El Presidente planteó un “Nunca Más de una Justicia contaminada”. Funcionarios judiciales le toman la palabra.
Por Fernando Latrille – Funcionarios del poder judicial analizan el Nunca Más del Presidente y proponen avances para la descontaminación del poder judicial.
Para la Fiscal Nacional de Instrucción Mónica Cuñarro es favorable que el Presidente haya puesto la lupa en el tema “en un contexto nacional y regional donde la relación de las fuerzas policiales es de la década del 70 y no existen reformas estructurales de justicia en tiempos de lawfare”, y remarca la gravedad de “un servicio de inteligencia totalmente tercerizado como lo demuestra la causa de Dolores, sumado al informe lapidario de Naciones Unidas sobre la persecución a los jueces. Es algo que todos aquellos que hemos tenido más de 30 años en la justicia esperamos y aspiramos a que se devele”.
Para la Fiscal en lo criminal nacional, especializada en administración de justicia en la Universidad de Buenos Aires y especialista en delitos complejos y narcotráfico, “se debería volver a la lógica de la democracia de 1983 y no la que arrancó en los ’90 que fue una lógica judicial neoliberal y de parches”. Señala que no sería nada nuevo sino “lo que ya Maier y Cafferata pensaron con Raúl Alfonsín o Arslanian con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires.
El Fiscal General titular de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario Adolfo Villate está de acuerdo con la propuesta del Presidente. “Se ha causado un daño enorme con la confluencia de los servicios de inteligencia y la realización de operaciones judiciales para producir linchamientos mediáticos través del sistema de justicia. Es un daño enorme porque una vez que le soltaste el hilo al barrilete es muy difícil recogerlo”, grafica. Villate hace mención a la práctica de Forum Shopping (para designar fiscal o juez en un caso en que el poder político tenga interés) donde la multiplicación de causas permitió tener siempre acceso a algún expediente donde poder seguir teniendo control sobre determinados hechos de funcionarios públicos. “Aunque una causa cayera en un fiscal o juez que no eran partícipes de este tipo de maniobras siempre otra caía o cae en fiscales o jueces proclives a realizar este tipo de operaciones alimentado por los servicios de inteligencia”, señala.
“La participación de los servicios de inteligencia-señala Adolfo Villate- se nutre de la existencia de gastos reservados. Su eliminación obviamente va a repercutir fuertemente en este camino de acotar este tipo de operaciones”. Para quien trabaja en el poder judicial hace 30 años es importante que jueces y fiscales tengan una agenda de formación propia porque sostiene que vio en los últimos años una gran oferta de formación principalmente en Estados Unidos que tal vez haya sido tributaria de la construcción de este tipo de lógica. Compara que “así como en algún momento existió la formación de la Escuela de las Américas- que sabemos cuál fue el resultado que tuvo en la formación de militares argentinos en lo que era la lucha contrainsurgente-, creo que también la misma lógica pudo haber tenido esta política que llevó adelante Estados Unidos de formación de cuadros judiciales”.
Analiza la importancia de la eliminación promiscua del poder judicial con las agencias de inteligencia. “Hay que clausurar la posibilidad de que jueces y fiscales acudan a los servicios para requerir tarea criminal cuando hay un área específica -conforme a la Ley de Inteligencia- que es la encargada de realizar este tipo de tareas que son las que aportan a causas en la que se investigan la comisión de delitos. Hay que retomar este camino y volver a que sea únicamente la Dirección de Inteligencia Criminal la que cumpla esa función”, destaca Villate.
Otro de los puntos importantes que señala quien se desempeñó casi un año al frente de la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) es “lograr una independencia del Ministerio Público Fiscal en la medida que se vaya implementando el Código Procesal Penal Federal porque van a pasar a ser los fiscales los que investiguen. Y en las provincias donde no se haya puesto en funcionamiento el Código pueda llevarse adelante la investigación con recursos propios del Ministerio”, indica y explica el por qué la investigación que llevan adelante siempre termina recayendo en alguna fuerza de seguridad. “Sea en fuerzas federales o provinciales en el caso de fiscales o jueces ubicados en las provincias hay un dominio del Poder Ejecutivo sobre aquello que se va averiguando, investigando. Y eso implica una falta de independencia”.Una posible solución sería que los gabinetes periciales con que cuentan todas las fuerzas pasen a formar parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación “para que los fiscales encomendemos las investigaciones a organismos propios que sabemos que no van a filtrar información”.
Villate ve con preocupación el gobierno de los jueces, las decisiones que toman magistrados en materia política. Pone como ejemplo el dólar futuro, “causa que se le armó a Cristina por tomar decisiones en materia económica que tienen que ver con el desarrollo de una determinada política, esto no puede ser objeto de una revisión judicial porque implica trabar el funcionamiento del Estado”, dice.
Para Villate la reforma debe ser implementada cuanto antes, sin permitir que el partido judicial que ya está escandalizado por el discurso de Alberto se abroquele y busque impedirla. “Hay que retrotraer en todo lo posible el poder que han ganado los jueces”, dice y para ello propone: “Un control para que no exista reiteración de causas; la eliminación de los gastos reservados (ya anunciada por el Presidente); la prohibición de que los jueces tengan vínculos directos con los servicios de inteligencia oficiales; que la investigación en materia de inteligencia criminal la haga el organismo que está establecido por la Ley de Inteligencia; que exista una formación de funcionarios judiciales nacional”.
Walter Rodríguez hace 29 años que trabaja en el poder judicial. Es Fiscal Federal en Santa Fe. “El discurso del Presidente de la Nación en la legislatura tuvo su correlato con palabras similares pronunciadas por el gobernador Omar Perotti acerca de la necesidad cortar los lazos del Estado con el delito y esencialmente interpreto que se ha referido en parte a la necesidad de actuar con mucha energía contra los vínculos que tiene la policía con el delito”, indica. Rodríguez sostiene que es frecuente ver a policías cometer delitos, y se utiliza como paliativo su traslado. Decisión que toman las autoridades administrativas. Destaca como acertado el anuncio del Ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín que propuso “herramientas necesarias para que se contemple el bienestar laboral de los policías tan descuidados y al mismo tiempo lo que era la anterior unidad de Asuntos Internos dotarla de una categoría superior para que esa dependencia se convierta en una policía de la propia policía”.
“Al momento de elegirse un candidato a procurador que reemplace al actual interino se debe considerar su trayectoria, su perfil académico, pero también deben analizarse las condiciones que expusieron tanto el Presidente como el Gobernador de Santa Fe, en la necesidad que un funcionario que ocupa un lugar tan importante tenga una visión compatible con el resguardo de los derechos humanos”, señala Rodríguez, que fue docente por 10 años en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Derecho Procesal Penal. Cree necesario que quien ocupe el cargo de Procurador General de la Nación tenga “la imperiosa misión de democratizar a las policías para que de una vez por todas no sigan ejerciendo el rol de administradores y reguladores del delito”.
Para Rodríguez el sistema de justicia está contaminado por los vínculos promiscuos que muchos de los operadores judiciales han generado con las policías que actúan como auxiliares en las investigaciones. “Éste es uno de los puntos más trascendentes en mi labor como fiscal porque nos prestan los policías para trabajar como auxiliares nuestros a consecuencia de que los poderes políticos nunca terminan por concedernos cuerpos de investigaciones propias para que nosotros despleguemos nuestras actividades de una manera independiente a cualquier organismo que dependa de un poder Ejecutivo”.
Juan Patricio Murray es Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación y expresa que “el nunca más anunciado por el Presidente respecto a las relaciones espurias de la Agencia Federal de Inteligencia con el sistema de Justicia y sobre todo con la justicia federal, debe ser un nunca más total y más amplio”. Desde su óptica debe completarse “con la desarticulación de las injerencias de la ‘Drug Enforcement Administración’, más conocida como DEA sobre la PROCUNAR. La Agencia del Gobierno Norteamericano sobre control de drogas en los hechos se ha convertido en una Agencia Internacional regulatoria del tráfico de estupefacientes y su comercio a gran escala en el planeta tierra”.
Para quien también cumple con la función de Auxiliar Fiscal en la Unidad de Derechos Humanos de Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “conforme a la Constitución Nacional las relaciones con las potencias extranjeras y sus agencias, solo pueden ser llevadas adelante por el gobierno federal por intermedio del Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, resulta totalmente inadmisible que el Ministerio Público Fiscal encare dicho relacionamiento por fuera de la política que al respecto fije el Poder Ejecutivo”.
Remarca que las recientes designaciones en las áreas de seguridad y de justicia en lsa provincias de Buenos Aires y en Santa Fe “indican la necesaria coordinación e idioma común que debe primar sobre este aspecto. Es que existen dos modelos perfectamente contrapuestos y sobre los cuales aún no ha habido definiciones concretas más allá de los títulos genéricos en el discurso del Presidente ante la asamblea legislativa”, sostiene Murray, que también analiza el mensaje del Gobernador bonaerense como carente de contenido sobre políticas de seguridad y justicia y lo compara con el del gobernador de Santa Fe Omar Perotti que “realizó un detalle minucioso de lo que será su gestión en la materia. A nadie se le escapa que con Marcelo Saín frente al Ministerio de Seguridad y Esteban Borgonovo en Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Santa Fé gozará de un plus diferencial que no se ve en otros estados provinciales”.
Para quien fuera fiscal subrogante en San Nicolás y Rosario en 2004 y 2013, la interacción en el tema entre el Estado santafecino y bonaerense no resulta un dato menor. “Dos principales provincias con un límite territorial amplio tanto terrestre como fluvial. Divididas por el Arroyo del Medio y surcadas por el río Paraná y por rutas nacionales que se dirigen a los puertos. Por ese posicionamiento geoestratégico ambas se encuentran en el radar de la DEA. De allí la importancia acerca de quiénes sean en un futuro inmediato los actores del Ministerio Público Fiscal”. Juan Patricio Murray insiste en que es necesario “poner allí la luz de alerta acerca de quienes ocuparan las titularidades de la PROCUNAR a nivel nacional, la Fiscalía General de Distrito en el ámbito Federal en Santa Fe y la Fiscalía General del Departamento Judicial San Nicolás de la provincia de Buenos Aires”, concluye.