Este año los fondos destinados a las casas de altos estudios públicas son los más bajos desde 1997. En términos del PIB es 0,22%, ni un tercio de lo girado en los últimos seis años.

Por Cristian Carrillo

El presidente Javier Milei administra el país en base a sus frustraciones. Así como quiere cerrar el Banco Central, ahora apunta a las universidades públicas –en particular la de Buenos Aires–, a las que comenzó a desfinanciar por considerarlas usinas de adoctrinamiento. Al mismo tiempo, se trata de un prospecto disciplinador.
El sistema universitario público se financia principalmente con recursos que provienen de rentas generales del Presupuesto sancionado anualmente por el Congreso. Por esa razón, resulta interesante conocer las formas de financiamiento, analizar la evolución de los recursos públicos volcados a la educación superior y evaluar el impacto distributivo de esas erogaciones.


La prórroga del Presupuesto del Estado 2023 para el corriente año le ha permitido al actual Gobierno ejecutar un drástico recorte del gasto público y direccionar discrecionalmente las partidas que deberían solventar actividades preestablecidas. «En el marco de una política encaminada a reducir las funciones estatales que deben asegurar los derechos y el bienestar de las personas y de la comunidad, el presupuesto universitario se encuentra hoy asediado por, utilizando la metáfora presidencial, la motosierra y la licuadora. La caída en la relación del presupuesto universitario con el PIB lo indica con claridad», señala la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). «De acuerdo con nuestras estimaciones, la caída del salario real que se ha producido en estos meses, desde que el programa del Gobierno impactó en el comportamiento de los actores económicos, ha sido de casi un 30%. En términos nominales, en este período se han perdido alrededor de 50 puntos con respecto a la inflación». Vale recordar que la pérdida salarial promedio del sector acumulada en el período del Gobierno de Mauricio Macri había rondado el 29%. «Es decir que en cuatro meses hemos retrocedido en términos reales lo mismo que en aquellos cuatro años», sostiene Conadu.
En febrero, el salario docente universitario también fue fuertemente afectado por la eliminación del Fonid, que era percibido hasta ahora en los niveles de la educación obligatoria, incluyendo a quienes trabajan en escuelas y colegios dependientes de las universidades («niveles preuniversitarios» del sistema). Ese mes, la suspensión del pago de ese adicional representó una pérdida del 6,2% del salario básico de profesores y profesoras del nivel medio con 15 horas cátedra, quienes por esa causa vieron caer sus ingresos en marzo un 5,5%. Además, en estos meses, también se suspendieron las obras de infraestructura en las universidades.

Financiamiento exiguo. Este año se destinarán $690.000 por estudiante, un 72% menos que en 2023.

Foto: NA

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De acuerdo con cifras de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre el 90% y el 95% del presupuesto se destina a sueldos docentes y no docentes. Dentro del desagregado del informe, los principales recortes se realizaron en los primeros tres meses del año, en transferencias a provincias para educación (-80%), a municipios –donde se transfirió 0 pesos– y al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (-34%). También se eliminaron o redujeron a sus mínimos históricos las becas. En concepto de libros se realizaron 0 pesos de transferencias, en construcción de jardines y escuelas se redujeron las transferencias en un 80% y en el programa Conectar Igualdad se redujeron un 83%.
El presidente busca así implementar el Presupuesto más bajo desde 1997, año en el cual se empezó a tener registro del programa: el Ministerio de Educación de la Nación recibirá el 5,34% de los recursos nacionales en 2024, según el proyecto de Presupuesto, lo que implica una caída nominal del 6,02% respecto al asignado en 2023, equivalente a una pérdida real (descontada la inflación) del 48% interanual. Mientras que en salarios docentes universitarios se redujo 32% en términos reales (descontada la inflación), a no docentes 28% y a funcionamiento y refacción de universidades -66%. «Las Transferencias Corrientes dirigidas a las Universidades experimentaron una reducción del 40% interanual ajustada por inflación en marzo y del 32,5% real en el acumulado del trimestre», afirma la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso mostró que el gasto total devengado (15,3 billones de pesos) representa el 28% del crédito vigente al primer trimestre. Los otros gastos corrientes (44%), los intereses de la deuda (38,7%) y las transferencias a universidades (36%) sobresalen por su nivel de ejecución avanzado. En tanto, las transferencias a provincias (6%) y los gastos de capital (7%) son los rubros de menor ejecución. A esto se suma una virulenta campaña dirigida a intentar desacreditar a la universidad pública, centrada en tres acusaciones: ineficacia, corrupción y adoctrinamiento. «La búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas al presupuesto estatal y la introducción de mecanismos competitivos de asignación de recursos forman parte del menú ya conocido de las opciones neoliberales que buscan supeditar la actividad académica a los objetivos del sector empresarial o de los organismos financieros internacionales que se han posicionado como impulsores de un programa de reforma educativa y universitaria acorde con la pretensión de constituir también como un mercado este campo de la vida social», alerta la Conadu.
La proclamada intención presidencial de reorientar la forma de financiamiento educativo hacia la demanda –a través de los vouchers, créditos, o fórmulas similares– más novedosa en estas tierras, es un componente decisivo en la estrategia global de la privatización y mercantilización de la educación que ya avanzó de manera notable en otros países del mundo y especialmente en la región latinoamericana. 

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