Por Juan Carlos Junio

El discurso del presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, cuyo verdadero propósito es realizar un balance y plantear las perspectivas futuras de la gestión del Gobierno, se transformó, como era de esperar, en una serie de diatribas descalificantes del Parlamento como tal, y del conjunto de diputados y diputadas, al que Milei continúa acusando de ser parte de «la casta» responsable, según su perspectiva, de la «catástrofe » y la «decadencia » del país.
El mensaje del 1° de marzo había sido precedido de la más grande ofensa que se recuerde en la Cámara, cuando acusó al Parlamento de ser un nido de ratas. Ningún presidente había llegado tan lejos en sus agravios.
Como corolario de un discurso en el que se soslayaron todas las consecuencias sociales de la gestión de los últimos 80 días –como el crecimiento de la pobreza y la indigencia a niveles récord– el presidente decidió convocar a un pacto con la oposición. Lo que surgió es que el Gobierno continúa con el planteo de rendición incondicional a su línea política, que fue sustentado en la denominada ley Ómnibus, precisamente derrotada en la Cámara de Diputados.
En tal sentido, la evaluación del Fondo Monetario Internacional es que el plan es muy bueno, ya que esta vez se está produciendo un ajuste brutal del Estado y la virtual negación de su rol como tal. De ese modo se estarían conculcando los derechos laborales a los efectos de potenciar las ganancias de las grandes corporaciones. Sin embargo, según los dichos de Gita Gopinath, la número dos de ese organismo, resulta imprescindible, para poder concretar ese programa, que haya cierto consenso social. 
De hecho, en su discurso el presidente obvió decir que su principal socio político actual, el PRO, es el responsable del endeudamiento más importante de la historia argentina, contraído durante la presidencia de Mauricio Macri. En la rebeldía y las imposturas que muestra el presidente no se incluye el cuestionamiento de esa deuda. Muy por el contrario, su cumplimiento se ha transformado en un punto central de sus políticas. 
En una palabra, Milei intenta transformar la derrota de la ley Ómnibus en un triunfo, especulando con que el Parlamento y los gobernadores esta vez se van a subordinar y entonces podrá seguir adelante con su proyecto. Con ese propósito utiliza el chantaje económico, aunque sea violatorio de las leyes. 
Es dable aclarar que paralelamente en el Senado de la Nación se fue generando una dinámica que va a conduciendo al cuestionamiento del otro gran pilar del plan del Gobierno nacional, que es el DNU.
Resulta imprescindible destacar el concluyente e irrestricto apoyo al programa del presidente de las organizaciones representativas del establishment, entre las que figuran la AnCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina), AEA (Asociación Empresarial Argentina), UIA (Unión Industrial Argentina), IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), ABA (Asociación de Bancos de la Argentina), la Sociedad Rural y Camarco (Cámara Argentina de la Construcción).
Este apoyo no deja dudas del sentido político de los denominados «diez puntos del nuevo orden argentino» y particularmente de quiénes sienten que serán los ganadores. Queda claro que el establishment privilegia la potenciación de sus ganancias, para lo cual no trepidan en dejar de lado los planteos republicanistas y democratistas con los que suelen embellecer sus declaraciones. 
Pero existe otro protagonista en ciernes que seguramente, a lo largo de marzo y abril, irá creciendo en sus manifestaciones: la ciudadanía, el pueblo, que tiene previsto llenar las calles y plazas de toda la geografía del país el 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y el 24 de marzo, cuando, como siempre, recordará a los 30.000 desaparecidos y homenajeará a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con una repercusión que este año será, sin dudas, de las más grandes de la historia. 
Es esperable también que muchas organizaciones sindicales y sociales se vayan pronunciando en defensa de sus intereses específicos, ya que sus bases están siendo muy agredidas por la pérdida de derechos laborales y por el desbocado crecimiento de los precios de los alimentos, medicamentos y transporte y las tarifas de servicios públicos.

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