En medio de la tensión política generada por el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió intervenir durante 1 año el sistema de medios públicos. La medida abarca a la TV Pública, el portal Educ.Ar, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, y se presenta como un paso previo a la privatización.

El objetivo de la intervención es realizar una auditoría integral, modificar la estructura de puestos, contrataciones y contenidos.

Si bien no se trata de una “intervención política” de los medios públicos, ya que -por ahora- los directorios de cada empresa estatal siguen en funciones, el traspaso de todo el sistema comunicacional con participación estatal a la Jefatura de Gabinete pareciera ser el paso previo para su inexorable remate.

A la espera de lo que ocurra en el Congreso, el Ejecutivo crea las condiciones para facilitar la privatización de los medios, quitándolos de la órbita de la Secretaría de Comunicación y Prensa -a cargo de un debilitado Eduardo Serenellini- para que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sea el funcionario que aplique las políticas anunciadas unas y otras veces por el gobierno nacional.

De hecho, el desfinanciamiento y la falta de una planificación artística de los medios fueron las primeras señales de la ola privatizadora que Milei ya puso en marcha y que espera sumar el aval del Congreso.

Para este fin se nombrará como interventor a Diego Chaher, quien será acompañado por Diego Marias como interventor adjunto.

Una vez que la medida se oficialice en el Boletín oOficial, tendrá validez por un año. De todas maneras, el decreto aclara que el período podrá ser prorrogado por única vez si así lo define la Jefatura de Gabinete de ministros.

La letra del decreto conocido este sábado justifica la intervención al decir que se realiza para lograr “una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público”. Y agrega que “resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”.

En ese sentido, deja en claro que el objetivo final del proceso es comenzar un camino hacia la posible privatización de los distintos medios del Estado. Sobre esto, recuerda que el “mega DNU” de Javier Milei “dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades”.

Y agrega: ·”En virtud de ello, a los efectos de llevar a cabo dicha transformación, resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”.

El decreto 111/2024 es taxativo en las facultades que le otorga a Posee. El artículo 12 le da el poder de “intervenir, de conformidad con las pautas y lineamientos impartidos por el Jefe de Gabinete de Ministros, en la administración y funcionamiento de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E., integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE)”. Mismo poder le concede en el artículo 13 para “TÉLAM S.E. y de CONTENIDOS PÚBLICOS S.E., así como en la operación, desarrollo y explotación del contenido y funcionamiento del Polo de Producción Audiovisual y de las señales integrantes de dicha sociedad”.

Hay que tener en cuenta que Contenidos Públicos SE es la sociedad estatal que se encarga de la producción y distribución de los canales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y del portal Contar.

Claro que Posse no es el único que se fortalece dentro del gobierno. El mismo decreto le otorga mayor poder a la Secretaría General de la presidencia, a cargo de Karina Milei, a quien le traspasa facultades vinculadas a la comunicación oficial que hasta ahora estaban bajo la órbita de Serenellini.

Por ejemplo, la subsecretaria de Vocería (a cargo de Manuel Adorni) y de Comunicación de Gobierno (Javier Lanari) pasan a depender de la hermana del presidente, quien concentra con este decreto todos los aspectos y medios relacionados a la comunicación presidencial, que van desde el manejo de redes sociales hasta lo relativo a las transmisiones de mensajes presidenciales, incluyendo las tareas de producción, edición y fotografía.

Según el DNU difundido en las últimas horas, los interventores estarán facultados para realizar las siguientes acciones en el sistema de medios estatales:

  1. Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.
  2. Evaluar, modificar el estatuto para el personal del organismo y/o aprobar uno nuevo.
  3. Evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo.
  4. Modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo.
  5. Modificar la denominación de los organismos, previa conformidad del Poder Ejecutivo Nacional.
  6. Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva.
  7. Revisar la administración de compras y contrataciones.
  8. Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos.
  9. Presentar la rendición de cuentas.
  10. Operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas.
  11. Designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.

Además, el decreto aclara que el detalle anterior es “solo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del interventor y del interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios”.

Por admin