El 7 de enero falleció un niño de una comunidad originaria de Santa Victoria Este. Los motivos son gastroenteritis y diarrea, fatales en un niño desnutrido. Días después murió otro en el mismo departamento. El sábado 11 falleció otro bebé de una comunidad originaria en Ballivián, Departamento San Martín. El pequeño estaba en riesgo nutricional desde el 2018. Ante este cuadro, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el gobernador Sáenz viajaron al norte.
Sáenz empezó su mandato como una continuidad del gobierno de Urtubey. El plan de contingencia estival para todos los parajes del norte empezó tarde y en el marco de un ajuste fiscal que redujo todos los recursos de asistencia social, principalmente de las cooperadoras asistenciales que administran los municipios. Por lo tanto, la ida al norte con funcionarios nacionales es una puesta en escena.
¿Qué es el plan de contingencia estival? Es un plan conjunto de salud, atención social y defensa civil en las comunidades originarias que están repartidas por todo el norte provincial, incluso en la frontera. Geográficamente las comunidades están en la zona del Trópico de Capricornio, las temperaturas en verano superan los 40°, carecen de agua potable, hospitales, caminos, etc.
La mayor cantidad de muertes de niños de las comunidades se produce en verano por la diarrea estival y/u otros problemas gastrointestinales derivados del consumo de agua contaminada y comida en mal estado, que sumado al cuadro de desnutrición resultan fatales. Y no solo mueren niños. En 2016 murieron 21 personas en un paraje por beber agua contaminada de una zanja, ya que estaban aislados por las inundaciones productos de la crecida del Río Pilcomayo.
La mayor carencia de las comunidades originarias es el acceso a la tierra, que les brindaba la posibilidad de recolectar, cazar y el acceso a ríos. Con el avance de la frontera agropecuaria o la explotación maderera, muchas de las comunidades originarias fueron expulsadas o quedaron aisladas y sin recursos, solo dependiendo de la asistencia del Estado, que siempre fue mezquina y miserable. Muchos recuerdan ese video donde les arrojaban bolsones desde un helicóptero.
Las comunidades son abandonadas a su suerte, los pocos hospitales que les quedan cerca están vaciados. Muchas veces ocurrió que madres llegan a un hospital con sus niños ya muertos. Los gobiernos de los últimos 30 años reprodujeron este cuadro de miseria con el viejo mote de que la pobreza es estructural y excede al propio Estado o, peor aún, justificando esto como un problema cultural de las comunidades.
El gobierno de Urtubey, cuando tuvo que tomar cartas en el asunto sobre las muertes por desnutrición infantil, terminó creando negocios tercerizando la atención de la salud a favor de asociaciones oscurantistas. Una de ellas fue ADRA (iglesia adventista) que, mediante un convenio, tenían un médico y huertas comunitarias para que trabajen la tierra “dignamente”, y a cambio de horas de trabajo les daban verduras y un bolsón del Estado. Sostener una huerta en Rivadavia con una manguerita donde hace más de 40° es trabajo esclavo.
Otra megatercerización fue con la fundación CONIN del ultramontano Abel Albino, que fue mucho más allá de hacer huertas. Urtubey les creó el Ministerio de Primera Infancia a cargo de Carlos Abeleira, otro hombre del opus dei. La atención en salud en los parajes se hacían con los médicos de esta fundación, quienes sostenían, igual que el Dr. Albino, que el hambre en las comunidades se debía a que los indígenas tenían relaciones como animales, por eso tenían muchos hijos, la recomendación en salud era la abstinencia. Cada vez que les pedían que rindan cuentas por las muertes por desnutrición infantil decían pavadas como “que la pobreza está en el espíritu y no en lo material”.
Este Ministerio empezó con los Centros de Primera Infancia y los del CONIN y al final del mandato de Urtubey tenían a su cargo una estructura enorme y un presupuesto mayor al del Ministerio de Salud. Todos los programas de atención de familias vulnerables, la secretaria de la niñez, los hogares de niños judicializados y huérfanos estaban a cargo del opus dei. Incluso no está claro hasta qué punto tomaron funciones de atención primaria de la salud, en lo formal dependían del Ministerio de Salud, pero los empleados recibían ordenes de Primera Infancia.
Seguramente Sáenz va a continuar con esta estructura ya que sus lazos con la iglesia son tan o más fuertes que los del gobierno de Urtubey. Pero, al asumir disolvió el Ministerio de Primera Infancia, sin ningún tipo de balance y sin crear ninguna alternativa para atender todas las áreas que estaban bajo su cargo. Claramente una medida para encubrir las responsabilidades de Urtubey y sus funcionarios, que muchos siguen reciclados en otros cargos.
Por lo pronto Sáenz y Arroyo planean firmar el convenio de implementación de la tarjeta Alimentar, que obviamente no les servirá a los más pobres de las comunidades originarias que no tienen ni luz.
Como hemos reclamado desde el Partido Obrero, exigimos un plan de emergencia que destine inmediatamente médicos con dedicación exclusiva, remedios y alimentos a todas las comunidades. Abajo toda forma de tercerización de la salud. También defendimos, con un dictamen propio en la cámara de diputados, el financiamiento a las cooperadoras asistenciales a través de impuestos a los grupos empresarios, ya que el propósito de Sáenz es que paulatinamente desaparezcan.
En los departamentos donde se llevan adelante las actividades económicas más rentables, soja, petróleo, madera es donde están los indicadores de pobreza más terribles. Indudablemente el problema es de clase, tiene que ver con los intereses sociales que defiende la oligarquía salteña, heredera de lo peor del sometimiento colonial, que junto a la iglesia son el sostén de la opresión que golpea a los más pobres, y particularmente a los niños. Sáenz es la continuidad de esos intereses.
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