A pesar de la represión contra ancianos y niños el pasado jueves, la comunidad de la nación Diaguita en Peñas Negras, Catamarca, sigue resistiendo la intromisión minera. Desde hoy a la mañana, la comunidad mantiene un corte en la ruta  43 por tiempo indeterminado ante la instalación por la fuerza y sin consenso de un destacamento policial y de personal de la empresa Elevado Gold para realizar tareas de exploración. La comunidad rechazó en reiteradas ocasiones la posibilidad que en sus tierras se realice actividad minera. El gobierno de Jalil mantiene diálogo con la empresa pero niega comunicarse con las comunidades. Los comuneros denuncian que los representantes el estado provincial los abandonaron y quebraron las garantías. Por ello han decidido apelar a organismos internacionales. Por ANRed.


Ayer, las comunidades indígenas que son parte de la nación Diaguita de Belén y Tinogasta se reunieron en asamblea y decidieron tomar la medida de fuerza y cortar la ruta provincial 43 a la altura de Pozuelos, en Belén. La decisión es porque no están teniendo ninguna respuesta de parte del gobierno y la avanzada judicial ordeno la instalación de un destacamento policial con la excusa de proteger a la comunidad, «lo cierto es que la policía esta garantizando que el personal de la empresa minera haga su trabajo».

El ataque contra la comunidad se consolidad el pasado 12 de abril en donde una operativo brutal de la infantería de la provincia por orden de la fiscal de Belén, Marina Villagra, baleó y golpeo a indígenas que intentaron detener el avance del personal minero custodiado por la policía. Entre los agredidos se pudo ver la imágenes de don Félix Escalante, de 80 años, habitante de la Comunidad de Peñas Negras recibiendo golpes.

En esta zona el gobierno catamarqueño impulsa un proyecto de exploración minera de la empresa Elevado Gold. Han lanzado un operativo para conquistar voluntades a pesar de la negativa de las comunidades. Como explica la abogada Andrea Morales Leanza.

El Ministerio de Minería de Catamarca habría renovado el permiso de exploración a la empresa a pesar que la comunidad decidió y documentó en asamblea frente a la secretaria de minería Teresita Regalado y el secretario de afirmación indígena Emmanuel Fiol, que no daba su consentimiento para el proyecto minero.

Los comuneros denunciaron que hay camionetas mineras que están eludiendo el corte de las comunidades en la ruta. Señalaron que los vehículos habrían ingresado por una reserva protegida, la Laguna Blanca. También alertaron que están ingresando más efectivos de las fuerzas de seguridad.

Ante la intrusión policial y de la minera, la comunidad realizó una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias.

A través de un comunicado, dieron a conocer la decisión de recurrir a organismos internacionales como el Comité CERD (Comité de erradicación y eliminación de la discriminación racial), CIDH (Comisión Interamericana de Derechos humanos). A continuación, el comunicado completo:

«En función de los hechos sufridos, la comunidad indígena de Peñas Negras con acompañamiento de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita toma la decisión de recurrir a organismos internacionales.

El día 11 de abril, el conflicto entre la Empresa Elevado Gold y la comunidad indígena de Peñas Negras, llegó a un punto de máxima violencia, cuando la Policía Provincial, siguiendo directivas de la fiscal Marina Villagra, irrumpieron por la fuerza, junto con empleados de la empresa, en territorios de la citada comunidad. En esta oportunidad, según los testimonios y videos que se hicieron virales, los que irrumpen de manera violenta, se arrogaron “ser la ley”, desconociendo todo derecho a las familias comuneras, que son ancestralmente, no solo las ocupantes de ese territorio, sino que son una comunidad que tiene en trámite en el INAI (instituto nacional de asuntos indígenas), la personería jurídica.

Los integrantes de esta comunidad, sienten que los representantes del estado provincial, no solo los abandonaron a su suerte, sino que de hecho con el accionar de las autoridades quebraron las garantías. Esta convicción ha hecho, que decidan, sin que esto signifique abandonar otros caminos, apelar a organismos internacionales. Entre estos organismos se encuentran: Comité CERD (Comité de erradicación y eliminación de la discriminación racial), y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Es clave resaltar que la Convención CERD (ONU), tiene rango constitucional en la República Argentina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), está suscripta por Ley de la Nación.»

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