Con un colchonazo frente al Congreso, movimientos sociales junto a agrupaciones de inquilinos y de endeudados con créditos hipotecarios reclamaron contra el mega decreto presidencial que deroga la Ley de Alquileres y desregula los contratos entre propietarios e inquilinos. “Con el DNU podrían obligarnos a firmar contratos de alquiler por un mes y a cobrarnos en dólares”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Camas en la plaza y despliegue operativo del ministerio de Seguridad. Por Mario Hernández. Fotos: Alejandro Valko

El colchonazo fue convocado por la UTEP, Proyecto 7, Inquilinos Agrupados e Hipotecados Uva, con una invitación abierta a quienes quisieran acercarse a reclamar. Llevaron a la plaza camas. Además, organizaron una merienda para las personas en situación de calle.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a disponer un operativo de la Policía Federal en el lugar de la protesta. Un grupo de uniformados filmó a los manifestantes que se quejaban de no poder pagar el alquiler, y un dron de la misma fuerza sobrevoló la actividad. Si bien en la Plaza del Congreso no hubo ostentación de armas, a dos cuadras del lugar cuatro colectivos policiales se apostaron a la espera de instrucciones, acompañados de un camión hidrante.

“Simbólicamente, el colchón significa que hay un montón de gente que, por las medidas tomadas por el gobierno de Milei y la situación existente, sumada a la derogación de la Ley de Alquileres, en cualquier momento va a tener que dormir en la calle”, dijo en el colchonazo, Horacio Avila, de Proyecto 7.

“En el país ya venimos con una emergencia habitacional importante, grave, hay pocas viviendas en alquiler y por montos exorbitantes, impagables. Hay mucha gente que ya está alquilando y que en enero y febrero tiene que enfrentar la renovación de sus contratos. Están en peligro de quedar en la calle por no poder alquilar, por no poder renovar o por los costos altísimos que está implicando hoy ser inquilino. Ni hablar de los alquileres informales, de lo relacionado con los hoteles, las pensiones, donde si un día no pagaste te dejan afuera, te ponen un candado en la puerta y ya no podés volver a entrar», agregó.

La desregulación de los alquileres afecta a entre 9 y 10 millones de personas, según las estimaciones de las organizaciones de inquilinos.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, apuntó que el DNU “va a ser un desastre para quienes alquilan, porque establece que los alquileres se pueden cobrar en cualquier moneda, habilita que ya no exista un plazo mínimo legal para los contratos de alquiler, con lo que se podrán firmar contratos por 15 días, un mes o dos meses y porque las actualizaciones pueden pasar a estar atadas a cualquier índice, público o privado”.

También en los barrios populares esperan las consecuencias de la desregulación. “Muchas compañeras y compañeros van a tener que volver a vivir con sus padres, y en nuestros barrios eso significa un mayor hacinamiento”, señaló Norma Morales, de Barrios de Pie.

Paola Gutiérrez, de hipotecados con créditos UVA, recordó que hay 105.000 familias que no pudieron pagar los créditos tomados durante el gobierno de Mauricio Macri “y a los que el actual presidente va a darles la espalda porque, a su criterio, lo que hicimos fue un convenio entre privados”.

En la última semana, como reacción a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego por el protocolo contra la protesta y el DNU, las organizaciones sociales vienen activándose para recuperar la gimnasia del reclamo callejero. Las protestas arrancaron con la marcha a la Plaza de Mayo (el miércoles 20 de diciembre, realizada por partidos y movimientos sociales de la izquierda y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia); siguió un Alimentazo Navideño frente al Congreso el jueves de cooperativas de la UTEP y una jornada de ollas populares en las plazas realizada el viernes.

El miércoles fue el turno de la marcha convocada por la CGT, a la que se sumaron las dos CTA y todos los movimientos sociales, tanto de la UTEP como de la Izquierda. 

 Indefensos y al borde del abismo

Son miles y miles. Son personas que deben renovar el alquiler en el corto o mediano plazo. Y con el DNU del presidente Javier Milei quedaron en el desamparo total. En los hechos la Ley de Alquileres ya no se aplica. El “acuerdo entre partes” tiene una sola de ellas en condiciones de poder: cada propietario o inmobiliaria ya impone sus propias reglas y condiciones. Para un departamento de tres ambientes ya se está pidiendo un valor de 500.000 pesos mensuales. Y hay propuestas de contratar por dos meses “y después charlamos”.

Natalia Soraire vive en Salta, es referente de la Asociación de Inquilinos de esa provincia. Tiene una hija en la escuela primaria y un trabajo informal. Cuando perdió su empleo formal, en pandemia, ya no pudo volver a alquilar: “Me desalojaron y tuve que vivir un tiempo en la calle, con mi hija, hasta que fuimos a una toma de terrenos, donde éramos 1.800 personas. Queríamos tener un techo y ahí empecé a militar la Ley de alquileres y la Defensoría de Inquilinos que pusimos en marcha. Pero ya no pude alquilar un lugar en condiciones, en regla y legal”.

Natalia vive en una habitación, con terraza, sin gas natural. “La dueña no se hace cargo de nada”, reclama. “Me han subido el alquiler de 7.500 a 35.000 pesos. Ahora piden 180.000, quieren que nos vayamos. Ya han desalojado a otros inquilinos y las personas tienen miedo por lo que quieren cobrar, tienen hijos y saben que los quieren desalojar”.

Unas 30 personas por día atiende Natalia en la Defensoría. Como Salta es una zona turística, corren alquileres en dólares, y las mineras tienen prioridad entre los contratos formales. Pero la desesperación y la consulta permanente a las agrupaciones de inquilinos se da en todo el país.

Desde Córdoba, el abogado Maximiliano Vittar, referente de la Agrupación Nacional de Inquilinos define al DNU como una medida de gravedad “porque obliga al inquilino a negociar en una condición de aparente igualdad”. Y lo empuja “directo a la calle, víctima de la voracidad del mercado inmobiliario” que le otorga todo el poder a quienes ya lo tienen: los propietarios y las inmobiliarias.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostiene: “Esto va a ser una masacre”. Renovar será una excentricidad a partir del DNU que entró en vigencia el 28 de diciembre. Se precariza la situación habitacional y queda indefensa la gran patria de inquilinos: unos 9 o 10 millones de personas. El mercado de alquileres en la Argentina se hunde a partir de esto en arenas movedizas, nada más lejos de la proclamada estabilidad”.

La desregulación del DNU transforma en “un acuerdo de partes” todo el trato: desde el plazo de vigencia a la moneda: pesos, dólares, reales, bitcoins. Incluso trocar por carnes o vinos, han propuesto con ironía. Y los inquilinos saben que, con estas condiciones, el mercado habitacional entra en crisis.

Los inquilinos que tienen que recontratar en el corto plazo definen soluciones que angustian más de lo que remedian: piensan volver con sus padres o juntarse dos familias y compartir. “Pero lo difícil que es, te la regalo, más con chicos”, dice Marta, una enfermera profesional jubilada “con la mínima”, que hace tres años vive sola en Córdoba capital. Marta pensó en tramitar su ingreso a un geriátrico “aunque soy totalmente auto válida y tengo apenas 68 años, pero no puedo pagar el alquiler”, explica.

Los montos son tan altos que la mayoría de las personas que alquilan hoy deben tomar decisiones de todo o nada por un alquiler, explica la abogada Tamara Lescano. Porque el análisis del DNU plantea que toda la defensa está sobre los propietarios y las inmobiliarias. Nada protege a inquilino, señala.

Las agrupaciones de inquilinos

Ir a los locales de las agrupaciones “ayuda a contextualizar y te asesoran”, aporta Inti. Se refiere a Inquilinos Agrupados o la Asociación de Inquilinos, donde los pequeños propietarios son amigos. “No son los conglomerados que te sacan todo y dejan al pequeño propietario sin posibilidades. Ver opciones, hablar, pensar estrategias, te hace sentir menos sola. Son muy tremendas las inmobiliarias, viven especulando”, agrega Inti.

“Ahora hay beneficios para las empresas constructoras que con 20 pesos hacen un edificio y le sacan 100 cuando lo venden, como negocio es bárbaro, para la gente común no”, razona Marta. “Vamos a quedar en la calle millones de personas”, insiste. Y avanza: “¡Esto tendrían que considerarlo!”

¿Quién puede pagar un alquiler de 350.000 pesos cuando un sueldo promedio en comercio está en 200.000 o 250.000?” pregunta Marta. Hay dos actores con intereses opuestos, y el que tiene la necesidad es el más débil. El Estado debe protegerlo porque “en el acuerdo de partes el propietario pone sus reglas y si al inquilino no le gusta que busque otra casa”. Su contrato finaliza en mayo. Entró pagando 10.500 pesos. “Soy jubilada y podía pagar el alquiler la luz, el gas y las expensas. Me alcanzaba para vivir”, recuerda.

Hoy Marta paga $ 45.000. “Si me lo triplican me paso de la jubilación. ¡Y no hay plan de vivienda para jubilados! No existimos”, lamenta. “Pienso en la cantidad de gente que va a ir a la calle”. En los aumentos sin regulación, la suba “es un abuso, no un acuerdo de partes”. “¿Qué están proponiendo para nuestra sociedad?”, pregunta, sin esperar respuesta.

Frenar el DNU

“Hoy si tenés un problema vas a la justicia. Ahora la justicia no puede entrometerse en lo que acuerden las partes, y esto vulnera el sistema republicano”, agrega la abogada Tamara Lescano.

“Va a generar una crisis habitacional y social sin precedentes porque es desregulación total y absoluta. La gente está desesperada, se te vence el contrato y puede ser que te pidan dólares, que te digan que van a aumentar todos los meses según la variación de la nafta y no tenés garantía de cuánto tiempo lo van a mantener porque lo pueden rescindir cuando quieran”.

“Esto genera violencia y preocupación. Si no podemos pagar el alquiler ¿dónde vamos a vivir? Algunos van a dejar de pagar: si tenés tres hijos y te aumentan al triple y en dólares, vos podés decidir dejar de pagar en lugar de vivir bajo un puente. Va a empezar a ser frecuente la cesación de pagos y el juicio de desalojo, una crisis habitacional, social y política muy grave”.

Sobre la población de inquilinos, Lescano añade: “La mayoría de las consultas son mujeres, personas mayores que viven de la jubilación. Esta crisis que terminará de derrumbar la poca estabilidad que teníamos barre con nuestros derechos y con la posibilidad de reclamar, por eso este DNU no puede pasar, porque va contra de pueblo trabajador”.

Para esta abogada, frenar este DNU “define la calidad de vida que podamos llevar de acá en adelante, porque nos va a afectar a todos y a todas”. Lescano vive en pareja. “Pagamos el alquiler y vence a mitad del año. Estoy asustada y preocupada como el resto de los inquilinos de este país, y no me lo contaron, es muy angustiante no saber dónde vas a vivir”.

Fuentes: Página/12, Resumen Latinoamericano

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