Al “Los voy a dejar sin un peso” lanzado por Milei hacia la comparsa gobernadora le correspondió un clamor que multiplicó horas de indignación en medios, redes y cualquier rincón político. La amenaza no pasó de las palabras. Días atrás, ante el anuncio de la movilización y paro proclamado por las y los trabajadores, la estrategia extorsiva fue materializada: el presidente y su equipo volteó el llamado al Consejo del Salario para definir un reacomodamiento del estropeado Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), previsto para enero. Punto de referencia de trabajadores informales y programas sociales, el abandonado haber mínimo, a la fecha, se estableció en el lejano septiembre de 2023, con una suba escalonada que dejó al ingreso básico en $156.000 pesos. Con la escalada de precios en diciembre, el poder adquisitivo del SMVM quedó 26,7 por ciento por debajo del nivel del mismo mes de 2019. Aún falta el índice de enero. Por Máximo Paz, para ANRed.


La etapa Milei comenzó con muchas enunciaciones. Una llamativa: desde la cartera de Trabajo se lanzó el anuncio para modificar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Así fue que, a poco de asumir, el secretario de TrabajoOmar Yasín, manifestó su intensión de convocar al Consejo del Salario “posiblemente los primeros días de enero”, porque “habrá que aumentarlo desde enero en un porcentaje bastante considerable”. Era el inicio del desembarco del flamante equipo. Las relaciones con las fuerzas políticas y sociales – Confederación General del Trabajo (CGT) incluida – estaban a punto de iniciarse.

Cuando los primeros días de enero pasaron, Milei lanzó por los medios la llamada Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70. Ambas medidas encarnaron lo que la motosierra empuñada en campaña metaforizaba. Cada pedazo nacional que gravita las diferentes clases sociales comenzó a calcular cuánto y cuándo perdía. Alguna llamativa porción del zócalo social -las y los trabajadores-, apareció aquél día del anuncio amuchada en innumerables esquinas urbanas golpeando las simbólicas cacerolas.

El DNU de desregulación de la economía tuvo y tiene la intensión de desarmar, a pesar de sus mutilaciones a lo largo de este tiempo, la estructura de derechos y escudos legales del cuerpo asalariado argentino. De los tantísimos ítems, el que ordena que los empleadores no puedan descontar del recibo de sueldo del empleado cuotas, aportes periódicos o contribuciones que estuvieran obligados los trabajadores, como en el caso de los aportes sindicales, perturbó a la CGT.

Las tensiones con la corporación sindical comenzaron a manifestarse. La espiral creció y el triunviro cegetista decidió hacer lo que no acostumbra: convocó a un paro y movilización para el 24 de enero. Las charlas y la posible reunión cayeron al abismo de la revancha oficialista. Hoy, aún, no hay fecha para recomponer la base salarial de referencia de millones de trabajadores en un contexto de cruel inflación.

El último acuerdo sobre el haber en cuestión fue el 27 de septiembre del año pasado. La suba consensuada fue 32,2 por ciento hacia final del año en tres tramos mensuales. El sueldo mínimo de 118.000 pesos consiguió el monto actual de 156.000 pesos. La inflación del último trimestre de 2023 fue del 46,6 por ciento (8,3 en octubre, 12,8 en noviembre y 25.5 en diciembre). La recomposición del SMVM se vislumbra como una cuestión urgente.

Traducido en dólares, la consultora Statist emitió que el salario mínimo para las fiestas navideñas quedó en 152 billetes norteamericanos y, en consecuencia, abajo en la tabla latinoamericana, en descenso directo junto con Venezuela (3,61 dólares por mes).

Lejos de la realidad, el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744, el Salario Mínimo Vital y Móvil lo precisa como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

El ajuste del haber mínimo es determinado habitualmente por el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario, 32 agentes compartidos entre la CGT, las dos CTA, las cámaras patronales (comercio, industria, construcción, banca, pymes y bursátil), el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales). El Estado oficia de árbitro y, a su vez, tiene el poder de laudar si no hay acuerdo entre las partes.

Además del grueso universo de trabajadoras y trabajadores informales, el SMVM interviene como monto de referencia para programas sociales como las becas Progresar, el Potenciar Trabajo y los seguros de desempleo.

Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina advirtió que solo en diciembre el haber mínimo se redujo un 14,8% en términos reales tras la fuerte suba de precios.

Los desocupados que son parte de las organizaciones sociales, cooperativas y sus emprendimientos perciben solo la mitad de esa suma, es decir $78.000. Son salarios de hambre cuando la canasta de indigencia fue de $240.679 en diciembre, según el Indec.

Cifra analiza que la pérdida del poder de compra del salario mínimo no es exclusiva del gobierno de Milei. Así, el haber mínimo perdió un 25% de su poder adquisitivo durante el macrismo, y a ello se sumó una caída adicional del 10% durante el primer año del gobierno de Fernández, que luego no se recuperó.

En diciembre el salario mínimo representó menos de un tercio de la canasta de pobreza (Canasta Básica Total) que elabora el Indec, que se ubicó en casi $500.000 para dos personas adultas y dos menores.

La cifra, en cambio, impacta más para los asalariados no registrados- el 36, 8 por ciento cobra menos que el SMVM, guarismo que aumenta a 69,5 por ciento si se hace doble click en las empleadas de casas particulares-. Para los trabajadores informales, el salario mínimo impacta indirectamente, ya que establece un piso de remuneraciones como referencia para ese sector del mercado laboral.

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