A las imprecisiones del vocero Adorni sobre el destino del Registro del Programa Cannabis se suma la incertidumbre que les dejó a varias ONG una reunión “informal” con el Ministerio de Salud. Pronto habría una nueva cita. El gobierno de La Libertad Avanza profundiza complicaciones que ya se arrastraban de gobiernos anteriores. ¿Qué dicen las organizaciones que representan a miles de usuarios de marihuana con fines medicinales? Por Fabio Ramos (miembro de Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos), para La Izquierda Diario.

Pacientes impacientes. El oxímoron lejos está de buscar maquillar o embellecer, a través de herramientas retóricas, una problemática que afecta a miles de personas. Pero dicho recurso literario comparte varias características con los sentimientos que despierta la situación que atraviesan los usuarios de cannabis con fines medicinales: la contradicción, la discordancia y el absurdo.

“Irregularidades”, “demoras en el otorgamiento de inscripciones”, “embudo de solicitudes pendientes de evaluación” y “falta de evidencia científica”, son algunos de los elementos que componen el manto de incertidumbre que hoy reviste al Reprocann (el registro nacional de usuarios y cultivadores de marihuana para uso medicinal) en cuanto a su futuro. Si bien jamás se ha puesto en duda su continuidad, los interrogantes recaen sobre el modo en que seguirá funcionando.

Como es de público conocimiento, hace algunos días el vocero presindencial Manuel Adorni detalló: “se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como Reprocann, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”.

Pero sería una necedad afirmar que la impaciencia (ligada a la ansiedad que surge de la falta de respuestas que se contrapone al axioma que reza “la salud no puede esperar”) e incertidumbre de los pacientes anotados debidamente en el registro de usuarios y cultivadores de marihuana para uso medicinal, comenzó la semana pasada tras las declaraciones del portavoz del Poder Ejecutivo, así como también lo sería negar que probablemente esas sensaciones se hayan incrementado tras escuchar dicho comunicado oficial, que dejó más dudas que certezas.

Es que las declaraciones de Adorni no sólo fueron el germen de una serie de especulaciones e hipótesis por parte de inscriptos al Reprocann que aguardaban nociones más precisas, sino que además estuvieron plagadas de errores conceptuales. Como referirse al ente como “Registro de Productores de Cannabis” y no como “Registro del Programa Cannabis”, dato no menor, ya que dicho órgano no regula la producción de la planta o sus derivados a nivel industrial sino el cultivo de usuarios medicinales, cultivadores solidarios y ONG sin fines de lucro.

Pero desde que en 2017 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 27.350, que regula la investigación científica y el empleo terapéutico del cannabis, las tres gestiones de gobierno que convivieron con la normativa debieron enfrentar, por acción u omisión, dificultades en el manejo del Reprocann, órgano creado mediante esta ley.

En ese sentido, si bien el funcionamiento del programa durante los años en que Carla Vizzoti estuvo al frente del Ministerio de Salud de la Nación durante el gobierno del Frente de Todos no fue el más deseado, desde el 10 de diciembre del año pasado lo que está en juego es retroceder, perder las conquistas que ganó la sociedad civil en la calle, empujando fuerte para poner en la agenda del Congreso el debate de la Ley 27.350.

“El Reprocann tenía un montón de grises y todos los inscriptos estaban pidiendo que por favor esto se acomodara”, señaló un miembro de unas de las ONG que forma parte del Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Programa.

Los grises responden a cuestiones que van desde reiteradas caídas del sistema y del sitio web y demoras en los trámites, hasta posibles irregularidades en el seguimiento médico de los pacientes durante la gestión anterior, y al limbo judicial que provocó la reglamentación parcial por parte del gobierno de Mauricio Macri (apenas unos pocos artículos) de la ley aprobada por todos los sectores políticos.

Así y todo, es necesario volver a remarcar que con La Libertad Avanza lo que está en peligro es que los usuarios de cannabis medicinal pierdan los derechos y garantías individuales obtenidos por la militancia (que resuenan más fuerte al tratarse de una cuestión de salud), las cuales las actuales autoridades sanitarias buscan (con sus caballos avanzando a trote lento e incluso simulando recular, si es necesario) poner en jaque.

Reunión “informal”

Pocos días antes de las declaraciones de Adorni, el Ministerio de Salud convocó a las seis ONG que forman parte del Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Reprocann, en representación de la sociedad civil. El jueves 11 de abril dichas organizaciones se juntaron con autoridades del Ministerio, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Fuentes que participaron del encuentro contaron a este medio que se trató de una reunión “informal” en el Ministerio de Salud, que duró aproximadamente dos horas y que se planteó como instancia de puesta en conocimiento de las ONG del trabajo que las nuevas autoridades del Reprocann están llevando adelante.

Pero la ocasión también sirvió para que el titular de la Secretaría de Calidad en Salud, el doctor Leonardo Busso, se disculpara con las asociaciones de usuarios y cultivadores presentes por “el tiempo que le tomó al Ministerio comprender al Reprocann, como sus alcances, impactos y otros aspectos relacionados con el cannabis a nivel nacional”.

Asímismo, desde el seno del activismo cannábico advirtieron que la condición de “informalidad” de la reunión permitió que no todos los miembros del CCH fueran convocados, como es el caso de representantes del Conicet, de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de la Semilla (Inase), entre otros actores cuyos roles son determinantes a la hora de debatir el futuro de los ejes centrales tratados en la sede de la cartera de salud.

Incluso hubo quienes deslizaron que “convocar a las ONG sólo dos días antes de la reunión fue una maniobra para que sus representantes tampoco estén presentes, debido al esfuerzo y gasto que requiere viajar a Buenos Aires, con el objetivo de sacar una resolución sin nuestra participación”.

En ese sentido, ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Salud informaron que en los próximos días se convocará a todo el CCH en pos de realizar una reunión “formal”, con el compromiso de continuar discutiendo “temas claves” e “ideas de la Secretaría de Calidad en Salud para mejorar la implementación de la ley”. Y detallaron: “se convocará a miembros de la sociedad civil para consensuar ciertos puntos tratados el jueves 11 de abril de manera colaborativa”.

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Cómo es el Reprocann que quiere el Gobierno

El doctor Busso fue claro con la ONG del CCH en cuanto a las modificaciones que el Ministerio pretende hacer en el Reprocann, que según cifras públicas a diciembre de 2023 ya había autorizado a unas 160 mil personas a cultivar cannabis con fines medicinales.

Pero, de acuerdo a los argumentos del secretario de Calidad en Salud, que se mencionan en la minuta oficial de una reunión, mediante la cual el Gobierno decidió acabar con cuatro meses de silencio y oscurantismo sobre la actualidad del Programa, se desprende que las supuestas “irregularidades” no responden en su mayoría a un mal desempeño de la gestión anterior sino a cuestiones ideológicas.

En ese sentido, si bien Busso no se equivoca al afirmar que el sistema de evaluaciones de solicitudes del Reprocann se encuentra “colapsado” debido a la “alta demanda” y que “es urgente la aplicación de un sistema que permita una mayor fluidez en el funcionamiento del Programa, propone una solución que poco tiene que ver con “irregularidades”: “creemos que hay que limitar la inscripción a algunas patologías y eliminar otras que no tengan evidencia científica”.

En ese marco, añadió que “se está evaluando la implementación de filtros para priorizar el tratamiento de las patologías con mayor necesidad, relevancia o urgencia, para evitar que haya un exceso de aprobaciones por casos de ansiedad, bruxismo o fracturas, que requieren una autorización temporal y no de tres años”, entre otras patologías para las cuales, según el secretario, el Reprocann funciona como “un paraguas legal”, al no tratarse de enfermedades terminales o graves.

Busso informó que “en el caso de las ONG se contempla la posible implementación de nuevos requisitos y análisis complementarios para evaluación de su documentación y de sus sistemas de trabajo, y del impacto real que sus actividades tiene en los usuarios que reciben cannabis a través de estas asociaciones” y que no se descarta “solicitar antecedentes penales y certificados de buena conducta a las autoridades de estas organizaciones”.

En contraposición, las ONG del CCH remarcaron la importancia de que el Programa siga incluyendo a personas “con patologías crónicas o problemas de salud de índole social, como la ansiedad, el estrés y el insomnio, que afectan a una gran parte de la población”. Y remarcaron: “es esencial no dejar ninguna patología afuera ya que por un lado hay evidencias empíricas y testimoniales con seguimientos médicos de evoluciones de una amplia diversidad de síntomas y patologías con buenos resultados”.

A su vez, hicieron hincapié en la necesidad de que los profesionales de la salud tengan “formación gratuita en endocannabinología” y de que las investigaciones científicas continúen, pero sin olvidar el “irrefutable derecho de libre elección de terapia”.

La respuesta de la sociedad civil

Si bien la Ley 27.350 sancionada en 2017 significó un avance en materia legislativa, social y cultural, no careció de importantes reclamos populares. Porque el “no” al autocultivo representó que los usuarios medicinales de cannabis sigan siendo perseguidos por la Policía e, incluso, detenidos por largos períodos de tiempo.

En 2020, una nueva reglamentación de la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, incluyó la creación del Reprocann, un registro para todos los pacientes que acceden al tratamiento a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, “a partir de la indicación del profesional médico interviniente y responsable del tratamiento”.

De este modo, se permitió el cultivo de marihuana a pacientes, a sus representantes legales, a cultivadores solidarios y a ONG vinculadas a la temática, las cuales de acuerdo a la normativa están autorizadas a producir cannabis con fines medicinales y sin fines de lucro hasta 150 personas.

“Hemos trabajado en la clandestinidad y hemos trabajado para ser legales”, manifestó a este medio Valeria Salech, presidenta y fundadora de la asociación Mamá Cultiva Argentina, recordando aquellos días.

Ya con la mirada puesta en el día de hoy, Salech sostuvo: “siempre nos pusimos a disposición de cualquier gobierno para aportar soluciones y mejoras a todo tipo de implementación de políticas públicas tendientes a incorporar al cannabis en la vida de la gente, así que lejos de estar alarmadas por la situación actual estamos posicionadas como cualquier ciudadano que ejerce sus derechos de modo natural, en este caso el acceso a la salud y a elegir nuestros tratamientos, tal como lo garantiza nuestra soberanía”.

En cuanto a las declaraciones del vocero presidencial, Salech dijo: “Lo escuchamos, leímos lo que comentaron las compañeras que fueron a la reunión del Consejo Consultivo y entendemos que es un gobierno nuevo y todavía hay algunas cuestiones que evidentemente se prestan a confusión. Y estamos para colaborar”.

Con respecto al futuro del ReprocannValeria puntualizó que, si bien desde hace unos meses el sistema no está funcionando correctamente, no hay que olvidar que el Programa “sigue vigente”, aunque reconoció que también sigue funcionando “el protocoloco de las fuerzas de seguridad para actuar cuando se encuentra con personas inscriptas”. Y finalizó: “hay que seguir inscribiéndose, justamente para darle valor a la ley y para que se entienda lo necesaria que es”.

Por su parte, Mabel Canosa, madre de un niño usuario de cannabis medicinal y presidenta de Plantar y Crecer Libre, una de las ONG que conforman el CCH y que fue parte de la reunión con las autoridades nacionales, coincidió con Salech en que “no hay que tener miedo”, apoyándose en que existe “una ley que fue aprobada por todos, que no tuvo votos en contra”. A su vez destacó: “nos encontranos con personas dispuestas al diálogo ya que nos pidieron sugerencias y nuestro punto de vista respecto a evidencias científicas de distintas patologías”.

Canosa detalló que “hay demoras pero por el momento no se ha hecho un filtro de patologías. Siguen aceptándose solicitudes aunque de manera muy lenta; no es que están paradas las aprobaciones pero de las mil que ingresan por día sólo están revisando 40”. En cuanto a las personas que aguardan la renovación de su autorización, dijo que desde su organización piden “que por favor se agilicen, porque es gente que ya está consumiendo aceite, ya tiene su planta y, digamos, podrían estra en peligro, tanto a nivel salud como legal”.

Finalmente, Mabel expresó: “para evitar posibles irregularidades planteamos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la urgente necesidad de que los médicos empiecen a tomar cursos y diplomaturas sobre endocannabinología, y que sea el Estado el que se haga cargo de brindar estas capacitaciones”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Cultivo-de-cannabis-que-quiere-hacer-el-Gobierno-de-Milei-con-el-Reprocann

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