Por Ricardo Tejerina

La falta de acciones y servicios del Estado municipal ha hecho que en Tres de Febrero se multiplicaran los sistemas de alarmas comunitarias, el alumbrado callejero suplementario, los chats de vecinos en alerta, los carros que trasladan restos de obra, poda y desechos, las desinfecciones y las fumigaciones particulares, y las ollas y las viandas populares.

 

Pros y contras de las sociedades autogestionadas.

Ya forma parte del paisaje habitual y cotidiano en nuestro municipio, la intervención de particulares (ya sean agrupaciones político-sociales o individuos) en al menos cuatro campos en los que es el Estado quien debe actuar: la seguridad, la higiene urbana, la salud pública y la acción social. Frecuentemente, vemos imágenes de sanitizaciones domésticas llevadas acabo de modo particular en calles y otros lugares del espacio público, del mismo modo que fumigaciones con vehículos aptos, pero contratados mayormente por espacios o referentes políticos locales. En paralelo, la instalación de alarmas callejeras, garitas de vigilancia, suplementos lumínicos del alumbrado público y los chats de alertas domiciliarias, no hacen más que demostrar la desprotección que siente la comunidad y la ausencia de respuestas eficientes por parte del Estado municipal (y del provincial en la parte que le compete) que sabiendo de la condición paralela a sus funciones de algunos o de todos esos temperamentos, los avala permisivamente para de tal modo mitigar su propio déficit a nivel de prevención o represión del delito desde la Secretaría de Seguridad local y el COM.

La carencia de la asistencia pública habilitó de hecho a todas estas modalidades que en esencia son respuestas solidarias y último recurso, pero que ponen sobre el tapete el debate de si es la sociedad la
que debe actuar por mano propia ingresando en territorios donde es el Estado el que tiene o debería tener el monopolio de ejercicio. Si bien no caben dudas acerca de la actual necesariedad de muchas de estas acciones comunitarias, el observador neutral rápidamente notará que las mismas, todas ellas, carecen de supervisión gubernamental y se ejecutan dentro de un marco de espontaneidad como hecho consumado. Yo me pregunto si es la misma sociedad la que debe efectuar una bajada de luz, reparar un juego de plaza, tapar un bache o quemar y trasladar basurales, o en realidad debe alertar y reclamar realizaciones correctas, seguras y en tiempo perentorio por parte del Estado. La diferencia entre esas
acciones contrapuestas es clara y evidente. La autogestión de servicios no es igual a la justicia por mano propia, es cierto, y ante la ausencia del Estado son los propios vecinos los que se ven obligados a accionar por sí mismos, pero su propagación indiscriminada y su crecimiento exponencial, hace que entre ella y la aparición de “sheriffs territoriales” medie cada vez menos distancia. Si asumimos que el Estado no brinda determinados servicios o lo hace deficientemente, está visto que puede ser parcial y comunitariamente suplantado, pero, si se tratase del servicio de justicia que es una deuda acumulada por lustros, ¿hasta dónde llegaríamos?

El Estado municipal debe corregir rápidamente y levantar la vara de su desempeño, y así tender a que estas manifestaciones autogestivas sean, al menos, la excepción y no la regla, más allá de que hoy estén habitualizadas por su propia rémora, indiferencia y ausencia de gestión en sectores críticos que demandan respuestas urgentes y contundentes de su parte.

*El autor es escritor, gestor cultural por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y ex
Subsecretario de Cultura municipal.

 

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