Las llamadas de José Torello en el nuevo cruce de comunicaciones del caso Indalo

Por Alejandra Dandan

El alcalde porteño es Horacio Rodríguez Larreta Díaz Alberdi, hijo de María Cristina Díaz Alberdi. Entre sus numerosos primos se encuentra Marcela Díaz Alberdi. Marcela es muy amiga de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Entre agosto y septiembre de 2016, ella mantuvo cinco comunicaciones con José Torello, asesor legal de la presidencia de Mauricio Macri, apoderado del PRO, egresado del colegio Cardenal Newman y con despacho en Casa Rosada compartido con Rodríguez Simón. Los dos habían trabajado juntos en el estudio Llerena y Asociados. Las comunicaciones entre la prima Marcela y Torello aparecen en el segundo peritaje pedido por la jueza María Servini a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCo), en la investigación por el hostigamiento y ahogo financiero al grupo Indalo. La prima de Horacio Rodríguez Larreta tiene el mismo apellido que el Grupo Alberdi, una de las empresas que el gobierno buscó para correr a Cristóbal López de AEC S.A., concesionaria de la autopista Ezeiza-Cañuelas. El nombre de Marcela Díaz Alberdi aparece en medio de esas negociaciones.

¿La prima de Larreta es del Grupo Alberdi? Es decir, ¿ella o alguien en su nombre negociaba inversiones en una de las empresas de López? No parece. Desde la zona de investigación, señalan que su nombre no integra el listado de personas del Grupo Alberdi entregadas por las empresas prestatarias ni que ella forma parte de la causa. Sin embargo, la aparición de los llamados, justo cuando el gobierno estaba haciendo las negociaciones con el Grupo Alberdi por la autopista, admite por lo menos una duda.

Grupo Alberdi.

La jueza María Servini firmó la indagatoria a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cuando faltaban tres días para el comienzo del otoño. Esta semana, mientras el excéntrico operador judicial del macrismo usaba el plató de televisión para declararse en rebeldía, el juzgado trabajó en el esperado segundo peritaje de la causa Indalo. Ya concluido e incorporado al expediente, reúne comunicaciones entre el ex Presidente Mauricio Macri, su primera línea de gobierno, empresarios y varios interlocutores en 42 hitos con los principales acontecimientos de la investigación por el desapoderamiento y ahogo financiero de Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primer peritaje había mostrado contactos de Rodríguez Simón con dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Y fue, además, la última razón por la cual la jueza dispuso su indagatoria.

Ahora, el nuevo estudio comienza a develar la intervención directa de otros integrantes del gobierno sobre esa misma línea de tiempo. El caso más novedoso tal vez sea el de José Torello. En las comunicaciones, Torello tiene una presencia menos activa que “Pepín”, pero con un rol semejante como interlocutor del oficialismo. Aparece, por ejemplo, seis días después del encuentro entre Cristóbal López y Mauricio Macri para establecer el primer contacto con el abogado colocado por los empresarios como intermediario. Luego contacta a un socio de Cristóbal López del Hipódromo de Palermo, en el contexto de otra reunión. Y, finalmente, habla en aquellas ocasiones con Marcela Díaz Alberdi.

El Cohete a la Luna accedió al informe completo de los hitos y a un análisis preliminar con una parte del trabajo desglosado. Rodríguez Simón vuelve a aparecer como central. Nuevamente, en contacto con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz: ya no sólo son 59 comunicaciones como en el primer peritaje, ahora con 91 contactos con él, 9 con el teléfono de Guillermina Rosenkrantz y 28 con el estudio de Gabriel Bouzat, antiguo socio del magistrado. Las comunicaciones son anteriores o posteriores a los eventos –probablemente no hayan sido sólo por esa causa– pero la frecuencia lo sitúa como una suerte de consultor al que Rodríguez Simón acudía de manera permanente. En ese sentido, el informe muestra la paradoja del hombre que se siente perseguido por una estructura judicial en cuyo vértice se encuentra, en realidad, la persona promovida por él, quien además es uno de sus grandes amigos.

El peritaje también muestra otros roles. Alberto Abad y Javier Iguacel aparecen con una función clave en la ejecución de las causas, pero también en el contacto con los medios. Y luego brinda pistas para conjeturar el temor que esta causa despierta en Mauricio Macri. El ex Presidente aparece sólo dos veces con intervenciones directas, no llama ni suele ser llamado, pero mantiene presencia constante. Por un lado, a través de gráficos de contactos, y de manera más tácita, atrás de cada uno de los movimientos de los funcionarios de las más altas estructuras del Ejecutivo que, finalmente, le reportaban.

En términos técnicos, la jueza pidió el peritaje a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJuDeCo), con el objeto de estudiar el entramado de comunicaciones de dos grupos de personas (grupo A y grupo B) y de terceros, en un marco temporal delimitado por 10 días anteriores y posteriores a 42 hitos.

Los hitos comienzan el día de las elecciones generales del 25 de octubre de 2015, con el encuentro entre Cristóbal López y Mauricio Macri en la casa de su padre Franco, en Barrio Parque. El todavía candidato le pregunta al empresario qué hará con la línea editorial del canal de noticias C5N, porque él quiere meter presa a la entonces Presidenta Cristina Fernández. Culminan casi cuatro años después, el 9 de agosto de 2019, cuando la esposa de Fabián De Sousa es perseguida en la autopista, aparentemente, por agentes de inteligencia que se presentaron como miembros de la Policía Federal. Entre un momento y otro están «los días de huracanes», como los denomina Fabián Lértora, abogado de Cristóbal López y querellante en la causa: tiempos en que los empresarios estaban paralizados de miedo y esperando golpes que no sabían de dónde iban a llegar.

A continuación, algunos hallazgos:

Hito 1
25 de octubre de 2015

Reunión entre Cristóbal López y Mauricio Macri. A partir del encuentro en casa de Franco Macri, Cristóbal López designa como intermediario con el gobierno al abogado Joaquín Labougle. Seis días después del encuentro, José Torello se comunica con el estudio Cibils-Labougle. Cuatro días después, también hay dos comunicaciones entre “Pepín” Rodríguez Simón y Carlos Rosenkrantz.

Hito 2
12 de diciembre de 2015

Alberto Abad asume como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Luego, “Pepín” Rodríguez Simón, Mauricio Macri y Alberto Abad se comunican con un mismo abonado de Presidencia de la Nación. Durante el período, Rodríguez Simón y Carlos Rosenkrantz mantienen 16 comunicaciones. Rodríguez Simón también comparte dos llamados con el contacto de Gabriel Bouzat. Para entonces, el gobierno tenía en agenda la integración de la Corte Suprema.

El 15 de diciembre de 2016 Clarín anunció la decisión del gobierno de designar a dos jueces “en comisión”. Rodríguez Simón había propuesto el nombre de los candidatos. Las comunicaciones aparecen en ese período.

Hito 4
Febrero y marzo de 2016

Rodríguez Simón se reúne con Cristóbal López y Federico Achaval en el Palacio Duhau. Achaval era socio en el Hipódromo de Palermo. Rodríguez Simón se presenta en nombre de Macri para decirles que empiecen a pagar canon e impuestos del juego a la ciudad de Buenos Aires. De lo contrario, advierte, las consecuencias serán negativas, tanto para sus empresas como para ellos. En total, en dos meses hubo dos o tres reuniones durante las cuales Rodríguez Simón le dijo al abogado Labougle que arregle los honorarios con sus clientes porque empezó la guerra. Entre febrero y marzo de 2016, hubo cuatro comunicaciones entre Fabián Rodríguez Simón y el abonado correspondiente al Hipódromo de Palermo S.A.

Hito 5, 6 y 7
13 a 16 de marzo de 2016

El diario La Nación publica una supuesta deuda de Oil Combustibles con el Estado por 8 mil millones de pesos. La nota desencadenó una serie de hechos clave en la causa: la primera entrevista de Macri en televisión, ese mismo día, en el programa de Luis Majul, con Cristóbal López y Oil como ejes; una resolución de la AFIP que eximió a la empresa del plan de facilidades de pago de deudas; y, dos días después, la denuncia de Elisa Carrió, tramitada por el juzgado de Julián Ercolini, que –tiempo después– desembocó en la detención. ¿Qué dice el peritaje? Sobre todo, menciona contactos con los medios. Tres días antes de la nota de La Nación, se registran comunicaciones entre Rodríguez Simón y Juan Kedzierski de Clarín. Dos días después, Alberto Abad mantiene llamados con un abonado de La Nación. Antes y después, Fabián Rodríguez Simón compartió 14 comunicaciones con Carlos y Guillermina Rosenkrantz, 10 de las cuales se superponen con hitos anteriores.

Hito 16
5 de julio de 2016

Federico Achaval, Ricardo Benedicto y Fabián Rodríguez Simón vuelven a reunirse, esta vez, en casa de “Pepín”. Según Achaval, nuevamente recibieron presiones para pagar impuestos. De lo contrario, iban a abrirles causas penales. El peritaje determinó numerosas comunicaciones entre Fabián Rodríguez Simón y abonados de Casino de Buenos Aires, Hipódromo de Palermo y Joaquín Labougle. También contactos con Carlos Rosenkrantz, su socio y con Horacio Rosatti. Y un día después del hito, con la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El dato más importante, sin embargo, es que también acá aparece José Torello: antes y después de la reunión, se comunicó con un abonado de Toribio P. de Achaval y Cía. S.A..

Hito 18
24 de agosto de 2016

AEC S.A. poseía la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Era una unión transitoria de empresas (UTE) de la que formaba parte Cristóbal López. Antes de diciembre de 2015, como otras concesionarias viales, había dejado de pagar el impuesto conocido como RAE (Recurso de Asignación Específica), en el contexto de un acuerdo con el gobierno como compensación por reajuste tarifario. Con la asunción de Macri, la nueva administración no homologó el acuerdo. Los impuestos no pagados pasaron a contarse como deuda. El gobierno denunció a AEC S.A. pero, en paralelo, propuso a sus integrantes la intervención de un accionista para aportar capital, supeditado a un ajuste de tarifas. El grupo empresario propuesto era el Grupo Alberdi. La propuesta no prosperó.

El hito del 24 de agosto hace referencia a ese episodio. La Dirección Nacional de Vialidad presentó una nota en el Juzgado Federal 10 porque el Grupo Alberdi S.A. quería presentar una oferta. En ese contexto, el peritaje menciona que Fabián Rodríguez Simón mantuvo comunicaciones en fechas anteriores y posteriores al hito con el abogado Labougle, con Carlos Rosenkrantz, con Guillermina Rosenkrantz, con el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y con Presidencia de la Nación. También menciona que Marcela Díaz de Alberdi entabló comunicaciones con Torello siete días antes del evento del 24 de agosto, el mismo día y nueve días después de la presentación de la nota de Vialidad en el juzgado.

El informe no lo dice, pero muestra la mano de un Estado que primero genera una deuda y luego un canal para pagarla a condición de quedarse con la parte del león. Fabián Lértora sostiene: “Para diciembre de 2015 había un retraso tarifario en las autopistas que las compañías compensaban no pagando el RAE hasta ajustar precios. Se hizo un acuerdo de regularización con el Estado, que les reconocía determinada cantidad de deuda. Cuando asumió el gobierno de Macri, Vialidad desconoció la homologación del acuerdo. Y denunció al Grupo (Indalo) por la deuda. Le propusieron a AEC S.A. que el Grupo Alberdi apareciera como accionista con aporte de capital, supeditado a un ajuste de tarifas. Vialidad –y no los inversores– se presentó ante el juez Ercolini para pedirle que autorice el levantamiento de la inhibición. Hace pocas semanas declararon en la causa Vialidad los interventores judiciales de AEC S.A.. Explicaron que se opusieron a ese aporte de capital porque no implicaba ningún beneficio para la compañía, sólo constituía un beneficio para Alberdi. Y también señalaron que si el gobierno reconocía la actualización de tarifas, AEC S.A. era solvente y podía aportar dinero a Oil Combustibles».

Hito 19 y 20
1 al 3 de noviembre de 2016

La AFIP emite la nota 515/2016 y comienza un expediente para impedir a Oil Combustibles el acceso a la moratoria por la deuda de 8.000 millones de pesos. El peritaje señala que antes y después de la resolución, se registraron comunicaciones entre Mauricio Macri y Alberto Remigio Abad. El 26 de octubre de 2016, Mauricio Macri se comunica con un abonado perteneciente a Comercializadora Online S.A. y, al otro día, el abonado de la sociedad mantiene una comunicación con Alberto Remigio Abad. Idéntica situación sucede los días 3 y 4 de noviembre de 2016 con un abonado cuyo titular es Marcodina S.A. . Durante esos días, también hubo comunicaciones entre Abad y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La amenaza

La jueza Servini escribió la hipótesis sobre la que trabaja esta semana en la orden de detención de Rodríguez Simón. Los dos primeros párrafos retoman el hilo narrativo de la denuncia de los empresarios. “En el presente expediente –dijo– se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (AFIP)”.

Conforme lo explicado por el querellante Cristóbal Manuel López, recuerda: “Tales actos habrían sido efectuados como consecuencia de su negativa al pedido expreso del entonces candidato a Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

Cristóbal López agregó en su declaración algo más sobre el rol del ex Presidente: “Todo recurso del Estado que el ingeniero Macri tuvo en sus manos –dijo– por sí o por interpósito funcionario o gente que decía representarlo, fue puesto en función de su objetivo”. Independientemente de la imputación específica en la asociación ilícita, Lértora reflexiona sobre su rol desde la “teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados del poder” del jurista alemán Claus Roxin. Ese enfoque que alude a un «autor detrás del autor» del delito, se aplica en las causas por crímenes de lesa humanidad para pensar responsabilidades de quienes no ejecutaban la tortura, pero la ordenaban desde atrás.

En agosto de 1978, Alfredo Martínez de Hoz disertó en un Congreso de Finanzas. Al terminar, buscó entre los asistentes al empresario René Grassi, entonces director de Industrias Siderúrgicas Grassi y presidente del Banco de Hurlingham, adquirido con el grupo Chavanne a David Graiver.

—Quiero comprar el Banco de Hurlingham —le dijo Martínez de Hoz.

—El banco no está en venta —respondió, no sin temor, Grassi.

—Vos no sabés lo que estás haciendo. Hasta que no te vea arrastrar por el piso, no te voy a dejar en paz.

El diálogo dio título a un microrrelato de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en ocasión del juicio oral que se desarrolla en este momento por el secuestro del grupo empresario, sus familiares y empleados. La continuidad entre uno y otro escenario parece habilitada por algunas palabras de la jueza Servini: desapoderamiento, hostigamiento, ahogo financiero, liquidación y venta de empresas a precio vil para otorgárselas a otros empresarios amigos, en perjuicio de las arcas del Estado.

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