Con el inédito contexto de un Gobierno negacionista se realizaron multitudinarias manifestaciones que reivindicaron la democracia y los derechos humanos.

Por Alberto López Girondo

Nadie duda de que este 24 de marzo tendrá un impacto decisivo. Porque las políticas que implementa el Gobierno que asumió en diciembre pasado implican un giro en torno a la interpretación de la barbarie que se extendió en el país desde 1976 en su intento de resignificar y reconstruir la alianza cívico-militar que formateó a la sociedad y la economía sobre la base de la desaparición forzada y el exterminio de 30.000 personas, miles presos políticos y exiliados, para lo cual necesitó de una «refundación» impiadosa con la aspiración de que esa vez fuera definitiva. Por ese motivo, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones sindicales se unieron para que haya una sola marcha en todo el país en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y que en las calles se multipliquen las consignas de siempre ante un nuevo escenario.


El clima político para esta ocasión está plagado de amenazas y provocaciones de los espacios más reaccionarios de la sociedad. Desde el ataque a una militante de la agrupación HIJOS –que el propio presidente consideró una operación falsa– hasta los «trascendidos» de que el Ministerio de Seguridad analizaba activar el protocolo antipiquetes para la marcha de hoy, pasando por la posibilidad de que el presidente indulte a los genocidas presos y la emisión de un video reivindicativo de la dictadura. El ataque a la militante de HIJOS tiene el claro objetivo de amedrentar y desmovilizar. No obstante, la organización aclaró que su respuesta, además de exigir justicia para la compañera atacada, será redoblar los esfuerzos militantes y la movilización.
De la misma manera ofensiva para la historia nacional con que Mauricio Macri invitó al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama para la conmemoración de los 40 años del golpe en marzo de 2016, ahora el jefe de la CIA, William Burns, desembarcó en el país. Salvo que le entregue más archivos desclasificados sobre la participación de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos en el golpe y la feroz represión, la visita no tiene mucha razonabilidad por estos días. Milei en esto también cumple aquel sueño frustrado de Macri de ir más rápido y a fondo en un eventual segundo turno presidencial.



Relaciones carnales
Por si no bastara, se anunció la compra de material de rezago para la Fuerza Aérea: aviones de combate F-16 al Gobierno de Dinamarca. Se trata de una aeronave diseñada por la firma General Dynamics en 1973, puesta en servicio en 1978 y fabricada por Lockheed Martin desde 1993. ¿Serán para regalar a Ucrania, como hizo Javier Milei con dos helicópteros de fabricación rusa?
Para el anuncio oficial de los F-16 vendrá en abril la jefa del Comando Sur de EE.UU., la generala Laura Richardson, que como ya declaró otras veces, está ávida de los recursos naturales argentinos y de sacar del juego regional a China. Si es por mostrar el compromiso en estas nuevas «relaciones carnales», hay otra muestra: la Autoridad General de Puertos de Argentina firmó un memorándum de entendimiento que habilita la presencia de personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Hidrovía, la estratégica ruta fluvial de gran parte del comercio internacional del país.
En la iniciativa de revisión de los años 70 –un caballito de batalla de la vicepresidenta Victoria Villarruel– se presentará un video que corre por cuenta de un cineasta cercano a Javier Milei, Santiago Oría. Por otro lado, el rumor de un posible indulto presidencial apareció como creíble en la medida en que el Gobierno de La Libertad Avanza suele tener esos gestos de provocación como para mostrarse fuerte y decidido. Lo hizo hace no tanto cuando el mismo 8 de marzo cambió el nombre del Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada y en su lugar puso a próceres –entre los que anotó a Carlos Menem–, todos ellos varones.
La violencia desatada por las bandas narcos en Rosario fue el resquicio usado para volver a impulsar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. La ministra Patricia Bullrich y su excompañero de fórmula presidencial por Juntos por el Cambio, Luis Petri, titulares de Seguridad y Defensa respectivamente, anunciaron el jueves un paquete de leyes que incluiría penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos y una reforma a la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de los militares.

Parecidos y diferentes
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a mostrar sus diferencias con la Casa Rosada y si bien acompaña e incluso potencia su discurso negacionista, señaló en una entrevista por TN que «la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿y dónde están los que combatieron? Están presos».
El mensaje tiene un ángulo institucionalista, como cuando permitió el debate por el mega DNU en el Senado, pero también puede interpretarse como una forma de negociación del tipo «si quieren que vuelvan a salir a las calles indulten primero a los que están entre rejas». Por si acaso, la Cámara Federal de Casación Penal se adelantó a recordar que en los casos de delitos de lesa humanidad condenados por la Justicia «la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas». Todos estos condimentos le agregan razones para las tradicionales marchas de repudio contra la barbarie desatada en 1976, que hoy resonaron en las calles de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la convocatoria, se nuclearon en la Plaza de Mayo desde el mediodía. Fue una manifestación de todas las fuerzas populares, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Encuentro Memoria Verdad y Justicia, junto con la CGT, las dos CTA y partidos políticos.

Por admin