La Cámara Federal porteña declaró el miércoles la incompetencia de ese fuero para tramitar la denuncia presentada contra la aplicación del llamado «protocolo antipiquetes» y resolvió que la causa se tramite en la justicia en lo Criminal ordinaria. Por Mario Hernández


La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del barrio porteño Retiro.

La convocatoria estaba prevista para las 11:00 y, poco antes, el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por «incompetencia» a Casanello.

Ante esta situación, ese trámite que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto, luego de que expusieron durante horas en la primera audiencia los legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.

Casanello rechazó un planteo de incompetencia hecho luego por el Ministerio, que apeló y obtuvo ahora fallo favorable en la Cámara.

A la primera audiencia había asistido la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U) quien presentó la demanda, además de sus respectivos asesores legales.

La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.

Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.

En caso de que este juzgado no acepte encargarse del caso, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El protocolo antiprotesta es el caballito de batalla sobre el que Patricia Bullrich volvió al ministerio de Seguridad. Dos meses después de haberlo presentado en sociedad, la ministra solo recogió cuestionamientos de organismos internacionales -como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- y hasta tuvo que acudir a los tribunales de Comodoro Py para defender la legalidad del instrumento con el que pretende que las fuerzas de seguridad federales limiten el ejercicio de la libertad de expresión.

El miércoles 14, a las 11:00, Bullrich debió presentarse a una audiencia convocada por el juez federal Sebastián Casanello, que la semana pasada dictó una cautelar a pedido de la legisladora porteña Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Fierro, Alejandro Bodart y la abogada Mariana Chiacchio insistieron en que el protocolo es inconstitucional, tal como lo plantearon el 18 de diciembre pasado –cuando iniciaron la acción que circuló por distintos juzgados hasta que llegó a manos de Casanello. Bullrich y los abogados del ministerio de Seguridad debieron responder a las preguntas que hicieron Casanello y la fiscala federal Paloma Ochoa. Los cuestionamientos estuvieron centrados en la figura de flagrancia.

El punto conflictivo sobre la intervención de las policías en flagrancia ya había sido advertido también por Casanello cuando dictó la cautelar. En ese momento, el juez recordó que las fuerzas de seguridad son auxiliares del Poder Judicial o del Ministerio Público y que sólo excepcionalmente y con habilitación legal pueden detener personas. Hay otro elemento en el protocolo de Bullrich que ya lo han señalado los organismos internacionales y locales –como el CELS–: la ministra emparenta el ejercicio legítimo de la libertad de expresión con un delito.

Finalmente, el juez había dispuesto un cuarto intermedio hasta el miércoles 21 a las 11:00, pero al ser declarado incompetente por la Cámara Federal porteña a pedido de Bullrich, la segunda audiencia no se concretó

 Madres y Abuelas contra el protocolo

Además, hubo una presentación ante Casanello para que acepte a un grupo de organismos de Derechos Humanos y juristas como amicus curiae (amigos del tribunal) en el caso sobre el protocolo. La figura está contemplada para aquellos que pueden dar razones técnicas a los jueces ante determinadas controversias.

La presentación está encabezada por las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Taty Almeida así como por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También adhieren Vera Jarach (Fundación Memoria Histórica y Social Argentina), H.I.J.O.S Capital, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el CELS, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Comisión Zona Norte, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional y de La Matanza, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), entre otros.

“La resolución cuestionada en este proceso aborda la protesta social como un delito lo que, desde ya, implica una limitación abusiva y arbitraria sobre el derecho a la protesta social”, afirmaron en el escrito.

 Audiencia pública contra la represión

El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)- Unidad convocó para el jueves 15 a las 16:00 una audiencia pública en el anexo del Congreso. La actividad –organizada por las diputadas Myriam Bregman y Romina del Plá junto con los diputados Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca– fue para difundir los informes hechos por organismos como el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la represión en las afueras del Congreso mientras se debatía la llamada ley Ómnibus.

En el encuentro estuvo presente el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) Matías Aufieri, que recibió un balazo y corre riesgo de perder la visión. También Norita Cortiñas y otros referentes del movimiento de Derechos Humanos.

Durante la audiencia, Dora Barrancos, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, y Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales, dieron cuenta de diferentes informes donde se detalla el accionar represivo ilegal desplegado por Bullrich y los distintos hechos de violencia contra las y los manifestantes en el marco de las protestas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y en particular sobre el protocolo antipiquetes, que implica la prohibición del derecho a la protesta, la potestad para dispersarlas, la incorporación de tareas de inteligencia, la posibilidad de detener a las y los manifestantes, elaborar causas penales contra ellos y encima pretender que las organizaciones paguen por los costos de los despliegues represivos.

“Asistimos al intento por parte del gobierno de Bullrich y Milei de prohibir directamente la protesta social y el derecho a manifestarse. Creemos que es una represión preventiva la que están aplicando porque saben que el ajuste brutal que están pasando contra el pueblo va a generar resistencia y protesta en las calles. Por eso todo lo que hace Bullrich con el protocolo represivo tiene que ver con dar un mensaje para desalentar las movilizaciones ante una situación económica y social que se agrava estrepitosamente cada día. Para eso vimos el despliegue de tres fuerzas federales en la puerta del Congreso en una actitud sumamente agresiva y violenta que causó decenas de heridos entre manifestantes y trabajadores de prensa, y también nuestro compañero abogado y asesor Matías Aufieri que está aquí y que está peleando por no perder la visión”, expresó la legisladora Myriam Bregman.

Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y asesor de las bancas del FIT que recibió un disparo en el ojo durante la represión, afirmó: “De conjunto lo que se vio es prácticamente el montaje de un ‘coto de caza’ por parte del operativo de seguridad de Bullrich. Gendarmería bajaba a los manifestantes a escudazos, palazos y gases hacia la Avenida Rivadavia, para luego terminar empujándolo a la plaza y tenerlos encerrados ahí, casi para reprimirlos a discreción desde las calles laterales. No queríamos dejar de relevar lo que podía pasar en materia de detenidos y heridos (…). Es impensable que una movilización de miles de personas no afecte el tránsito de la calle que pasa por enfrente del Congreso. Más allá de eso, las calles laterales, paralelas al Congreso, estaban todas cortadas por el propio operativo, donde no había manifestantes. Pretenden impedir la protesta social”.

También dieron testimonio de la represión trabajadores de prensa de distintos medios que fueron agredidos mientras realizaban su cobertura frente al Congreso. En este punto, denunciaron que fueron afectados no sólo por los gases y los balazos disparados a mansalva, sino también en su derecho a efectuar su tarea y que había un especial encono de las fuerzas represivas contra las y los periodistas.

También participaron e hicieron uso de la palabra integrantes de organismos de Derechos Humanos como Carlos Lordkipanidse, de Unidxs por la Cultura, médicos de la Posta de Salud que asistieron a las víctimas de la represión en la Plaza Congreso, integrantes de Periodistas Argentinas, de organizaciones políticas y sociales, trabajadores de prensa y fotorreporteros, entre otros.

 Entrevista a la legisladora porteña, Celeste Fierro                                               

“El juez Casanello lo que ordena en esta resolución es que Bullrich y el Ministerio tienen que cumplir la normativa nacional e internacional en materia procesal y de Derechos Humanos y esto significa al menos a nuestro entender, que no lo está haciendo, que este protocolo no lo cumple”.

MH: Estamos con Celeste Fierro legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Hiciste una presentación este ante el juez Casanello para que Patricia Bullrich ajuste la actuación de la fuerza policial y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro sistema constitucional de derecho. El juez dio lugar a tu presentación. Quisiera que nos comentes cuáles han sido los resultados.

CF: Primero contarles un poquito lo que ha sido esta travesía porque la presentación judicial nosotras la hicimos el 18 de diciembre, donde planteamos dos cuestiones fundamentales, una es una cautelar para suspender de inmediato la aplicación del protocolo y la otra, llegar a la cuestión de fondo para que se declare inconstitucional el decreto ministerial donde se establece este protocolo represivo.

Digo que la presentación fue el 18 de diciembre, porque recién el juez Casanello se declara competente el lunes 12 de enero, pero antes de eso pasó por ocho instancias anteriores de distintos fueros y una Cámara donde todos los jueces se declaraban incompetentes y estuvimos alrededor de 25 días con esta calesita judicial hasta que el juez Sebastián Casanello toma la acción y ordenó el día lunes que el ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich den la explicación de cómo habían confeccionado el protocolo teniendo en cuenta qué legislación utilizaron.

La respuesta de Bullrich llegó el día siguiente y el mismo martes cuando nos estábamos enterando que se caía la sesión de la Ley Omnibus a raíz de la presión legislativa y de la movilización social constante, el juez Casanello ordena en esta resolución que Bullrich y el Ministerio tienen que cumplir la normativa nacional e internacional en materia procesal y de Derechos Humanos y esto significa, al menos a nuestro entender, que no lo está haciendo, que este protocolo no lo cumple y por eso tiene que adecuarlo a la Constitución Nacional incluido el bloque de códigos procesales que tiene que dar aviso y consulta a la justicia sobre todos los operativos de las fuerzas federales, cosa que no se hizo. Nosotros el miércoles, jueves y viernes lo que exigíamos era hablar con el responsable de los operativos, que nos muestre la orden judicial para llevar adelante esa brutal represión y ni siquiera había nada y no daban ningún tipo de respuesta y, además, dos cuestiones importantes que también marca esta resolución es que como para el protocolo un corte de calle es un macro con delito, el juez, lo que reafirma es que eso solo lo definen las leyes del Congreso, no el Poder Ejecutivo y así lo interpretaba la justicia.

Y otra cuestión que le pidió respuestas fue en relación a las críticas que hicieron los tres Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde plantearon que era ilegal este protocolo, que las reuniones y las movilizaciones no son un delito, que no se debe violar y garantizar la integridad física de los manifestantes y la libre expresión. Entonces, el juez Casanello dice que tienen que tomar esas críticas y adecuarse a ellas.

MH: Estaba leyendo el informe y las observaciones realizadas por los relatores de la ONU, que actuaron por un pedido de las centrales obreras, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos y realmente son lapidarias respecto del protocolo. Hoy estaba mirando Crónica TV y hablaban de la vigencia que tendría la llamada Ley Chocobar. ¿Qué información tenés al respecto?

CF: Ayer salió un comunicado del ministerio que va a haber una conferencia de prensa donde van a habilitar nuevamente una legislación que había quedado suspendida hace ya más de tres años que es sobre el uso de las armas de fuego por las fuerzas de seguridad y lo que intentan hacer es que vuelvan a tener esta protestad.

Nosotros denunciamos la legalización de lo que es la Ley Chocobar, recordemos que Patricia Bullrich defendió este hecho y que dentro de la Ley Omnibus que cayó estaba también esta legalización podemos decirle del gatillo fácil. Por supuesto lo vamos a seguir denunciando y enfrentando.

MH: Celeste tuviste un protagonismo en lo que fue la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo y ahora nos enteramos de que habría una presentación de un proyecto para derogarla.

CF: Ayer a la noche nos enteramos por las redes sociales, me empezaron a llegar mensajes mostrando justamente este nuevo intento de avanzar sobre nuestros derechos de los sectores de La Libertad Avanza (LLA) con mucha crisis adentro porque también salió que algunas diputadas no habían firmado. La cuestión central es que no sorprende porque son un sector realmente que se han declarado insistentemente antiderechos. Entonces, creo que lo único que van a conseguir como ha sido con este protocolo represivo con el DNU y la Ley Ómnibus es mayor fuerza en la calle.

Van a sentir lo que fue la Marea Verde, la van a reactivar estos sectores que quieren venir a quitarnos un derecho que nos costó no solo muchos años sino muchísimas luchas y compañeras que hoy no están por haber tenido el aborto completamente ilegal en nuestro en nuestro país.

MH: Querés agregar algo más.

CF: Me parece importante invitar a todas las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, políticas, a las compañeras y compañeros auto convocados que nos hemos encontrado estos días en Congreso y en cada una de las acciones a estar presentes el 14 a las 11:00 en los tribunales de Comodoro Py donde se va a llevar adelante esta primera audiencia donde esperemos que Patricia Bullrich dé la cara.

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