El paro general del 24 de enero está convocado para rechazar las políticas del gobierno de Javier Milei que degradan las condiciones de vida, nos condenan al saqueo y atentan contra la democracia. Este paradigma ultraneoliberal busca la mercantilización de todas las esferas de la vida, entregando la economía al sector privado. Dicha orientación aparece también en las políticas hacia el sector energético, que benefician a las corporaciones privadas y restringen el acceso a la energía de millones de personas y establecimientos productivos. Por OPSur.


Las políticas impulsadas por Milei buscan desregular el sector energético situando a las empresas como protagonistas. Por eso, no garantiza el autoabastecimiento y toma medidas como la liberalización de los recursos energéticos, la libre disponibilidad de divisas o las privatizaciones, que son parte de una concepción de la energía como negocio.

En estas semanas de gestión, tanto los recursos energéticos como la gestión de la energía ha sido entregada a los privados. De manera similar a lo acontecido durante el gobierno de Mauricio Macri, el ganador parece ser Paolo Rocca. El dueño de Techint es uno de los empresarios más beneficiados por el Estado en los últimos tres gobiernos, y en la actual gestión puso a ex ejecutivos de sus empresas a cargo de YPF y de la Subsecretaría de Petróleo y Combustibles Líquidos, entre otros cargos relevantes. Es evidente que nada bueno puede venir de quienes históricamente saquearon y fugaron divisas.

Una de las cuestiones más sensibles de estas políticas tiene que ver con los aumentos de precios, tanto de los combustibles, como de la electricidad y el gas. El tarifazo en curso es una millonaria transferencia desde los sectores populares en beneficio de unas pocas empresas, a costa de un aumento exponencial de la pobreza energética. Esto es la pérdida de calidad de vida en millones de hogares por la imposibilidad de cubrir sus necesidades energéticas.

Tanto la Ley Ómnibus como el Decreto de Necesidad y Urgencia representan un claro retroceso para el país en materia de derechos y en particular para el ambiente. A la vez, las medidas impulsadas implican una reforma constitucional de facto que busca centrar el poder en el Ejecutivo, violando los principios básicos de la división de poderes.

Todas estas políticas ya fueron ensayadas durante las últimas décadas, en particular durante el gobierno de Carlos Menem. Su resultado fue la pérdida del control del sector por parte del Estado, por las privatizaciones, y el saqueo de recursos fundamentales para el país, debido a la exportación de las limitadas reservas con las que contábamos. Esta política fue parcialmente continuada por todos los gobiernos desde la década de 1990, configurando un modelo energético socialmente y ambientalmente injusto, en donde las reformas neoliberales no han sido superadas.

El gobierno de Milei utiliza las debilidades previas de la política energética como excusa para avanzar aún más en su cruzada privatista. La energía es un componente más de las luchas que se expresan en el paro nacional de este 24 de enero, que se convoca en defensa propia, ante el brutal avance de los sectores concentrados de la economía, contra las y los trabajadores.

Fuente: https://opsur.org.ar/2024/01/23/el-derecho-a-la-energia-otra-bandera-a-levantar-en-el-paro-nacional/

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