Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de la suspensión de la pauta publicitaria oficial, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresó: «alertamos que la decisión impactará en el acceso de la sociedad a la información pública, obligación del Estado e imprescindible para la vida en común, así como también en quienes trabajan en medios de comunicación, con o sin fines de lucro. Las plataformas, que no tienen ninguna regulación y no producen contenidos, no reemplazan a los medios de comunicación». Martín Becerra, profesor e investigador del Conicet especializado en medios, advirtió: «hay una lógica que conecta la suspensión con el escamoteo público de actos de gobierno, como la jura de ministros del gabinete o la reunión entre Milei y el enviado del gobierno chino, que sólo fue informada por China». En tanto, Agustín Espada, investigador del Conicet y Director de la Maestría en Industrias Culturales (UNQ) consideró: «asistiremos a una sociedad con menor diversidad de voces, trabajadores más precarizados, menor calidad de noticias y entretenimiento, reducción de la transparencia de la gestión gubernamental y menor calidad del debate público». Por ANRed.

En un comunicado titulado «La suspensión de la pauta oficial afecta el derecho a la información y el trabajo en prensa«, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) rechazó la medida del gobierno de Javier Milei: «a partir del anuncio del vocero presidencial, desde el SiPreBA alertamos que la decisión impactará en el acceso de la sociedad a la información pública, obligación del Estado e imprescindible para la vida en común, así como también en quienes trabajan en medios de comunicación, con o sin fines de lucro. La suspensión de la pauta publicitaria oficial anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, este martes 12/12, afecta a toda la ciudadanía en su derecho a la información, clave para la vida en común en sociedad, por ejemplo, en cuanto a campañas sobre salud, educación, transporte y mucho más, respecto de las que el Estado nacional está obligado a brindar».

Asimismo, consideró: «la decisión impactará en cientos de medios de comunicación, con y sin fines de lucro, en los que hay miles de trabajadoras y trabajadores de prensa a quienes representamos. Desde el SiPreBA defendemos sus derechos, sus salarios y sus ingresos, en una actividad precarizada y con una pérdida de poder adquisitivo del 51% en los últimos cinco años. Las plataformas, que no tienen ninguna regulación y no producen contenidos, no reemplazan a los medios de comunicación en su rol de informar. Tampoco a quienes salen a la calle a buscar noticias, a quienes operan una consola o al cadete de un medio, ni a quien informa sobre el estado del tránsito o saca fotos en un partido de fútbol».

Foto: Agencia Télam.

«Con las redes de medios comunitarios y autogestivos, en conjunto con otros sindicatos y sectores de la comunicación, desde hace años reclamamos que la pauta oficial sea democrática y federal – continúa el comunicado – El Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan. Esta decisión anunciada, por el contrario, anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Medidas de este tipo, además, aumentan la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces», finaliza el comunicado del sindicato de prensa, fechado el 12 de diciembre de 2023

En tanto, en sus redes sociales Martín Becerra, profesor de la UBA y la UNQ e investigador del Conicet especializado en medios, coincidió con el SiPreBA: «la función central de la publicidad oficial es dar a conocer los actos de gobiernoEs un principio republicano y es una obligación constitucional de todo gobierno. De ahí que, desde 1810 en adelante, existe la publicidad oficial. Cierto es que su función se fue desvirtuando. El acceso a la información pública es el derecho que guía y organiza, en todo el mundo, la planificación de actos de comunicación de los gobiernos. Por eso, su disposición debe ser universal (no alcanza con que un funcionario tuitee un contenido; debe ser accesible para todos)«, destacó.

Tras historizar los diversos idas y vueltas e intentos de modificación de diferentes gobiernos en la aplicación del mecanismo de la pauta publicitaria oficial, consideró: «la suspensión de la pauta anunciada por el vocero de Milei, si se cumple, será más problemática para empresas medianas y pequeñas que para grupos más grandes (que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios), ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado. Si se cumple, aumentará la presión de medios grandes, medianos y pequeños sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuente alternativa de dinero, y sobre los provinciales».

«A pesar de la falta de información sobre la ‘letra chica» del anuncio, nadie puede sorprenderse, porque es algo que Milei como candidato había anunciado en una de sus etapas de enojo con (algunas/os) medios y periodistas, a quienes calificó de ‘ensobrados’ «, recordó. Ya finalizó: «hay una lógica que conecta la suspensión de publicidad oficial con el escamoteo público de actos de gobierno, como la jura de ministros del gabinete o la reunión de hoy entre Milei y el enviado del gobierno chino (al que había ofendido) y que sólo fue informada por China.

Imagen de Agustín Espada. Foto: Radio Nacional.

Por su parte, Agustín Espada, profesor, investigador del Conicet, Director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y especializado en radio, políticas y tecnologías, también opinó sobre el anuncio de la quita de la pauta en una nota publicada en El Diario AR: «la decisión tiene un impacto directo sobre la economía y el financiamiento del sistema de medios de comunicación. En 2023, la inversión del gobierno de Alberto Fernández fue de $40.244.937.740,37. Es decir, unos US$103 millones. Esto explica algo así como el 8% de todo el mercado publicitario argentino, según los datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. El gobierno nacional es uno de los principales anunciantes del mercado de medios».

En esa línea, consideró: «esta quita o suspensión afecta a todo el sistema de medios: a los grupos más fuertes (Clarín, Indalo, La Nación, Octubre, Cadena 3) y particularmente a los medianos y chicos. La lógica que subyace esta quita es que el mercado publicitario privado premiará y financiará a las empresas que generen contenidos atractivos para las audiencias y de calidad. En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial».

Finalmente, concluye: «esto tendrá consecuencias directas sobre la calidad del empleo en medios y también sobre la calidad de los contenidos (contrario al objetivo que respondería a la lógica imperante). Así, asistiremos a una sociedad con menor diversidad de voces, trabajadores más precarizados, menor calidad de noticias y entretenimiento, reducción de la transparencia de la gestión gubernamental y, por ende, menor calidad del debate público».

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