sería el propio insolvente en este caso, por lo que daremos la batalla judicial”.

SI bien se abre un período de especulaciones jurídicas y contables, la decisión del interventor de Télam implica una advertencia a los trabajadores que dudan en aceptar el retiro voluntario ofrecido por la empresa.

La agencia Télam

Hace casi tres meses que el Gobierno anunció el cierre de la agencia Télam

El plan por el que se pide el despido del 82% del plantel precisa que se harán “con un valor indemnizatorio equivalente al 50% del establecido en el actual plan de Retiro Voluntario establecido en TELAM S.E”.

O sea, la advertencia es “o toman este dinero por el retiro voluntario o la indemnización será menos sustanciosa“, según explicaron a iProfesional.

Además, la intervención solicita suspender por seis meses la aplicación de cualquier aumento salarial, a pesar del proceso inflacionario vivido desde diciembre de 2023, y del pago de adicionales. Hoy, el personal está dispensado de ir a trabajar, pero sus salarios pierden por goleada frente a la inflación registrada.

Cómo es el panorama en RTA

La situación de Télam es diferente a la del resto de los integrantes de la familia de medios públicos y de la empresa RTA.

Anoticiados de las escasas reformas que pudo implementar Hernán Lombardi durante la gestión de Cambiemos, la administración de Javier Milei comenzó por nombrar un interventor, una especie de outsider, en un terreno al que consideran campo minado.

La intervención de Diego Chaher se ocupa de empresas públicas de comunicación muy diferentes entre sí y con objetivos distintos.

La TV Pública, con 1.043 empleados, con instalaciones que cuentan con estudios, noticias y producción en vivo y más de 70 años de historia, se analiza junto a Contenidos Públicos S.E. que agrupa marcas nacidas y crecidas post era de internet, que cuenta con 245 empleados y se originó como un sistema de producción delegada en productoras externas y articulado con el sistema educativo.

La media sanción de la Ley Bases coloca a Radio y RTA entre las empresas a ser privatizadas

La media sanción de la Ley Bases coloca a Radio y RTA entre las empresas a ser privatizadas

Además, Canal 7 y Radio Nacional, tienen un estatus diferente a diferencia de otras empresas de contenidos públicos. Tanto el canal como la radio son parte de RTA S.E. (sociedad del estado) y están gobernados por un directorio que tiene representantes de las minorías parlamentarias según el mandato de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ahora bien, la reciente media sanción de la Ley Bases, coloca a Radio y Televisión Argentina (RTA) entre las empresas a ser privatizadas lo que significará un cambio en el ecosistema de medios ya que es la encargada de conectar con información a todas las regiones del país.

En este contexto, el interventor Chaher trabajará conflicto por conflicto y expediente por expediente.

En las últimas horas, los trabajadores de Télam comenzaron a recibir mails que incluyen convocatorias para presentarse en las oficinas custodiadas por fuerzas policiales en la calle Defensa hasta el próximo 7 de mayo para interiorizarse acerca de las condiciones y el alcance del plan de retiros voluntarios.

Por un lado, la intervención ofrece una zanahoria con los retiros voluntarios y por el otro enseña el palo que supondría el avance del trámite del procedimiento de crisis que dejaría con muy poco dinero a los trabajadores que intenten persistir en sus puestos.

Lo cierto es que el trámite en la secretaría laboral es materia judiciable y, según explicaron a iProfesional varios periodistas de Télam, están dispuestos a judicializar la materia hasta las últimas consecuencias.

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