La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad aseveró que el aumento de tarifas que se disponga para las distribuidoras Edenor y Edesur “no puede superar la inflación”, y entendió que el margen de subsidios que se pueda sumar se definirá en función de las variables macroeconómicas y el Presupuesto nacional.

En el mismo sentido, Manin adelantó que “durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos” que permitan avanzar en un nuevo esquema de tarifa social segmentada y focalizada a aquellas personas y familias que no puedan hacer frente al costo de la energía.

La interventora del organismo de control del sector eléctrico explicó en una entrevista con Télam que tras el análisis tarifario de la audiencia pública de la semana próxima “evidentemente va a haber un margen que va a tener que ser cubierto por subsidios y eso tiene que ver con variables macroeconómicas, del presupuesto y decisiones del Ministerio de Economía”.

“Pero sin dudas el aumento no puede superar la inflación, sino vamos contra la economía de la gente y metiendo la mano en el bolsillo cuando queremos que se reactive”, aseveró, en línea con lo que viene sosteniendo el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.

En la actualidad, el precio de la energía a nivel país en promedio está subsidiado en un 52%, por lo que los usuarios pagan el 48% del costo de generación, y a ese componente de la factura que reciben todos los usuarios hay que adicionarle los costos de transporte y distribución.

Para distribución, actualmente el servicio no está subsidiado como tal en el caso de las dos empresas bajo órbita federal que son las dos distribuidoras del AMBA, pero si se toma la “deuda Cammesa” en que incurrieron las empresas como “subsidio de distribución” en 2020, el aporte del fisco cubrió un 37% del VAD de Edenor y 55% de Edesur.

Manin también se refirió a que los entes de control y la Secretaría de Energía tienen como objetivo cambios en la implementación de la tarifa social.

“Es un objetivo planteado con la famosa segmentación: salir de un esquema de tarifa social que es darle un subsidios mayor a quienes cumplen cierto requisitos y que consiste en bonificar determinada cantidad de Kw por usuario, y pasar a un esquema en que las personas que no pueden pagar el costo pleno de la energía recibirán un subsidio y quienes puedan pagarían con una incidencia menor”, explicó la interventora.

Pero la puesta a punta del nuevo esquema “es complejo porque requiere un análisis total de los ingresos de cada una de las personas, cotejar varias bases de datos, si tienen diferentes elementos a considerar como ingresos, propiedades, nivel de gasto y que es algo dinámico”.

“Mantener esa base de datos actualizada con usuarios entrando y saliendo de segmentos es muy complejo y además si bien hay mucha información que tiene el propio Estado, hay una dificultad para el traspaso entre los distintos organismos que impone la propia normativa que protege la información”, aclaró.

Para desarrollar el trabajo, Manin adelantó que “durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos, de cómo plantear el esquema y se irá avanzando para avanzar en una cuestión de equidad, por ahí tanto no de impacto fiscal”.

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