Los recortes en el área tienen consecuencias económicas, pero sobre todo sanitarias. Mapa de un sector en crisis.

María José Ralli

La salud es un derecho constitucional para todas las personas que habitan el territorio nacional y garantizar su acceso equitativo es obligación del Estado.
A partir de la avanzada del plan económico del Gobierno de Javier Milei, que propone la desregulación en todas las actividades, la salud no está a salvo. Tampoco el derecho al acceso y, menos aún, a la equidad.
El sistema de salud ya estaba en crisis, pero hoy todos los indicadores apuntan a la profundización de la situación, no solo a nivel económico sino, sobre todo, sanitario, ambos atravesados por la coyuntura y con gran impacto para la sociedad.
La liberalización de la economía trajo como consecuencia una gran aceleración de los precios, con una incidencia altamente negativa en el rubro de medicamentos y un marcado encarecimiento de la canasta de productos y servicios médicos en relación con el poder adquisitivo.
De acuerdo con datos del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), el aumento entre los diez remedios que más subieron fue del 31%, con picos del 83% y el 45% en apenas un mes. Estos números repercuten en la accesibilidad y, en consecuencia, en la sostenibilidad de tratamientos crónicos y oncológicos para buena parte de la población. Un escenario que tendrá sus consecuencias sanitarias en el corto plazo.

Enfermedad y pobreza
«La situación del sector salud puede ser analizada desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de mercado», reflexiona el médico cardiólogo y presidente de Faess (Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud), Ricardo López.
En diálogo con Acción, López advierte que «por formación profesional, pienso que lo primero que hay que ver es el punto de vista sanitario». Entonces ilustra con el viejo dicho: «La enfermedad genera pobreza y la pobreza genera enfermedad», y sintetiza que es crucial, antes que nada, «resolver esa ecuación cuando se habla de salud».
«Al sistema de salud de la Argentina lo caracterizo con la sigla DDD, es deficiente, es desigual y está desfinanciado», define, y a la vez argumenta que «no es una cuestión solamente del Gobierno actual, sino que viene ya de largo período». En este punto, señala indicadores «preocupantes»: la última encuesta que hizo el Ministerio de Salud en 2018, que se dio a conocer en 2019, revela que tenemos una sociedad con un sobrepeso del 65%, con obesidad del 25% –incluso los niños–; con 35% de hipertensión arterial y 12% de diabetes, y compara: «Cuando yo me recibí de médico era el 2% de la población».
Además, según datos de Unicef, casi el 40% de los menores presentan signos de desnutrición, «lo que no solo significa chicos raquíticos sino también chicos obesos».
La radiografía incluye también los denominados «determinantes sociales» y revela que el 43% de la población no tiene cloacas y tampoco tiene agua potable, hay un millón y medio de personas con la enfermedad de Chagas y si bien la mortalidad infantil registró una disminución y está por debajo del 3% en la Ciudad de Buenos Aires, en otros distritos los números son alarmantes: por caso, en Formosa y Salta está por arriba del 10%.
«Aquí hay desigualdad e inequidad, por un lado; y por el otro no existe un sistema federal de salud», diagnostica Ricardo López y ejemplifica: «En Salta se está vacunando a los pacientes que han tenido dengue y por fuera de Salta, no, como si el mosquito tuviera una frontera con las provincias que la rodean».
Si se habla de prevención, López alerta que «no hay ninguna campaña activa de salud en este momento, y no hablo solamente de dengue, sino también sobre los factores de riesgo cardiovascular o sobre temáticas de alimentación». E insiste en que hay mucho trabajo por hacer para que la salud de los argentinos, «desigual, desfinanciada y deficiente», revierta parámetros que incluso han retrocedido en aquellos sectores que tienen mayores posibilidades económicas. «Se ha desfinanciado no solamente el equipamiento, sino también el recurso humano, que es tanto o más importante, y este tema viene ya de un largo proceso».
Los equipos de salud vienen reclamando una mejora en sus condiciones de trabajo desde hace tiempo y no hay real comprensión del impacto. La formación de médicos, psicólogos y odontólogos, por ejemplo, demanda un promedio de diez años. «Llevarlos luego a una situación de abandono desde el punto de vista salarial y de cuidados en general significa un retroceso en toda la prestación de servicios», subraya López y argumenta que, frente a este escenario, hay que empezar por recomponer el mapa sanitario.
«No es solo un tema de medicamentos o de desregulación de las obras sociales, tampoco es exclusivamente del hospital público, sino que tiene que ser abordado de manera integral y federal», advierte el profesional.
En la provincia de Buenos Aires comenzaron a tomar nota y, frente a la dramática disminución de profesionales en especialidades críticas, se puso en marcha una estrategia a fin de fortalecer la fuerza laboral en salud con la adjudicación de las prerresidencias, un programa de becas de capacitación de seis meses dirigido a médicos recién recibidos. Un dato revelador: prácticamente se cubrieron todos los puestos ofrecidos en terapia intensiva pediátrica, neonatología, psiquiatría y medicina general.
El presidente de Soberanía Sanitaria, Leonel Tesler, reconoce que si bien la fragmentación y segmentación del sistema, la falta de regulación y la crisis del recurso humano en salud llevan décadas, «los problemas se agudizaron a partir de las medidas económicas del actual Gobierno». Y analiza que la recesión y los despidos «producen una sangría de afiliadas y afiliados de las obras sociales sindicales que, junto con quienes deben dejar de tener medicina prepaga porque no pueden afrontar los aumentos que se sucedieron desde que se les quitó todo control, comienzan a sobrecargar los centros de salud y hospitales estatales sin prever ningún tipo de refuerzo para poder absorber la mayor demanda».

Alarma. El aumento entre los diez fármacos que más subieron fue del 31%, con picos del 83% y el 45% en apenas un mes.

Foto: Shutterstock

Esquemas terapéuticos
La lógica del mercado también pone en jaque la salud de la población. Un claro ejemplo es la disminución en la venta de medicamentos y productos farmacéuticos, con un impacto directo en la salud pública.
Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ilustra que en las farmacias «las ventas se desplomaron un 45,8% anual en enero, a precios constantes y un 7,9% en la comparación intermensual» y recalca que «algunos empresarios consultados señalaron que las cifras de enero parecen las de un mes donde nadie se enfermó».
Los datos son más que preocupantes, teniendo en cuenta que los tratamientos y medicamentos menos accesibles obligan a interrumpir o modificar esquemas terapéuticos, con consecuentes complicaciones de salud a corto y largo plazo.
El último informe de Ceprofar (Centro de Profesionales Farmacéuticos) revela que los medicamentos aumentaron más de un 110% en los últimos tres meses, un 40% por encima de la inflación. Y se dejaron de comprar más de 10 millones de unidades mensuales.
En tanto, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) informó que los medicamentos que más cayeron en ventas fueron los del sistema respiratorio (14,9%), antiinfecciosos (12,84%), hormonales (8,13%) y para el sistema nervioso (7,21%).
«Los precios de los medicamentos no tenían control en la etapa anterior y tampoco tienen control ahora», sostiene López y señala que «hoy, con la liberalización de los precios, tenemos medicamentos de extrema necesidad que se han tornado imposibles de comprar o cubrir». Este punto también requiere de políticas de Estado, que incluyan, además de control de precios, la promoción de genéricos y la inversión en la producción local de medicamentos para reducir la dependencia de importaciones.
La caída en la venta de productos medicinales es solo una muestra de la necesidad de implementar un enfoque integral en relación con la regulación del mercado, pero de la mano de medidas socio-sanitarias que garanticen el derecho a la salud de la población.
«La experiencia indica que cuando los gastos por parte del Estado disminuyen y cuando los gastos de los privados aumentan, finalmente aparece el gasto mayor en salud: el gasto de bolsillo de los consumidores», sintetiza López y analiza que si bien «hace muchos años que el tema de salud está siendo soslayado, es muy probable que, con crisis económica y devaluación, esto se profundice».
Finalmente, el presidente de Faess reflexiona: «Hoy se está poniendo el acento en la visión comercial, una medicina como mercancía y no una visión sanitaria» y concluye que «si antes había una deuda con el sector de la salud, ahora ya no está en debate, la deuda continúa y es muy probable que se agrave».

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