Por Sol Drincovich
La semana pasada, finalmente, el Gobierno derogó el DNU 690/20 que, en agosto de 2020, declaró a los servicios de telecomunicaciones por suscripción como esenciales. Desde ahora, las compañías pueden fijar el valor de sus tarifas libremente.
Telefonía celular, Internet y TV paga: la medida del Gobierno
En su momento, la entrada en vigencia del DNU 690 implicó que los operadores debieran ser autorizados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para subir los precios, además de estar obligadas a brindar una Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU).
Esa medida terminó de romper la relación entre el Gobierno y las empresas del sector, que calificaron a la norma como inconstitucional y argumentaron que imponía un corset para la industria, limitando las inversiones para el despliegue de infraestructura.
No obstante, los grandes operadores como Telecom Argentina, Telefónica, DirecTV y Telecentro, más las empresas agrupadas en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), lograron eludir la regulación a través de cautelares y definir sus propias tarifas sin pasar por el filtro de Enacom.
La reciente derogación del DNU 690 fue bien recibida por el sector, que ahora podrá fijar precios libremente (en cierta medida ya lo venía haciendo) y acelerar estrategias de inversión para el despliegue, sobre todo de fibra óptica, tecnología en pleno proceso de expansión, también clave para la llegada de 5G.
Enrique Carrier, experto en telecomunicaciones, afirma a iProUP que la medida del Gobierno, además de económica, tiene una carga simbólica: “El hecho de que esa norma estuviera vigente, por más que las empresas quedaron amparadas por una cautelar, implicaba una situación precaria desde el punto de vista jurídico: había que renovarlas y podían caerse en cualquier momento”.
Y añade: “A los ojos de inversores tampoco era una situación que transmitiera estabilidad. Con la derogación puede ser el inicio de un giro regulatorio, menos intervencionista y más liberado, para el mercado”.
Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), también celebró la novedad: “Vemos muy bien la derogación del DNU 690, una resolución errónea, porque declaraba como públicos a servicios que están en competencia”.
En la vereda de enfrente, Gustavo López, ex vicepresidente de Enacom, hace referencia a un retroceso: “Para nosotros era muy importante que se declarara servicio esencial a las telecomunicaciones, porque garantizaba que nadie se quedara afuera por una cuestión económica y recibiera una prestación básica universal”.
“Las empresas podían fijar sus precios libremente, pero tenían que justificar esos aumentos, dando cuenta de sus costos y ganancias. Si no lo hacían, intervenía Enacom. Ahora, se levantó la declaración de servicio público y el consumidor no tiene a nadie que pueda intervenir para garantizar que el precio es justo y razonable“, opina López.
Telefonía celular, Internet y TV paga: qué pasa con los precios
Ahora que los operadores tienen total libertad para fijar sus tarifas de Internet, telefonía móvil y TV Paga, el temor de los abonados es que pueda ocurrir un efecto similar al que se dio con la desregulación de las prepagas, que ya acumulan aumentos del 160% en promedio, resultado de aplicar incrementos todos los meses desde enero.
López asegura que, pese a que los grandes operadores ya venían ajustando por los amparos, puede ocurrir que aumenten aún más ya que ahora no tienen un condicionante.
Se espera que las compañías de internet, celular y cable apliquen ajustes, aunque no tan agresivos como las prepagas
“El problema es que las personas de menores recursos queden desamparadas. Puede pasar que, al competir entre ellas, los precios se regulen, aunque la experiencia nos indica que las grandes empresas nunca discuten a la baja. En todo caso, se ponen de acuerdo en un piso y después se debaten”, enfatiza.
Carrier agrega que los servicios de telecomunicaciones venían actualizando tarifas gracias al recurso judicial, a diferencia de las prepagas que tenían precios pisados. “Lo concreto es que ya aumentaron. Quizá no como querían, sino como podían y por debajo de la inflación”, explica Carrier.
El experto recuerda que, entre agosto de 2020, cuando se emitió el DNU, y diciembre de 2023, cuando se implementaron los últimos incrementos bajo ese régimen:
- La inflación acumulada alcanzó el 950%
- En el mismo período, los operadores con cautelares subieron 660%
- Y los ajustes permitidos por Enacom apenas alcanzaron el 250%
“Esos aumentos autorizados representaron sólo una fracción, cuarto de la inflación total”, dice Carrier, anticipando cuánto podría actualizarse la canasta tecnológica. Hoy, el servicio hogareño (TV paga e Internet de hasta 100 mbps) y cuatro líneas celulares de 3 GB para el grupo familiar cuestan desde $100.000 mensuales.
En la misma línea, Graizer no cree que pueda darse algo parecido a lo que sucedió con las prepagas, porque la mayoría ya venía actualizando importes por la judicialización del decreto y porque el mercado de telecomunicaciones es más competitivo.
“Está sucediendo lo contrario. La competencia es tan fuerte, con zonas del país donde que la guerra de precios es tan grande que los abonos están planchados”, asegura.
Por otro lado, Graizer remarca que “igualmente, el ARPU (promedio de ingresos por usuario) estaba muy bajo y tiene que ir mejorando, aunque paulatinamente, porque la gente realmente tiene problemas y la industria va a acompañar”.
En caso de que esta nueva jugada del Gobierno traiga efectos colaterales, tal como sucedió con prepagas y alimentos, que lejos de regularse se dispararon, habrá que estar atentos a los movimientos de las empresas para cambiarse a la compañía que ofrezca el mejor combo.
