En el marco del Día del Periodista, este viernes 7 de junio desde las 13:30, sindicatos, federaciones, asociaciones y redes de trabajadoras y trabajadores de prensa, realizarán un acto «en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información» en Bolívar 531 (sede de la agencia nacional Télam). El día de conmemoración coincide con el accionar del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que denunció penalmente a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por presunta «instigación a cometer delitos», luego de que opinaran sobre los escándalos de corrupción en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que se desató tras revelarse que ocultaba al menos 5 millones de kilos de alimentos para los comedores populares en dos galpones estatales. En tanto, una encuesta del SiPreBA realizada a trabajadores/as de prensa de diferentes medios, arroja que tres de cada cuatro periodistas del AMBA cobran sueldos de pobreza y dicen que la libertad de expresión empeoró con Javier Milei. Por ANRed.


En el marco del Día del Periodista, este viernes 7 de junio desde las 13:30, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Periodistas Argentinas, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC), la Red de Carreras de Comunicación de la Argentina (RedCom), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación, Ciencias de Comunicación UBA (Comu) y el Frente Cultural Federal (FCF), realizarán un acto «en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información» en Bolívar 531 (sede de la agencia nacional Télam).

Allí, leerán el documento conjunto titulado «Un día del periodista sin libertad de expresión» (al que se puede adherir firmando aquí), presentarán la encuesta anual sobre la situación socioeconómica del trabajo en prensa en el AMBA y habrá un camarazo de ARGRA.

«La República Argentina asiste a uno de los peores momentos para el ejercicio de la libertad de expresión de los últimos 40 años de vida democrática – comienza la solicitada conjunta que leerán en el acto y que circula en redes sociales – En estos primeros seis meses, la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente Javier Milei, una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público – como en la asunción presidencial sin reporteros gráficos o jura de ministros sin acreditados -, y ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la parálisis del FOMECA. A esto se suma una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Télam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y Contenidos Públicos S.E. y en particular un ataque a su rol federal, a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia. También se produjeron ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores», denuncian.

En la misma línea, agregan: «los hechos enumerados van en sintonía con una política de ataque más general a la cultura, que incluye el desguace del INCAA, el vaciamiento del ENaCom y la prohibición de toda discursividad orientada a no reproducir la desigualdad de género. Quienes trabajamos en prensa estamos viviendo una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información, que están consagradas en la Constitución nacional y son la base de la democracia que logramos construir en estos 40 años. El proceso democrático tuvo errores, tiene deudas, pero destruirlo no hará mejor la vida en este país. El periodismo es una herramienta fundamental para mejorar la sociedad democrática en base a una ciudadanía bien informada y no puede ser reemplazado por las redes sociales, que cumplen otra función. Esto se da en un contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión», advierten.

«Todas las evaluaciones de libertad de expresión de universidades, sindicatos, foros y asociaciones de periodistas y comunicadores demuestran que en estos seis meses se han incrementado los ataques a la prensa y que la mayoría de ellos provienen del Presidente de la Nación o de sus políticas públicas, con el intento de cierre de Télam como la más grave pero no la única – denuncian – Las obligaciones de abstención de censura de parte del Estado y el compromiso con las políticas públicas de fomento de la cultura y la comunicación inclusiva son parte necesaria del resguardo de una sociedad que no derive hacia el autoritarismo».

Para finalizar, remarcan: «a contramano de todas estas políticas, el Estado Argentino firmó – en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa – una declaración promovida por UNESCO junto a más de 30 países a favor del respeto de la libre expresión. Las y los abajo firmantes exigimos que se reviertan las políticas que detallamos aquí, que niegan rotundamente lo firmado por el gobierno argentino, y hacemos saber al mundo de lo que sucede en nuestro país con el periodismo, la comunicación y la libertad de expresión», finaliza la solicitada conjunta.

En la previa del Día del Periodista, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunció penalmente a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos

Imagen de Mariano Cúneo Libarona. Foto: cortesía Universidad del Museo Social Argentino.

En este marco, este martes 4 de junio el ministro de JusticiaMariano Cúneo Libaronadenunció penalmente a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos, por presunta «instigación a cometer delitos«, luego de que opinaran negativamente sobre los escándalos de corrupción, sobresueldos, amigos rugbiers ñoquis y renuncias masivas en el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, luego de que se destapara la olla de que el ministerio escondía y dejaba vencer al menos 5 millones de kilos de comida en galpones estatales ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli y de la provincia de Tucumán.

En declaraciones a La Política Online, Nancy Pazos señaló: «la situación es horrible, si quieren intimidar a otros periodistas, lo están logrando. Yo no soy igual que ayer antes de recibir la denuncia. Él no puede salirse de su rol, ser ministro le da poder: toda la Justicia está mirando lo que hace. Intenté ponerme en la cabeza de Milei, que había dicho que la gente iba a resolver cómo no morirse de hambre. Pensé en la comida sin repartir y dije que la gente podía ir a los depósitos y que los aplaudiría. Quería marcar que el Estado no estaba ejerciendo su rol«, explicó.

Y agregó: «sé que esa presentación hizo mucho ruido porque hablé de la Ley Bases y la comparé con la Banelco. Lo que hizo Cúneo no es una jugada inteligente. Tal vez quiere distraer la atención», marcó Pazos, cuya causa fue a parar al juzgado de Ariel Lijo, juez que el gobierno quiere para integrar la Corte Suprema, por lo que la periodista adelantó que pedirá que se aparte de la causa.

Nancy Pazos y Darío Villarruel, los periodistas denunciados penalmente por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En tanto, la causa contra Villarruel cayó en el juzgado de Sebastián Ramos y será instruída por Eduardo Taiano. Villarruel, que además es abogado, argumentó en declaraciones a Radio Splendid: «en un gobierno en el que rige la palabra ‘libertad’, ejerciendo el periodismo y siendo abogado, estoy totalmente anonadado desde el punto de vista jurídico. No hay personas condenadas por delito de instigación. Ante cualquier cosa que digamos estaríamos instigando».

«Esto va a ser un derrotero judicial y mediático, porque hay miles de periodistas que a lo mejor se pueden sentir con miedo de decir algo porque les puede caer una denuncia», agregó el conductor radial, que en una historia en su perfil, expresó: «Cúneo Libarona me acusa ante el juez Lijo y pide 6 años de prisión para mí. ¿El delito? Opinar».

Tres de cada cuatro periodistas del AMBA tienen sueldos de pobreza y dicen que la libertad de expresión empeoró con Milei

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realizó su Encuesta Integral sobre la situación socioeconómica de trabajadores/as de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del año 2024, que alcanzó a más de mil trabajadores y trabajadoras de prensa del AMBA y de medios nacionales como Infobae, América TV, Clarín, Olé, La Nación, Telefé, Ámbito Financiero, Crónica, Canal 9, Télam, Diario Popular, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista y la Televisión Pública.

La misma arroja que «en medio de los ataques al periodismo, el 76% de quienes trabajan en prensa en el AMBA cobra por debajo de la línea de pobreza», y que «hay que sumar un contexto político que pone al ejercicio del trabajo en prensa en el peor de los contextos de los últimos 40 años».

En tanto, también informa que ese 76% «sube al 92% en el sector de prensa escrita y trepa hasta el 98% en la categoría testigo (redactor/a) de esa rama». Mientras que en las radios la situación no es mejor, ya que «el 83% tiene ingresos inferiores a esa escala». Asimismo, «en prensa televisada la situación parece ser mejor, ya que el porcentaje desciende a 49%. No obstante, supone un aumento de 40 puntos respecto al año anterior».

En resumen, «esto implica que apenas el 6,5% del total de las personas respondentes tiene un sueldo en su principal empleo que le alcanza para vivir (una caída de diez puntos respecto a 2023)», concluyen.

En cuanto al pluriempleo, el informe arroja: «el 52% de las personas encuestadas afirmó tener dos o más trabajos remunerados, porcentaje similar al de 2023, año en que se había registrado un aumento grande respecto al anterior. Del total, el 31% tiene dos empleos y el 21% tres trabajos o más. Entre quienes tienen más de un empleo, el 77% afirmó que se debe a que el sueldo no le alcanza, lo que muestra un crecimiento de 5 puntos porcentuales respecto al 2023″.

En cuanto a la precarización laboral, «de la mano de la lógica de una creciente cantidad de empleos acompañada de una merma salarial, entre las personas que padecen las peores condiciones de precarización en el sector, en muchos casos bajo los eufemismos de ‘freelance’ o ‘colaboradores’, el 70% trabaja en dos o más medios. La gran mayoría, el 78%, factura por valores inferiores a la canasta básica. Mientras que un 74% de este sector precarizado afirmó tener otros trabajos por fuera del gremio de prensa, obligado por la urgente situación económica de la actividad.

En el caso de los medios comunitarios, alternativos y populares, el 11% de quienes respondieron la Encuesta Integral del SiPreBA trabajan en ese tipo de medios y, del total, el 43% tiene como principal fuente de ingresos su tarea en medios autogestivos, el 7% otro trabajo en prensa y el 50% tiene que subsistir en base a otro empleo por fuera de la actividad. Entre las personas respondentes del sector que perciben ingresos, sólo el 34% tuvo aumentos durante el último año. La eliminación de la pauta publicitaria estatal -y la deuda que el Estado mantiene con medios CAP en materia de este concepto- los afectó directamente.

Ante este complejo escenario, desde el SiPreBA llaman a «fortalecer la organización colectiva para abordar nuestros conflictos, enfrentar las situaciones que se describen en estas páginas y reforzar la defensa de un oficio que es fundamental para la democracia».

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