La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la intervención de la empresa Correo Argentino S.A., entidad residual de la familia Macri por obstaculizar el accionar judicial y brindar información falaz sobre sus cuentas. Se sospecha un vaciamiento de la empresa concursada en detrimento de sus acreedores.

La empresa de los Macri impide el acceso judicial a sus estados contables y solo entrega datos parciales y contradictorios sobre su relación con Socma (Sociedades Macri) y Sideco Americana, otra compañía de la familia.

A partir de esta decisión de la jueza, Correo Argentino S.A. será coadministrada por lo menos durante los próximos 30 días para acceder a la documentación que se viene ocultando y evitar «la posibilidad de interferir en la administración de la concursada cuando omita informaciones, o cuando realice algún acto en perjuicio evidente de los acreedores».

Entre las irregularidades que consigna Cirulli, se encuentra la creación aparentemente ficticia de deudas del Correo Argentino con Sideco Americana, las que antes no figuraban y que ahora ascienden a un monto de U$S 1.144.260 dólares: «la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo(integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones; y por otros “gastos legales”  anunciados genéricamente sin concreción aritmética), implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este Tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados, pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocataria respecto al engrosamiento actual de  su deuda postconcursal; y, naturalmente, arroja un manto de duda sobre la sinceridad de lo expresado ahora sobre su real endeudamiento». La jueza continúa explicando: «Nótese que solamente la prestación de los varios servicios brindados por Sideco Americana SA -presumiblemente recibidos como una “gracia” en favor de la deudora y sus acreedores, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora-, hoy vendría a representar un endeudamiento deU$S 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastoslegales” conceptualmente anunciados y no justificados».

Ya la fiscal Boquín había denunciado que Correo Argentino había fraguado pagos a Socma y Sideco, además de contratar innecesariamente a consultoras y estudios de abogados ligados a funcionarios macristas. Distintas formas de vaciar la empresa concursada y quedarse con su capital.

Casi en simultáneo, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, consideró «de gravedad institucional» el caso del concurso del Correo, y lo derivó a la Corte Suprema de Justicia, ya que «lo decidido podría comprometer las instituciones básicas de la Nación y su patrimonio» y «habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido». Se espera que la Corte trate el caso recién luego de las elecciones.

Todas estas irregularidades se suman al intento desde el Gobierno de eludir el pago de la cuantiosa deuda de por lo menos $4000 millones que la empresa de los Macri mantiene con el Estado por el canon que nunca abonó.

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