Por Juan Carlos Junio

Tras las brumas de los agudos debates políticos desarrollados como consecuencia del hecho más trascendente de los últimos días, que fue el tratamiento de la denominada ley Ómnibus y la ulterior derrota del oficialismo, se va desarrollando en la vida cotidiana de la sociedad una situación cada vez más crítica.
El hecho más impactante para el quehacer diario es el aumento irrefrenable de los precios de los productos de primera necesidad, comenzando por los alimentos, los medicamentos y los de higiene, que iniciaron su carrera desde el mismo día del triunfo electoral del presidente Javier Milei y la explicitación de su intención de eliminar todos los controles ya que, a su juicio, el mercado por sí mismo iba a ir equilibrando la conducta de los formadores de precios y de toda la cadena.
Lo cierto es que en poco tiempo los niveles de aumento se han transformado en confiscatorios para la vida ciudadana. Esto comprende el pan, las verduras y frutas, la carne, leche y pastas, generándose así una situación de caída abrupta del consumo de esos productos elementales para la vida, tanto de adultos como de niños. Otro punto angustiante es el de los alquileres, cuyo aumento sin control ha colocado a millones de inquilinos en una situación de zozobra, ya que a muchos de ellos les resulta imposible afrontar el costo mensual que se actualiza sobre la base de los índices inflacionarios.
Es inminente, además, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, gas, agua y energía, además de telecomunicaciones e internet, que ya vienen incrementándose mes a mes. Esta carga es decisiva para la economía familiar, pues se trata de prestaciones de las cuales no se puede prescindir.

Transporte y educación
A todo lo mencionado hay que sumar el tarifazo en el transporte público, que genera para millones de argentinos y argentinas una verdadera imposibilidad de trasladarse para concurrir al trabajo, a la escuela, a la universidad, etcétera. Y no se pueden dejar de señalar los sucesivos aumentos de la nafta que van generando la imposibilidad del uso de los vehículos. Cabe recordar que trasladarse, movilizarse, es un derecho que debería ser respetado como tal.
En los últimos días ha surgido otro gravísimo problema social y cultural: los recortes presupuestarios del Poder Ejecutivo a las provincias de las partidas nacionales destinadas al Fondo de Incentivo Docente. Todos los ministros y ministras de Educación provinciales, sin distinción de pertenencia partidaria, manifestaron su preocupación en una nota enviada al secretario nacional de Educación, Carlos Torrendell. Varios gobernadores han manifestado que sobre la base de enormes esfuerzos presupuestarios en otros rubros atenderán el primer mes con sus propios recursos. Sin embargo, anticipan que será imposible atender el servicio educativo a los cientos de miles de docentes y millones de estudiantes de todos los niveles. La situación es tan grave que enfrentamos la alternativa del no inicio de las clases como consecuencia de este punto crítico del denominado «ajuste doloroso».

Tras la derrota
En tanto, el escenario político muestra que, tras el fuerte impacto de la derrota gubernamental en el Congreso, se generó una crisis con sus propios aliados, los llamados «amigables y dialoguistas», lo cual mostró un aislamiento prematuro del Gobierno. De forma tal que hay una búsqueda –en parte impulsada por el establishment y los editorialistas que apoyan este proyecto como alternativa al kirchnerismo y al «populismo» de Unión por la Patria–, de construir una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, en pos de una mayor base de sustentación para sostener la «gobernabilidad» con vistas a llevar a cabo su plan de «estabilización», que no es otra cosa que el tradicional ajuste neoliberal inspirado en las ideas «thatcherianas».
Por su parte la oposición social, política y cultural que ha logrado sostener su unidad en el plano parlamentario, continúa con sus debates y la búsqueda de las diversas formas para enfrentar con eficacia el proyecto de la unión del mileísmo con el macrismo, y su propósito por rediseñar el conjunto de las relaciones económicas, sociales y culturales construidas a lo largo de todo el siglo XX y, fundamentalmente, en los últimos 40 años de democracia.

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