Ayer se cumplio un mes desde que Javier Milei asumió la presidencia. En estos 30 días, puso en marcha su trilogía de medidas de ajuste, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el paquete legislativo, conocido como “Ley Ómnibus”, para lograr una desregulación de la economía, vía “motosierra” al Estado.

Pese a las ampulosas intenciones de las autodenominadas “fuerzas del cielo” de retirar al Estado de su rol de regulador de la economía, el nuevo Gobierno se encontró con trabas en los dos poderes restantes, Judicial y Legislativo, y en sectores políticos y sociales.

Si bien la Corte Suprema de Justicia aceptó evaluar el DNU después del pedido de inconstitucionalidad presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una cautelar para suspender el capítulo laboral del decreto, a la que se sumaron otros fallos judiciales en esa misma dirección.

Sin embargo, el envío de un megaproyecto con múltiples reformas en la “Ley Ómnibus” en la primera semana del año y con premura para su aprobación, fastidia incluso a los aliados extrapartidarios que tienen intenciones de acompañar al oficialismo.

La Libertad Avanza (LLA) tiene 38 diputados propios y 7 senadores. O sea, poco y nada para manejar el Congreso. Lejos de haber intentado una política de seducción con legisladores de otros bloques, Milei no tuvo mejor idea que acusarlos de coimeros por la decisión de debatir los proyectos de ley.

Este fastidio opositor se profundiza si a esto se le suma el envío de cientos de reformas de leyes que forman parte del DNU y el anuncio del asesor Federico Sturzenegger de que aún hay más. Como trasfondo, la construcción de estos consensos cuenta con la presión extra de la orden de Milei a sus diputados: “No se negocia nada”.

El 12 de diciembre, el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaba el plan motosierra con el que pretende terminar con la inflación, reducir el Estado, y liberar de una vez y para siempre la economía. En esa línea anunció la devaluación de casi 120 % del peso argentino respecto del dólar. Esto provocó no sólo una feroz pérdida del poder adquisitivo de los salarios sino una rápida elevación de los precios que, sin control estatal, crece de manera desmesurada y, por ahora, sin techo.

En síntesis, el presidente generó un terremoto económico en apenas 30 días: las naftas subieron 85 %, las prepagas un 70 %, los alimentos en un promedio del 30 % y el transporte un 45 %. Todavía faltan los tarifazos en los servicios públicos, gas, luz y agua. Y una nueva devaluación, que algunos especialistas adelantan que será en marzo. 

Por eso, se calienta la calle. Y ahí fue la primera traba que tuvo el Gobierno, tras el anuncio del DNU y las brutales medidas de ajustes. Volvieron los cacerolazos frente al Congreso, también se repitieron en las semanas siguientes, cuando se difundió la ley “Ómnibus”. A esto se le sumó la primera movilización de la CGT, y la confirmación de un paro nacional para el 24 de enero.

En el medio hubo tiempo para abrir la carpa del circo: una ida al teatro a ver a su novia, una foto con su pie, ataques a periodistas, el show de Olivos con sus perros, entrevista con Mirtha Legrand, su vestimenta de campera negra en pleno verano, y un uso político desproporcionado de su conversión al judaísmo que generó críticas.

Por su parte, Patricia Bullrich logró concentrar gran parte de la atención mediática con el anuncio de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad para impedir las manifestaciones sociales que corten calles. La resolución ministerial provocó que centenares de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos hicieran presentaciones ante organismos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos. La estrategia fue coordinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A manera de símbolo de lo que pasó hace exactamente un mes atrás, el primer día de Javier Milei como presidente fue la crónica de una tormenta anunciada: le dio la espalda al Congreso y a los diputados y senadores. No quiso hablar ante la Asamblea Legislativa. Y hoy su futuro inmediato depende en gran parte de esos legisladores a los que ninguneó

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