¡Que paguen los ricos!

Las asimetrías económicas y las desigualdades sociales se han profundizado globalmente y han encontrado en la pandemia un modo aún más veloz de manifestarse. No es una novedad que las formas que fue adoptando el capitalismo en las últimas décadas no ha hecho más que advertirnos de su incapacidad para construir sociedades más justas.

Un informe reciente del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM) indica que 2.153 multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el mundo, y unas 735 millones siguen viviendo en la pobreza extrema. En el mismo informe se indica que tan solo 4 centavos de cada dólar recaudado por el Estado se obtienen a través de algún tipo de gravamen a la riqueza, mientras un peso fiscal desproporcionado recae sobre la gran mayoría de las y los trabajadores. Esta minoría que constituye un 1% de la población mundial elude hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Es un hecho hartamente documentado que casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5,50 dólares al día, y que los 22 hombres más ricos poseen más riqueza que todas las mujeres del África.

En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en 2020 la tasa de pobreza en la región alcanzó el 33, 7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior. De esa cifra unas 78 millones de personas se encontraban en situación de extrema pobreza.

En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante el segundo trimestre de 2020 el 10 por ciento de la población más rica pasó a percibir 19 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. La brecha es tres veces mayor que la de 2019, cuando la diferencia era de 16. El instituto también afirma que el 31.6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza lo que constituye un 42% de la población, y que de ese porcentaje unas 3.007.177 personas se encuentran en la indigencia.

Esta situación alarmante puede ir encontrando límites con políticas públicas sostenidas dirigidas a los sectores más vulnerables, y una fuerte intervención estatal que empuje, con el protagonismo de los distintos actores sindicales, una serie de medidas para gravar a las grandes riquezas. No hay posibilidad de una recuperación económica integral si el costo de la crisis sigue cayendo sobre las espaldas de las y los trabajadores.

Una serie de impuestos que graven las fortunas de ese grupo minúsculo y que imponga nuevas reglas fiscales a los sectores más concentrados de la economía, para una distribución social más equilibrada de la riqueza, deberían ser pasos obligados en la construcción de una agenda moderna para nuestra clase trabajadora.

El debate sobre la aplicación de este tipo de tributos ha atravesado diversos momentos en las últimas décadas. En nuestra opinión la crisis mundial ha generado sobradas condiciones para retomar alguno de esos planteos, tanto por su vigencia histórica como por la urgencia en su aplicación, y que podrían facilitar caminos alternativos para reducir las profundas diferencias económicas que abundan en nuestro país, a saber:

  1. Un Impuesto sobre las transacciones financieras.
  2. La instalación en el debate social del Impuesto global a las multinacionales
  3. La aplicación de un Impuesto permanente a las grandes fortunas

1) A mediados de los 90´ impulsado por los movimientos antiglobalización, el impuesto a las grandes transacciones financieras fue popularizado bajo el nombre de tasa Tobin, en reconocimiento al economista que lo creó. Sin embargo, desde que tomó estado público, la idea inicial fue modificándose para convertirse en un impuesto al sector financiero sobre la totalidad de las transacciones de acciones, bonos y divisas.

Con esa pretensión en julio del año pasado el Senado español aprobó con 134 votos a favor el nuevo gravamen a las transacciones financieras. Con la tasa Tobin, el Gobierno tiene previsto recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar sólo con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. La ley tiene vigencia desde el 16 de enero de 2021 y contempla que no se gravará la compra de acciones de PyMES y empresas no cotizadas.

La reciente medida que tomó el Congreso español está inspirada en la de otros países que venían aplicando impuestos similares. Francia, por ejemplo, introdujo en 2012 esta tasa que hoy en día grava con un 0,3% la compraventa de acciones cotizadas de cerca de 150 empresas en el país, a lo que sumó un 0,01% a los derivados sobre bonos de países de la Unión Europea y sobre las operaciones de alta frecuencia. Con esta iniciativa el Estado francés, recaudó 245 millones de euros el primer año y 1.450 millones de euros en 2017 cuando se aumentó su gravamen al 0,3% actual.

También Italia introdujo su tasa Tobin en 2013 con un gravamen del 0,2% sobre la compraventa de acciones y del 0,2% para determinado tipo de operaciones con derivados. La recaudación se ha mantenido siempre relativamente estable por encima de los 400 millones de euros. Cabe mencionar que este impuesto con algunas variaciones se aplica en Reino Unido desde 1808.

2) En la misma sintonía van las declaraciones del ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz quien el sábado pasado (10.07.2021) anunció en Venecia en el encuentro anual del G20 que “los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional”. Este sistema se basa en dos principios: el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física, y en la aplicación de un impuesto de al menos el 15% a las empresas con una facturación de un piso de 750 millones de euros. La declaración fue aprobada y firmada por 131 países, de los 139 que integran la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), y afectaría a solo unas 10.000 empresas. De aplicarse este gravamen -que tiene fecha de ejecución en 2023- se generaría según las estimaciones un incremento de 150.000 millones de dólares en la recaudación.

Nuestro país, que se encuentra entre los 131 que aprobaron la declaración, manifestó con buen criterio a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, que “la tasa mínima corporativa global del 15% es demasiado baja. Hay un riesgo sustancial de que termine siendo de hecho la tasa máxima. Desde Argentina consideramos que una tasa del 21% sería mejor, y una del 25%, aún mejor”. La opinión del Gobierno estuvo atravesada por la exitosa aplicación del impuesto solidario a las grandes fortunas que se sancionó en diciembre de 2020, y que ya alcanzó a más del 80% de los contribuyentes en condiciones de realizar dicho tributo.

3) Con antecedentes en Alemania y Francia, en el primero establecido luego de la caída del Muro de Berlín para la reconstrucción de Alemania del Este, y en el segundo implantado en 1981, eliminado en 1986, y reimplantado con modificaciones hasta la actualidad, el impuesto solidario lleva décadas en funcionamiento con resultados beneficiosos, no solo a nivel de la recaudación sino como un mecanismo para limitar el aumento de las desigualdades.

Existen además ejemplos a escala regional. El año pasado en Brasil se presentó una propuesta de impuestos a los patrimonios a partir de los 10 millones de dólares, con una alícuota inicial de 2,5%. En Ecuador, un sector de la oposición planteó un gravamen a los patrimonios a partir del millón de dólares, con una alícuota única de 0,9%, al igual que en Chile, donde, también la oposición presentó un proyecto para cobrar un impuesto especial denominado “a los súper ricos”, que consiste en un aporte excepcional del 2,5% para los patrimonios iguales o superiores a los 22 millones de dólares. Finalmente la Asamblea boliviana aprobó con éxito el 28 de diciembre del año pasado, un impuesto que grava los patrimonios mayores a los 4,3 millones de dólares con una alícuota de entre el 1.4%, al 2.4%, según corresponda.

El ya mencionado Impuesto solidario de la Argentina, que entró en vigencia el 29 de enero de este año, y con el que se recaudaron 223.000 millones de pesos como resultado de que 10.000 individuos declararon patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, es un buen ejemplo de lo que debemos hacer en materia tributaria y un mejor ejemplo aún de lo que podemos hacer cuando hay decisión política y acompañamiento social. Este aspecto sigue abierto, y sería auspicioso que el gobierno promueva la aplicación permanente de este impuesto que solo recae sobre un muy reducido número de individuos para poder afrontar la crisis y restablecer la situación económica, tomando las enseñanzas de Alemania y de Francia.

En Argentina, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo 440 personas poseen entre el 6.5% y 9% del patrimonio, y el 83% de los bienes los tienen afuera del país. ¿Por qué entonces desde el movimiento obrero no planteamos que es urgente que esos sectores deben hacer un esfuerzo permanente como tantas veces se les ha pedido a las y los trabajadores? ¿Por qué no somos nosotras y nosotros los más preocupados en promover la aplicación inmediata de un impuesto específico para todas las transacciones financieras como lo está haciendo España ahora? ¿Por qué no intentar acelerar los tiempos para la ejecución de un impuesto local a los grandes grupos económicos aprovechando el acuerdo motorizado por el G20?

Un programa para el Movimiento Obrero del futuro debe incorporar nuevas demandas, no solo las reivindicativas sino las que brotan de la situación política concreta y fundamentalmente las que tienen que ver con el modo en que se distribuye la riqueza y que nos enfrenta cara a cara con el Capital. Por eso, a días de haberse cumplido 28 años de la desaparición física de Germán Abdala, vale recordar algunas de sus palabras: “Los trabajadores no necesitamos estar siempre en mameluco y pidiendo por un salario. Los trabajadores pensamos también en el país que tenemos; los sectores populares también tenemos un planteo, una propuesta que hacer. No está solo el discurso de un sector dominante”.

Vivimos en un “tiempo suspendido”, nos dice Álvaro García Lineras (militante popular y ex vicepresidente de Bolivia), donde lo viejo no muere ni lo nuevo termina de alumbrar. Ni los sectores de poder concentrado pueden diseñar un plan que les garantice cierto horizonte de continuidad, ni nosotros, los sectores populares, las y los trabajadores, logramos consolidar proyectos progresistas que inicien un proceso de cambio prolongado. Hay que aprovechar cada momento de este empate hegemónico para que cuando la ola cae de nuestro lado podamos convertirla en un pequeño océano capaz de barrer con esta realidad.

Por Emiliano Correia

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