John Essex Pérez Álvarez, alias “El Chato”, fue condenado por ser el jefe de una banda dedicada a interrumpir embarazos en condiciones infrahumanas. El maltrato a la víctima que los llevó a la cárcel y el oscuro rol de una enfermera de Villa Celina

En octubre de 2019, la defensa oficial de John Essex Pérez Álvarez elevó un escrito al Tribunal Oral Federal N°4 con una queja curiosa: Essex Álvarez, alias “El Chato”, tenía un problema con la calificación de concepto que le asignaba el Servicio Penitenciario Federal en su estadía en el penal de Devoto. A fin de cuentas, esa nota, para un preso que discute pedidos de beneficios como salidas transitorias, suele ser todo. La defensa se quejó de supuestas valoraciones arbitrarias. El Tribunal, tras analizar la situacion, decidió recalcular el concepto del detenido: su nueva nota aumentaría un punto, un cuatro. “Regular” se lo consideró.

Sin embargo, el delito por el cual Essex Álvarez fue condenado es de todo menos regular. Es, en términos de una sociedad civilizada, barbarie absoluta.

El 4 de septiembre de 2018, “El Chato”, con domicilio en Lomas del Mirador, dueño de dos autos último modelo, nacido en Perú en 1976, ocupación remisero, un ex chofer a sueldo, recibió la pena de seis años de cárcel junto a su hermano Jeremías y su pareja Lidia Colque, alias “La Reina”, como el jefe de una asociación ilícita de 19 miembros dedicada al contrabando agravado de sustancias que afectan la salud pública, suministro ilegal de sustancias.

La causa contra el remisero y su banda, investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni, con un fallo condenatorio inédito hasta hoy, revela una de las mayores organizaciones dedicada al aborto clandestino en la ciudad de Buenos Aires y en diversos puntos del conurbano: mientras “El Chato” y su hermano entraban y salían del país con dirección a Bolivia en busca de drogas utilizadas para interrumpir embarazos como misoprostol (comprimidos que llamaban “chocolates” o “ganchos” en sus conversaciones privadas), sus volanteras recorrían Ciudadela o Liniers por 300 pesos al día con papelitos con números de teléfonos con la leyenda “consultorio, todo sobre atraso menstrual, trabajos garantizados, consulta gratis”. Con esa publicidad apuntaban a llevar víctimas a cinco supuestos consultorios, piezas sucias y precarias donde mujeres, en su mayoría sin entrenamiento médico alguno, cobraban entre 2800 y 9000 pesos por un aborto clandestino. El precio dependía de cuán avanzada era la gestación.

Las volanteras, si tenían éxito, se llevaban una pequeña prima. El misoprostol, por otra parte, no era la única droga que empleaban. Había una serie de inyectables en su repertorio: sus víctimas de embarazos avanzados eran atravesadas por agujas.

La imputación en contra de John Essex y varios de los 19 miembros de su banda incluyó también el aborto realizado con consentimiento de una mujer. Esa mujer luego perdió la vida, un aborto seguido de muerte.

El hospital Álvarez donde falleció la víctima de la banda: el Estado absorbe los costos mortales del negocio del aborto ilegalEl hospital Álvarez donde falleció la víctima de la banda: el Estado absorbe los costos mortales del negocio del aborto ilegal

Evelyn M. tenía poco menos de 25 años cuando entró al consultorio en la calle Rafaela al 3100 en Ciudadela, detrás de un portón de metal, en los primeros días de abril de 2016. Su hermana había intentado disuadirla durante semanas luego de que le entregaran uno de los volantes de la banda.

El 26 de abril de ese año, Evelyn ingresó a la guardia del Hospital Álvarez. Aseguraba que le habían practicado un aborto, algo que luego negó. Fue operada: quedó entubada en terapia intensiva hasta que perdió la vida. Una hemorragia pulmonar y una sepsis vinculada a una infección ginecológica fueron las causas de muerte. La ginecóloga y obstetra que la recibió aseguró que un cordón umbilical salía de su vagina. La placenta seguía allí. Su ovario derecho había entrado en un estado de necrosis. Según Evelyn misma, había expulsado el feto “tres o cuatro días antes”.

La banda de aborteros ya era investigada desde 2015 con sus líneas intervenidas luego de que efectivos de la división Delitos contra la Salud de la Policía Federal interceptaran los volantes: la muerte de Evelyn disparó una causa paralela, sin conexión al comienzo. La hermana de Evelyn fue quien conectó las tramas: reconoció el consultorio en la calle Rafaela, a “Olivia”, el alias de Honorina Fuentes López, la mujer que le practicó el aborto, a Ingrid Murillo, pareja de Jeremías, hermano de “El Chato”. Fue “Olivia” quien las recibió luego de una llamada: se reunieron en el shopping Liniers, para luego ir a la calle Rafaela. Encontraron otra chica embarazada al llegar, postrada en una camilla.

Así, “Olivia” inyectó a Evelyn. Primero fue una aguja en sus brazos, luego “dos o tres ampollas” de un líquido que fue a sus glúteos. Finalmente, otra inyección en su vagina. Le dijeron que expulsaría el feto que llevaba “en cuestión de seis o siete horas”. Pasaron varios días. El feto seguía allí. Regresó a la falsa clínica, pidió ayuda. La sacaron del brazo, a los gritos.

Quizás fue la hormona oxitocina, empleada para inducir el parto, lo que le inyectaron a Evelyn en Ciudadela. El medicamento fue encontrado en el allanamiento al domicilio en Villa Celina de Virgina Jain, alias “Pao”, enfermera. Jain fue condenada a cinco años y ocho meses de cárcel, una de las penas más duras para los cómplices de “El Chato”. Las escuchas revelaron que supuestamente planeaba practicarle un aborto a una mujer que atravesaba un embarazo de seis meses, un procedimiento draconiano de 12 horas de duración. El precio: 9 mil pesos.

Fuente: Infobae

Por

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat