El pico del dengue en Argentina está exponiendo con crudeza el fracaso de la idea oficial de la efectividad de un Estado que no controla, no exige y deja cuestiones tan delicadas, como es la salud de la población, en manos del mercado.

“Consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni para referirse al inexistente rol de Mario Russo como titular de la cartera sanitaria, en medio de la polémica por la acusación de inacción y falta de gestión en la lucha contra la epidemia de dengue, la más importante de la historia de esa enfermedad registrada hasta el momento.

Es que las cifras inquietan: 183.000 casos diagnosticados solo en lo que va del año, entre los más de 260.000 casos probables que notificaron las jurisdicciones. Hay especialistas que ya están advirtiendo que los contagios podrían superar el millón de casos, ya que la falta de diagnósticos por falta de atención o también por la escasez de reactivos hace suponer un número mayor de infectados.

En tanto, se contabilizan 130 muertes registradas y se calcula que el brote de dengue es seis veces mayor al de 2023, a esta altura del año. Sin lugar a dudas son indicadores preocupantes, que ponen a la población en estado de alerta.

En este contexto, el Ministerio de Salud está muy lejos de cumplir con un rol activo ante la emergencia sanitaria. Hasta hace un par de días no se le conocía siquiera la voz al ministro Russo, que recién encabezó una sesión del Consejo Federal de Salud la semana pasada, en una reunión donde muchas provincias se quejaron por la quietud con que el ministerio llevaba la atención al problema.

En tanto, el martes se conoció un comunicado del Ministerio que profundizó la polémica, ya que destacaba la falta de seguridad en la vacuna- fue aprobada por Anmat en abril del año pasado- que sigue en fase de prueba, pero también se acusaba a los medios de comunicación de hacer lobby por los laboratorios para que el Estado compre vacunas.

Russo brindó en las últimas horas entrevistas en cinco medios nacionales, televisivos y gráficos, y dijo que la función del ministerio a su cargo es tener una “rectoría” ante las provincias con medicina “basada en la evidencia” y no “en factores externos que puedan condicionar las decisiones”. Así defendió, por ejemplo, la decisión de no incluir la vacuna contra el dengue en el calendario de Vacunación Nacional, y machacó con una obviedad: “Sin mosquito, no hay dengue”.

En tanto, ante la falta de repelentes en farmacias y otros puntos de venta, fuentes oficiales se limitaron a decir que hubo un contacto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para verificar que estuviera fluida la importación de insumos para la fabricación del producto. Pero, para la concepción del Gobierno, el problema de stock obedece a una cuestión de “oferta y demanda” que el mercado subsanará sin mayores intervenciones del Estado.

La pregunta que muchos se hacen es por qué razón el Gobierno no busca garantizar la provisión de repelentes en la población. Es que, a pesar de la gravedad de la situación, prefiere dejar que sea una decisión del mercado, para no romper sus convicciones sobre el libre juego de la oferta y la demanda.

Y por supuesto, nadie responde porqué no se habilitaron importaciones de repelentes para garantizar la demanda interna o porqué el Estado no compró y distribuyó aerosoles y cremas repelentes entre los sectores más carenciados. La filosofía libertaria del gobierno apunta a sostener el individualismo y que cada uno se haga responsable de su suerte, pero no todos en esta sociedad parten de la misma base e igualdad de oportunidades. En otras palabras, ayudarlos a prevenir contagios desde el Estado es una obligación, y por lo tanto no dejar que la sociedad se arregle por su cuenta.

En tanto, la empresa que fabrica repelentes en el país deja al mercado sin provisión porque -según denuncian en el comercio- se pasó el pico de ventas y, de empezar a producir ahora, se quedaría con un enorme stock sin vender de cara a la temporada invernal. La referencia es para la firma estadounidense SC Johnson, que produce en el país el 90 % del total de repelentes y espirales, que se volvieron consumos vitales en plena curva alta de mosquitos.

En el medio, ni el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Comercio Interior tomaron contacto con la empresa productora o los grandes puntos de venta para averiguar por qué no hay producto, dónde se podría conseguir más y si conviene o no abrir la importación de un bien que abunda hasta en los países limítrofes y que acá es prenda de especulaciones empresarias e inacción estatal.

Es decir, no sólo en el peor momento de la epidemia de dengue hubo una disparada de precios de los repelentes por la liberación del mercado (casi 100 % desde que llegó Milei), sino que se dio una situación de abandono de la ciudadanía que empieza en el corrimiento de Estado y sigue por la falta de controles del gobierno a los privados.

Del lado del Gobierno aclaran que “la idea no es obligar a nadie a producir”. Tampoco, admiten, se pidió la moderación en los precios que se pagan por los repelentes. Los supermercadistas aseguran por su parte que pocas veces han visto semejante nivel de desentendimiento por parte del Estado: “Ni un llamado recibimos, nada, ni siquiera preguntándonos cómo se podría hacer para conseguir repelente alternativo”.

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