Con las encuestas como principal apoyo, el Gobierno aprovecha el fin de Semana Santa extralargo, para avanzar con el masivo despido de empleados públicos e imponer el debate parlamentario por la reforma laboral.

En la Jefatura de Gabinete que encabeza el ministro Nicolás Posse, guardan bajo 7 llaves el número concreto de empleados públicos que, a fin de este mes, se quedarán sin trabajo en el Estado. No por casualidad la decisión de anunciar despidos masivos se produce en coincidencia con el fin de semana extralargo por los feriados de Jueves 28 y Viernes 29 de abril, de Semana Santa y los feriados puente del lunes 1 y el martes 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano de la guerra por Malvinas.

El Gobierno busca aplacar las repercusiones que tendrán los anuncios de despidos masivos mientras los gremios de empleados estatales preparan protestas sobre los hechos ya consumados: Entre 10.000 y 15.000 trabajadores contratados serán dados de baja este miércoles 27 de marzo, como último día hábil del mes, como consecuencia del decreto firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, por el cual renovó solo por 3 meses los contratos de unos 70.000 empleados del Estado.

Pese a que Milei dijo que cesarán los 70.000 contratados, fuentes de Casa Rosada se limitaron a señalar que no serán 70.000 los despedidos, y aseguraron que la medida afectará solo a los que no tengan una función o trabajo concreto, es decir, que sean considerados “ñoquis” o “empleados militantes”. Pero también, afectará a trabajadores de áreas que el gobierno de Milei cerró, entre ellas más de 50 secretarías y organismos o empresas del Estado.

“70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente. Las bajas se harán en etapas. Ahora en marzo, el número rondará en un 20%, algo que se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones. Los que sí se renueven, se renovarán por 3 meses y se continuarán revisando por etapas”, aclararon desde la Casa Rosada..

Para eso, se tuvieron en cuenta las auditorías realizadas por la SIGEN y los ministerios y autoridades de los distintos organismos públicos en los últimos tres meses.

Sin embargo, denuncias de los gremios estatales, como ATE y UPCN, advirtieron que los despidos alcanzaron a casos de trabajadores de planta permanente, lo que desde el Gobierno califican como un “error”.

En los hechos, los números concretos del achique final se conocerán a fines de abril, cuando estén terminadas las liquidaciones de sueldo, señalaron a A24.com fuentes con despacho en la Casa Rosada, que aseguraron “no tener una lista completa de los despidos”.

“Todos los que están yendo a trabajar y las áreas que necesitan que continúen haciéndolo, van a seguir trabajando”, señalaron las fuentes.

Posse es el jefe de Gabinete, pero delegó los despidos en los jefes de cada área u organismo estatal, para que decidan quiénes quedan y quienes quedarán sin trabajo en esta primera poda masiva de empleados públicos, luego de que dos de sus principales funcionarios renunciaran por no estar de acuerdo en firmar esas medidas.

La batalla cultural contra la corrupción como argumento para achicar el Estado

El Gobierno apuesta a enfrentar las protestas sindicales con un fuerte discurso apoyado por encuestas que le indican a Milei que sostiene el apoyo de más del 50 % de los argentinos que lo votaron, pese a la crisis, y en ese marco, sostiene las medidas en una fuerte confrontación con quien considera el enemigo a vencer: el kirchnerismo.

Para eso, lanzó en paralelo lo que Milei llama la “batalla cultural contra la corrupción”, fue sumando denuncias en todos los frentes de la simbología kirchnerista, como fue el video por del 24M en el que denuncia irregularidades en la entrega de indemnizaciones a víctimas de delitos de lesa humanidad provocados por la dictadura militar de 1976.

La batalla cultural se sustenta además en los cambios de nombres y retiros de símbolos que representó a los gobiernos kirchenristas: desde el antiguo Salón de las Mujeres del Bicentenario de Cristina Kirchner por el Salón de los Próceres en la Casa Rosada, pasando por el retiro de la estatua de Néstor Kirchner en el Senado, y los cambios de nombre de Néstor Kirchner en la Casa de la Libertad del Ministerio de Capital Humano y del Centro Cultural que funciona en el exedificio del Correo Argentino, a metros de la Casa Rosada.

La confrontación con el peronismo más opositor y el kirchnerismo en particular, le sirve a Milei como estrategia para buscar aliados en el resto de las fuerzas políticas para construir un nuevo escenario político en el Congreso en apoyo a la ley ómnibus después de Semana Santa como paso precio a la firma del Pacto del 25 de Mayo en Córdoba.

Los despidos en la era Milei en números

El pasado 23 de diciembre, el Ejecutivo publicó el decreto 84/2023 que establecía una renovación de tres meses a los trabajadores contratados. Durante este período, el Gobierno realizó un relevamiento para definir qué trabajadores permanecerían en la nómica.

“Si el Estado va a avanzar en el recorte de entre un 20% y un 30% de los contratados, teniendo en cuenta de que son un poco más de 70.000 los que vencen el 31 de marzo, estaríamos enfrentando entre 14.000 y 21.000 despidos”, advirtieron desde ATE y amenazaron con “no tolerar despidos injustificados”, y convocar en los próximos días a una asamblea de delegados para definir un nuevo curso de acción.

Los estatales podrían sumar el apoyo del resto de los gremios nucleados en la CGT oficial y la CTA que, según adelantaron, ya evalúan convocar a un segundo paro general en la era Milei.

“El plan es compactar el monstruo que hoy es el Estado”, señalan en el Gobierno en un relato que a diario intenta sostener el vocero Manuel Adorni mientras la jefatura de gabinete y sus nuevos funcionarios hacer un trabajo de hormiga en búsqueda del organigrama final.

En ese estado de situación están hoy las más de 40 empresas del Estado que comenzarán con el proceso de “saneamiento” para la transformación en Sociedades Anónimas, previo a la decisión sobre su destino final.

Dicen que en muchos casos, se superponen funciones entre agentes de distintas áreas y organismos púbicos. La idea es eliminar las áreas duplicadas y sus empleados reubicados o despedidos si se trata de cargos políticos. Ahora Milei apunta a la eliminación del 50% de las subsecretarías, direcciones y coordinaciones que quedaron remanentes.

Mientras siga firme el DNU, Milei avanzará sobre las empresas y organismos descentralizados. Aunque para su cierre o privatización no tiene fecha cierta: será “analizado caso por caso” y dependerá de las normas que rigen cada caso, enviarlas para su evaluación al Congreso, para evitar una ola de juicios, denuncias y protestas sociales.

Por Stella Garnica

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